Catalunya no se puede permitir otro fracaso
La segunda votación de la investidura acabó como estaba previsto: sin los votos necesarios para convertir a Pere Aragonès en el 132º presidente de la Generalitat. La abstención de Junts lo hizo imposible, y a pesar de que esta vez el tono fue mucho menos agrio que el viernes, los dos partidos no se pueden permitir que Catalunya continúe sin gobierno. La portavoz juntista, Gemma Geis, se mostró convencida de que habrá acuerdo antes de agotar el plazo de dos meses que ahora se abre hasta la convocatoria automática de elecciones. Por su parte, Aragonès reconoció explícitamente el papel del exilio (recordemos que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, también está exiliada) y de Carles Puigdemont, pero advirtió que no aceptaría "ni tutelas ni sustituciones".
En efecto, aquí está el nudo de la discusión. El papel del Consell per la República no puede situarse nunca por encima, ni siquiera en un plano de igualdad, de las instituciones que cuentan con la legitimidad democrática, que son el Parlament y el presidente que de él salga investido. Este presidente, además, tiene que ser el presidente de todos, y tiene que hacer esfuerzos por que así sea percibido por el conjunto de la población. No se puede ignorar que los últimos tiempos ha habido un intento de deslegitimación de las instituciones catalanas (incluso ahora hay un partido en el Parlament que las quiere abolir), y hay que luchar contra esta desafección que pretende dividir nuestra sociedad.
Por este motivo es peligroso que alguien pueda pensar que el presidente de la Generalitat depende de otro, y más todavía si este otro ha quedado por detrás en las elecciones. Otra cosa es que los partidos y entidades independentistas tengan un foro donde discutir y, eventualmente, pactar una estrategia común o, al menos, unas líneas compartidas. De hecho, esto sería muy recomendable para evitar las disfunciones que vimos en la legislatura pasada. No se entendería que los dos partidos fueran, por ejemplo, a la mesa de diálogo con el Estado defendiendo cosas diferentes. También tendría sentido que, en todo lo que haga referencia a decisiones del gobierno de Catalunya, hubiera unidad de acción en el Congreso de los Diputados.
Ahora bien, también es verdad que cada partido tiene derecho a tener estrategias diferentes en otros ámbitos y a disponer de un margen de maniobra para diferenciarse, por ejemplo en cuanto a la política en el Congreso de los Diputados o en el ámbito municipal. ERC tiene todo el derecho de ser socio prioritario del gobierno español si así cree que puede sacar más provecho de sus diputados, y Junts, como también la CUP, también tienen derecho a ser oposición. El acuerdo final tiene que respetar la autonomía política de cada partido, que por eso se presentaron en solitario a las elecciones y representan electorados diferentes.
En todo caso, lo que ahora es urgente es que se llegue a un pacto que ponga fin a la interinidad actual. Hay que poner fin también al espectáculo nada edificante que están ofreciendo los entornos de los partidos negociadores, que crea un clima de toxicidad que no ayuda nada a tener confianza en este futuro Govern bipartit. El país no está para peleas mezquinas en Twitter ni debates sobre el sexo de los ángeles, sino para poner en marcha un ejecutivo y enderezar la lucha contra la pandemia y la reconstrucción de la economía.
