Bolaños, los jueces y la ley de amnistía
MadridLa concentración de poder –y de responsabilidad– en manos del nuevo hombre fuerte del gobierno, Félix Bolaños, ahora ministro de Presidencia y Justicia, hace más explícito lo que ya estaba sucediendo en la pasada legislatura. En las mismas manos han estado las decisiones y la ejecución de todas las iniciativas que han tenido que ver con el ámbito judicial. Y siempre haciendo frente a las situaciones conflictivas que se iban planteando, y a la preparación del futuro. Obviamente, no es que Pedro Sánchez y el PSOE tuvieran la seguridad de que su pervivencia a la Moncloa dependía de un esquema de pactos concretos, pero si miramos los pasos que se dieron, queda claro que se hizo un esfuerzo que iba más allá de conseguir los acuerdos necesarios para aprobar determinadas leyes. Lo que se hizo fue marcar una línea de actuación que permitiera tomar más adelante decisiones tan arriesgadas como conviniera. Sin duda, la de la ley de amnistía es la más peligrosa que ha tomado Sánchez, y ya veremos cómo termina. Como se ha visto, en el mundo judicial predomina una visión muy crítica sobre los acuerdos entre el PSOE y los partidos independentistas, en especial por las alusiones al fenómeno del lawfare o judicialización de la política. Sin embargo, es significativo que la asociación Jueces para la Democracia, la izquierda judicial, se haya apartado de las concentraciones de protesta de los jueces.
Se está diciendo con razón que sin las actuales circunstancias de necesidad de los votos procedentes de los partidos independentistas el PSOE no habría emprendido ahora el camino de la ley de amnistía. Pero es igualmente cierto que sin la labor que se ha realizado desde la Moncloa para mantener puentes, sobre todo con ERC, las cosas habrían sido mucho más difíciles. Recuerden quién se desplazó a Barcelona cuando estalló la crisis del caso Pegasus, las escuchas telefónicas a los dirigentes independentistas y sus círculos. Fue Bolaños. Y aunque este conflicto ni mucho menos está cerrado –veremos qué puede salir de la comisión de investigación parlamentaria–, si fue posible pasar temporalmente página con el cese de la entonces directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI ) es porque desde el ministerio de la Presidencia se intervino para intentar reconducir las tensiones con los partidos independentistas.
Paralelismos
Hay un cierto paralelismo entre la imagen de Bolaños sentado con la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, en abril de 2022, para dar explicaciones sobre aquellas escuchas, y su reunión con Oriol Junqueras este mes de noviembre, para firmar los acuerdos con ERC. Ahora bien, lo que se va a hacer en el futuro inmediato es más complicado. De entrada, el clima de falta de confianza entre el PSOE y Junts persiste tras el debate de investidura. Y la figura del expresidente Carles Puigdemont y la telaraña judicial que envuelve su caso lo hacen todo más delicado. Estos factores deben tenerse en cuenta porque la ofensiva para tratar de dificultar, cuando no impedir, la efectividad de la proposición de ley de amnistía se irá intensificando. La ley será aprobada por el Congreso y con mucha probabilidad será avalada por el Constitucional, dada su composición, en esta etapa con mayoría progresista. Pero primero esta iniciativa tendrá que hacer un camino lleno de incidencias y, en suma, tortuoso.
En el Congreso la tramitación de la ley puede producirse sin grandes tropiezos. Pero en el Senado, el PP, que cuenta en la cámara con mayoría absoluta, ya ha realizado una reforma del reglamento para ralentizar el procedimiento. El PSOE recurrirá esa modificación, pero lo más probable es que su impugnación tenga también un curso de tramitación lento. La sentencia sobre la reforma del reglamento del Senado tardará unos meses, los suficientes para que lo que acuerde el tribunal tenga sólo efectos declarativos. Es decir, que sirva para establecer quien tenía razón, pero sin ningún resultado práctico, porque la ley habrá pasado por la cámara alta por una tramitación de dos meses, con el ritmo marcado por los populares.
El camino ante el Constitucional
Durante el tiempo de debate parlamentario y eventual aprobación de enmiendas seguirá existiendo inquietud en muchos sectores sociales sobre el contenido y posterior aplicación de la ley, una vez aprobada. Por lo que respecta al ámbito de la justicia, este clima se mantendrá, pero difícilmente tendrá traducción en acciones concretas hasta que el texto salido del Parlamento se publique en el Boletín Oficial del Estado y entre en vigor. Cuando esto ocurra, seguramente la primera impugnación que entrará en el Constitucional será el recurso de inconstitucionalidad que presente el PP, que habrá tenido tiempo para prepararlo. Pero después puede haber una serie de cuestiones de inconstitucionalidad, es decir, de consultas dirigidas al órgano de garantías por los jueces –Supremo incluido– que, teniendo asuntos relacionados con el Procés, crean que la ley es contraria a la Constitución o se planteen dudas sobre su encaje constitucional.
Hasta ahora, el debate en torno a la ley de amnistía ha girado fundamentalmente sobre este aspecto, el de su legalidad. Pero en paralelo a las críticas o descalificaciones de la ley ha ido creciendo en las últimas semanas el cuestionamiento del Constitucional. Ahora se entiende mejor por qué el PP tuvo tanto interés en dificultar, si no impedir, la renovación de esa institución. Hasta el pasado 9 de enero, el Constitucional tuvo una mayoría conservadora. Renovarlo significa cambiar su composición y cambiar el escenario, a favor del bloque progresista, integrado ahora por siete magistrados, mientras que el grupo conservador lo componen cuatro. Por eso ahora el PP intenta llevar el conflicto a la Unión Europea.
En todo caso, la oposición ha tenido un primer éxito derivado de los primeros recursos presentados por particulares en el Constitucional, que han provocado el anuncio del exministro de Justicia Juan Carlos Campo, ahora magistrado del órgano de garantías, en el sentido de que se abstendrá en todos los recursos que se formalicen contra la ley de amnistía. El tribunal rechazará estos dos recursos básicamente porque van contra una ley que todavía no está en vigor. Pero entre los magistrados –no hace falta decir que sobre todo entre los progresistas– hay mucha preocupación porque creen que la presión y el intento de deslegitimación del Constitucional no han hecho más que empezar.