El catalán toca fondo, pero resiste

El nuevo fracaso recogido por la demanda de oficialidad del catalán en la Unión Europea nos deja un listado –por lo visto, dinámico y evolutivo– de estados miembros a favor y en contra, así como de los que por lo visto se limitan a manifestar dudas, y también un episodio de lo más grotesco: los esfuerzos del Partido Popular de Feijóo, con la torpedear ese reconocimiento con presiones a varios jefes de gobierno conservadores y ultraderechistas europeos.

Ciertamente, no conocemos demasiados detalles sobre la base de las dudas expresadas por algunas cancillerías. Económicamente, el gobierno español ya ha dicho que se hace cargo del coste de implementar la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, estimado en 132 millones de euros. Jurídicamente, la cuestión parece claro que devenga una simple reforma del Reglamento número 1, de 15 de abril de 1958, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea (hoy UE). En principio, no parece que esto deba afectar a los tratados ni exigir su reforma. Sin embargo, entre los que se han mostrado dudosos por este motivo se encuentran Suecia y Alemania y los servicios jurídicos del Consejo de la UE parecen manifestar algunas observaciones al respecto. Habría, pues, una mayor claridad por parte del gobierno español sobre todos estos extremos.

El artículo 1 del Reglamento es clave: establece que las lenguas oficiales y de trabajo de las instituciones de la Unión son las lenguas oficiales de los Estados miembros. Pero precisamente la realidad plurilingüe del Estado está fuera de duda tanto sociolingüística como legalmente: 6 de las 17 comunidades autónomas disponen de regímenes de oficialidad que incluyen lenguas distintas del castellano. Otra cosa es que el modelo lingüístico de la Constitución prevea que la oficialidad de estas lenguas –que ni siquiera se mencionan– se limite a unos determinados territorios, de los que son propias, y en los que el castellano goza de un reconocimiento equivalente porque es oficial en todo el Estado, e incluso superior si contamos con el deber de conocerlo y el monolingüismo de las mismas. Por eso, tanto o más importante que el uso del catalán en la UE es el hecho de modificar el marco estatal que penaliza la doble oficialidad, la justicia o la administración, y garantizar la presencia de la lengua en los órganos que son generales, como ya ocurre en el Congreso de los Diputados. Pero lo que es relevante a efectos de la UE es que el derecho interno español considera las tres lenguas como oficiales.

Por cierto, no ha pasado desapercibido que el PP ha ligado la cuestión de la oficialidad en Europa con la que es la madre de todas las batallas: el 25% de castellano en la escuela. La derecha española es consciente de que el sistema educativo es la clave de vuelta de la pervivencia del catalán en unos momentos en los que su uso social flaquea, al margen de que quiera tomar cualquier triunfo a Pedro Sánchez y dinamitar los puentes con Junts haciendo fracasar uno de sus principales acuerdos. Pero no nos engañemos, tan extrema posición evidencia de nuevo una incomprensión atávica sobre el catalán que deriva de una concepción supremacista del castellano. No nos engañemos, hay una concepción castellanonocéntrica del mundo y de la vida tan arraigada que ha llevado a quienes nos han mandado durante siglos a postergar e incluso prohibir el catalán. El "reduciremos el catalán a un oscuro diálogo entre campesinas" del ideólogo falangista Giménez Caballero resume muy bien este sentimiento. No ocurre lo mismo con los vascos, a los que en el fondo consideran castellanos cabreados, ni con los gallegos, dada la minorización institucional de esta lengua y la inequívoca españolidad de la región.

Ante este panorama, la mejor salvaguarda que tenemos los catalanohablantes contra el dogma de la paridad inexcusable de las lenguas es que se respeten plenamente los efectos derivados del reconocimiento legal de la oficialidad y del carácter de lengua propia del catalán, como la preferencia de uso en las administraciones públicas de Cataluña, y el mantenimiento de la discriminación positiva inherente a la normalización lingüística. Pero sobre todo, y esto es muy importante, que al menos en el Principado dos de cada tres catalanohablantes consideran que la catalanidad es una identidad principalmente lingüística o cultural, como reveló hace un tiempo una encuesta de Plataforma por la Lengua. No una condición legal y administrativa. La vinculación entre la lengua y la identidad colectiva sigue siendo fuerte, contra algunos intentos de relativizar el bilingüismo social con el castellano.