El largo camino para borrar el franquismo del espacio público

BarcelonaEl pasado jueves se aprobó en el Congreso, después de un debate de alta tensión entre izquierda y derecha, la ley de memoria democrática, sin duda un paso muy importante respecto a la anterior ley de la época de Zapatero, pero que todavía se queda corta a parecer de muchos especialistas y entidades memorialísticas. En cualquier caso, el tono crispado del debate, y la promesa que ha hecho el PP de derogarla cuando llegue al gobierno, demuestra hasta qué punto España tiene un problema con su memoria histórica y, en concreto, con la dictadura del general Franco. Un buen ejemplo de esto es que incluso en territorios más antifranquistas como Catalunya se tardó décadas y décadas en quitar los monumentos del régimen de la calle. Visto con ojos de hoy resulta incomprensible que la sede de Capitanía General luciera un escudo franquista en su fachada hasta una fecha tan tardía como el 2010. Y aun así todavía quedan centenares de vestigios franquistas esparcidos por el territorio, algunos con un notable apoyo popular como el monumento franquista que hay en el Ebro a su paso por Tortosa.

Más allá de la retirada de monumentos franquistas, la otra gran asignatura pendiente es tanto la recuperación de la simbología republicana previa al golpe de estado como el reconocimiento, también en el espacio público, a las víctimas del franquismo y el reconocimiento a las luchas que determinados colectivos, más allá de los estrictamente políticos, llevaron a cabo contra la dictadura, como por ejemplo los movimientos vecinales o feministas. No basta con hacer ver que Franco no existió porque entonces estaremos escondiendo a las nuevas generaciones todo lo que pasó, con el riesgo que esto supone. Hace falta que haya espacios de memoria, como por ejemplo la Modelo y, en un futuro, la comisaría de Via Laietana, que recuerden y homenajeen a los que pasaron.

Catalunya, en este sentido, tiene que ser la punta de lanza en el Estado español, tanto en la gestión del espacio público como en las políticas de reparación y exhumación de fosas. La experiencia del Gobierno Rajoy, en el que durante siete años no se hizo nada, demuestra que se tienen que aprovechar las coyunturas favorables para avanzar. Y más cuando vemos que en otros lugares, como por ejemplo Madrid, la derecha no ha tenido problemas para volver a poner nombres franquistas a las calles o para retirar lápidas con nombres de fusilados por la dictadura. La nueva ley tiene que permitir dar un nuevo impulso a la exhumación de fosas y a consolidar un currículum escolar que haga que todo el mundo sepa la diferencia entre un régimen dictatorial y una democracia. La fascinación que muchos jóvenes sienten ahora mismo por la extrema derecha tendría que hacer reflexionar a más de uno sobre el gran fracaso que supone para la democracia española.