La bola negra
<em>«Hay muchas formas de matar»</em>
Bertolt Brecht
La muerte de Olga, vecina desahuciada de Hospitalet de Llobregat que se suicidó el 7 de septiembre, me ha llevado de golpe, de cabeza y de llantos a noviembre del 2010. Casi automáticamente, como un resorte repentino de la memoria. El 11 de noviembre de aquel año, Miguel se suicidaba, también en Hospitalet, poco antes de ser desahuciado. Tan lejos y tan cerca, entre las casas donde vivían Olga y Miguel hay solo un kilómetro y poco, quince minutos a pie y 15 años y 10 meses de distancia. Unan la línea de puntos, porque en medio hay miles de familias desahuciadas –400.000 en los Países Catalanes–. Ni que sea descriptivamente, geolocalizados políticamente, habrá que añadir que en noviembre del 2010 a Cataluña la gobernaba un tripartito formal de izquierdas. Hoy, un tripartito informal. En medio ha pasado de todo y ha pasado todo el mundo, aquí –Mas, Puigdemont, Torra, Aragonès, Illa– y allí –de Rajoy a Sánchez–. Lo digo porque entre ambas muertes, aquello que no ha variado ni un ápice es el inmovilismo en materia de vivienda, gobernara quien gobernara y con los matices pertinentes. Pero todo da miedo y nos deja agujereados, cuando el tiempo nunca pasa en vano. El año 2010 el parque de vivienda social protegida en Cataluña no llegaba al 2%, muy por debajo de la media europea del 15%. El año 2026 todavía estamos ahí: 1,7%. A la cola de la UE y en el podio de los desahucios diarios. 15 añitos y aquí no ha pasado nada. O sí. Alquilen sillas: de aquí al 2040, solo en la demarcación de Barcelona se perderán 50.000 pisos de vivienda protegida. Y eso explica tantas cosas; demasiadas cosas, quizá; o tal vez todas a la vez.Ahora bien, de las cosas que sí que han mutado –y a peor– me temo que la más salvaje es evidenciar cómo ha crecido exponencialmente la legitimación de la crueldad, la apología del sadismo social, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno y la aporofobia que tanto criminaliza la pobreza. Un crecimiento que también toma forma demoscópica y electoral, con el auge de las extremas derechas que condensan toda su valentía en la manifiesta cobardía de culpar siempre de todo a los más jodidos. Balas blancas para las bolas negras. Hay quien incluso –sin conocer ningún detalle del caso, como si estuviera en la barra de un bar– ha querido opinar gratuitamente sobre la muerte de Olga pretendiendo desvincular el desahucio del suicidio y calificando el vínculo informativo de "irresponsabilidad periodística". Me ahorro profundizar en las elevadas dosis de insensibilidad ruin, pero hacía tiempo que no veía a alguien tan desinformado hablando de desinformación e informándonos tan puntualmente de su brutal desinformación. Quien lo ha dicho vicepreside una recién nacida y singular Federación de Vecinos presidida por el hotelero Joan Gaspart. Todo ello enlaza con uno de los datos más sintomáticos del último CEO, donde se cruzan respuesta y orientación de voto cuando se pregunta "si casi siempre se puede confiar en la gente". Un 41% lo defienden. Quienes más defienden que no son los votantes de Vox, PP y AC y, ante todos los callejones sin salida y dificultades, creen que esto es una guerra civil de todos contra todos. En la otra orilla están los que saben que, ante todas las dificultades y los mismos callejones sin salida, no hay nada más que la posibilidad democrática de la vida en común.
Tan lejos, tan cerca y tantos olvidos como olvidados, muchas cosas han cambiado y algunas permanecen impertérritas. El piso de Miguel era una vivienda pública vacía propiedad de la empresa pública Adigsa. Poco antes de ahorcarse en un parque de la Gornal, había pedido ayuda a unos servicios sociales colapsados, rogando que aplazaran un mes el desahucio. En el caso de Olga, la echaron de la casa de Santa Eulàlia donde vivía de alquiler desde hacía 20 años. La desahuciaron el pasado abril, en una operación impulsada por el fondo buitre Cerberus. El caso de Olga es también conmovedor porque compareció en el Parlamento –le fueron concedidos dos minutos– donde en ciento veinte segundos hoy irrespirables lo decía todo. Pero el goteo de la crónica negra del negocio inmobiliario no son solo Miguel de 2010 y Olga de 2026. En junio de 2025 un hombre de 73 años se lanzó al vacío desde una azotea del Raval después de ser desahuciado. El 1 de julio de 2024 dos hermanas se suicidaban en Sant Andreu por no poder asumir una deuda de 9.000 euros. Solo una semana antes, en Sabadell, Àlex, de 70 años, se lanzaba desde lo alto de una colina después de ser expulsado de la casa donde había vivido 30 años. Este país tiene pendiente hace demasiado tiempo una comisión de la verdad: un informe de la evaluación del sufrimiento y las víctimas de la violencia inmobiliaria.El caso de Maricarmen –de tantas como ella– que ha tomado vuelo repentino llenando plazas y calles recuerda, de propina, una realidad evidente. Quienes la atacan bajo el argumento de que es funcionaria jubilada y que quiere vivir en el Retiro olvidan la mayor. Que el desplazamiento del tsunami inmobiliario empezó por los más débiles pero atrapará a todos si no se le detiene, porque todo lo descuartiza –país, barrios, bloques, pisos o habitaciones. La memoria también desplaza, disloca y ubica. Hace 17 años nos dijeron que urgía el rescate bancario, iniciado por un José Luis Rodríguez Zapatero que entonces ya recibía regalos de la democrática tiranía saudí. El engaño nos dejó un agujero de más de 50.000 millones de euros públicos. Una vez rescatada, la banca española ha acumulado, desde entonces hasta hoy, 285.716 millones de euros en beneficios netos. ¿De verdad que no hay en la sala ningún socialdemócrata de mínimos, o un democristiano sensato, para decirles que nos devuelvan lo prestado? Que nos lo devuelvan, por supuesto, con intereses de demora como siempre hacen ellos. ¿Ninguno? ¿Ninguno en absoluto? Supongo que cuando lo necesario es imposible es cuando más hace falta cambiar urgentemente las reglas del juego, contra la ley del embudo que nos atenaza. Porque mientras esto no pase, las bolas negras sistémicas serán los de siempre –ayer, hoy, mañana. Dicen que este martes –ocho años después de que el actual gobierno español tomara el poder– quizá se presenta un decreto ley urgente a una urgencia que dura desde 2009. Y es de aquí de donde llora la criatura: que han tenido ocho años para hacerlo y ya podían haberlo hecho exactamente hace ocho años. Entre tanto, quien tampoco se ha movido de sitio en estos quince años –nosotros, sí– son las plazas. Pero allí continúan. Se ha convocado concentración en Hospitalet el sábado a las 7 de la tarde. En recuerdo de Olga –madre, amiga, vecina, compañera. Ni una muerte más, ni una vida menos. Tan sencillo. Tan complicado por lo que se ve. 15 años y 10 meses lo desnudan.