Los centros sociosanitarios como síntoma
Los cambios demográficos marcan nuestras vidas: cuánto viviremos, hasta cuándo trabajaremos o cuántos hijos tendremos. Pero también alteran a nuestra sociedad porque afectan a la economía y al estado del bienestar, así como a sus patas clave: los servicios sociales y sanitarios. Tenemos una población cada vez menor y que vive más tiempo. Envejecemos y nos faltan criaturas, y, sumado a las consecutivas crisis económicas, ya un mercado laboral y de la vivienda disfuncionales, esto ha hecho crecer las demandas de ayuda y apoyo de unos servicios públicos que a menudo no dan abasto.
Ha habido avances en los últimos años, como la ley de dependencia o el ingreso mínimo vital, que buscan garantizar los derechos y la calidad de vida de las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad física, económica o social. Pero la infrafinanciación, la saturación del personal, el exceso de trabas burocráticas y una falta crónica de evaluación hacen que a menudo estas ganancias teóricas de derechos generen más frustración que un acceso real.
El pasado fin de semana el ARA publicaba un dossier sobre lo poco menos de un centenar de centros sociosanitarios –o centros de atención intermedia– que existen en Cataluña, una rara ancianos a medio camino entre las residencias y los hospitales, donde terminan pacientes que requieren cuidados de largo plazo. Pese a la excepcionalidad de este servicio, el reportaje identifica muchas de las carencias que abundan en nuestro sistema. Sobrecarga del personal, incentivos perversos a la financiación, ausencia de controles y desconocimiento por parte de la administración –y la ciudadanía– de la información más básica; que acaban derivando en una vulneración de los derechos de las personas atendidas. Y en una falta de capacidad para evaluar qué impacto tienen estas políticas.
En Cataluña llevamos cierta ventaja en la evaluación de la acción pública respecto a otros lugares del Estado. Contamos con varios institutos y agencias que se dedican (Ivalía, AQuAS o la AQU), fondos innovadores para financiarlas (el PRUEBA), un sector académico, privado y social que las demanda y ejecuta, y diversas instituciones públicas que las promueven para analizar sus actuaciones (como varios departamentos de la Generalidad, el Servicio Público de Empleo de Cataluña, Barcelona Activa o la Diputación de Barcelona, entre otros). Pero todavía nos quedan asignaturas pendientes.
Para empezar, sin datos no podemos evaluar. La gestión de la información es un problema estructural de nuestra administración pública. Para poder analizar los datos, y extraer conclusiones que mejoren las políticas públicas, en primer lugar, debe poder recolectar y procesar la información. Contamos con sistemas precarios de recogida de datos, pensados para cumplir con la regulación y no para la evaluación. Y, una vez recogidos, los datos no son compartidos ni entre las propias administraciones. Esto afecta no sólo al análisis de la acción pública, sino a los propios ciudadanos, por ejemplo cuándo deben pedir una ayuda social.
Pero si hay un campo donde todavía nos queda mucho por avanzar es en lo social. A menudo, estos programas y políticas se diseñan sin atender a la evidencia existente, se implementan sin ensayo previo o prueba piloto, y en la gran mayoría de los casos no se prevé una evaluación posterior para determinar su impacto real. Y por el camino, no hay protocolos ni plataformas eficientes de recogida de datos de las personas atendidas, lo que afecta a la sobrecarga de los profesionales, la calidad y rapidez del servicio recibido y el buen diseño de los programas.
El departamento de Derechos Sociales está en pleno proceso de actualización de la cartera de servicios, que debe responder a las nuevas necesidades y demandas sociales. Trabajo que deberá continuar, sea cual sea, el nuevo gobierno. Cataluña cuenta con un importante tejido comunitario e iniciativas innovadoras, por ejemplo, en el campo de la atención integrada social y sanitaria –muy distinta a los centros sociosanitarios deficitarios–. Pero necesitamos dar muchos pasos en la transformación de nuestro modelo social y sanitario para que realmente pueda dar respuesta a las necesidades actuales de la ciudadanía, que han cambiado mucho desde que se diseñaron hace casi medio siglo. Es la hora de definir sistemas de información pública con visión de país, que no sólo agilicen los trámites para la ciudadanía sino que nos permitan también mejorar la gestión de los servicios y la coordinación entre administraciones, de modo que se generen políticas más efectivas , eficientes y sostenibles.