Los anuncios de arrendamiento de pisos caen en las plataformas con el nuevo decreto ley que regula el alquiler; en la imagen, un anuncio de alquiler de un piso en Barcelona.
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En Joan Rocamora, para siempre

Hoy por la tarde –ya se puede anticipar– las calles de Barcelona estarán llenas de gente, especialmente de gente joven –y no tan joven– reclamando que baje el precio que se paga por vivir, que cuanto más libre sale más caro , como tarareaba Ovidio. Por suerte colectiva, desde una nueva hornada de activistas sociales que, en la última década, han hecho de la defensa fundamental del derecho a la vivienda un dique de denuncia social, un espacio de reencuentro democrático y un clamor de esperanza entero. No es cualquier manifestación, la que convoca el Sindicato de Alquiladoras: toca el nervio de la mayor problemática vital de miles y miles de personas, de las bases materiales e inmateriales del país y del enorme agujero negro que hipoteca el presente y secuestra el futuro. Más de 4.000 organizaciones ya se han sumado al reclamo de bajar unos alquileres que se llevan el 40% de los salarios: de la Mesa del Tercer Sector a Ecologistas en Acción, del Consejo Nacional de la Juventud a todo el escultismo catalán, de la FAVB en el Sindicato de Manteros, de la CGT a CCOO y UGT, de la Red de Economía Catalana al movimiento feminista, pasando por Òmnium y el ANC. Incluso el equipo femenino del Club Esportiu Europa ha cambiado el horario del partido para animar a participar de la manifestación. Además, 60 comités de base dinamizaron la movilización, habrá 30 columnas que llegarán a pie al centro de la ciudad desde todas las periferias y se distribuyeron 150.000 carteles comarca a comarca, barrio a barrio y puerta a puerta. Cuánto muchos piden dónde paran los jóvenes olvidan deliberadamente que cada mañana, de casi todos los días, están deteniendo desahucios. Probablemente también contra quienes tanto piden dónde paran los jóvenes. Panorama de contrapregunta: en Cataluña, desde 2008, los alquileres han subido un 58%, los precios un 56% y los salarios un 23%. En Barcelona, ​​desde el 2014, el alquiler ha subido enloquecidamente un 73%. ¿Qué, quién, cómo, cuándo y por qué se han permitido las lógicas de la especulación más depredadora? La pregunta no asusta tanto como la respuesta. Pero hoy es cuando nos jugamos el mañana y es mañana cuando nos jugamos el hoy.

Por el contrario, el argumentario básico del núcleo duro del sector inmobiliario –y su tela de araña de intereses– es de una banalidad que gaviña y de una indiferencia que indigna: cada vez que el movimiento consigue abrir el debate, que ya cuesta y mucho, se esconden bajo el recurrente "no hay soluciones mágicas", máscara victimista del "no pensamos mover un dicho" y enésima perversión del falso "no se puede hacer nada". Quien quiere hacer nada, busca un utensilio; quien no, una excusa. Y algunos sólo buscan utensilios para mantener y ampliar las ganancias sobre los hombros de tantas familias: puro capitalismo rentista y sociópata. Pero ocurre que las excusas ya están agotadas y desvanecidas en esta feria ininterrumpida de orgía inmobiliaria. Se podría añadir que por magia nigromante, la suya, de pura necroeconomía: siempre ganan al precio de poner la vida imposible. Porque lo que no ha sido nada mágico ni en ningún caso ha sido ninguna solución –sino el epicentro del problema– es lo que casi todos, unos y otros, han hecho en las últimas décadas. Desde las políticas públicas hasta el tsunami inmobiliario, pasando por la lacra de los fondos buitre, el auge de los pisos turísticos y la cultura del ladrillo hecha oro. Luego, en cada tímido avance, en cada parche legislativo, en cada nueva ley, ellos encuentran siempre la nueva trampa y un nuevo fraude donde chapucer: huir ahora hacia el alquiler de temporada, por ejemplo. El pasado julio, este diario informaba a las claras de las cuentas catalanas: un 7,2% del país ingresa anualmente 6.000 millones de euros anuales por alquileres. Es el conflicto que con rigor señala el Sindicato de Alquiladoras: un 6% de rentistas contra un 94% que no lo son. Y el legislador que ampara a unos pocos y ahoga a unos muchos.

La dimensión pandémica por la que las calles estarán a rebosar esta tarde es la siguiente y es prosaica y no mágica. Y me remito a los datos oficiales. Desde el primer desahucio parado en la Bisbal del Penedès en 2010, se han producido en los Països Catalans casi 350.000 desahucios, que han afectado a cerca de 800.000 personas. No pongan cifras, pongan caras, rostros y cuerpos. Ese fue el precio colateral, entre otros, del rescate bancario público e impúdico que nunca volverá: 50.000 millones de euros. Es decir, que desde la primera muesca de la sangría hasta la última de ayer mismo, toda la arquitectura institucional y la estructura política, judicial y policial ha dedicado todos sus esfuerzos a vulnerar el derecho fundamental a la vivienda y no a garantizarlo. Nadie ha perdido su casa por ser propietario –nadie y nadie reclama que así sea–, pero miles la han perdido por no poder llegar a fin de mes ante una especulación que ya se ha convertido en fuente directa y primaria de precarización, empobrecimiento y exclusión. Cortesía de quienes confunden un derecho fundamental con un bien de mercado –u una cosa u otra, ambas es imposible, señorías–. Este dolor social se convierte a la vez en vergüenza política. Con argumentos más que espurios, Junts –quizás conmemorando el 50 aniversario de Convergència– impidió en octubre el debate democrático –como otros impedían cualquier debate sobre el referéndum hace no tanto– oponiéndose a la tramitación sobre la regulación de alquileres, nacida a propuesta del Sindicato de Inquilinos. Pasado por los espejos que todo lo deforman y todo lo escaten, el mínimo democrático exigible es reclamarles que sean tan ágiles, eficientes y rápidos como cuando obedecen a Repsol para eliminar el impuesto a las eléctricas de un solo revuelo. Solución mágica, ahora sí y de repente: cuando quieren sí pueden, ya lo ven. La desigualdad evidente es dolorosamente, democráticamente, insultante.

De hoy para mañana, sin embargo, la calle latirá como ágora pública contra lo que hace tanto que no resuelven las instituciones comunes ante la voracidad carroñera de los mercados inmobiliarios. El camino será largo, sí, pero será mucho peor si no hacemos nada. Por eso el presente esbozo de palabras es sólo una llamada razonable, una propuesta razonada y una invitación racional a apoyarlos ya provocar que, esta tarde y gota a gota, haga un poco mayor el reclamo de las generaciones que ya están viniendo y que ya están aquí. Y que exigen que bajen los alquileres y que alguna vez suba la vida. La vida digna. Me amparo, de repente y de memoria, en la carta que la querida Carme Salvador, madre de Guillem Agulló, escribió en 1993 cuando la gente dudaba sobre si salir a la calle en decirlo todo o quedarse en casa para que no pasara nada de nada: "Estos días, por desgracia, sus hijos han hecho abundantes manifestaciones contra el fascismo y el racismo, y muchos de ellos lo han hecho a escondidas porque ustedes no les han dado permiso. Os comprendo, tenéis miedo. han hecho a mi hijo. Si tiene miedo, que no vayan, pero váis vosotros. por una sociedad libre y democrática". Nadie podría decirlo mejor que ella. Hoy, en las calles. Por unas vidas que no sean de alquiler.

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