Sociosanitarios: pocos profesionales y poco control

Dosier Centros sociosanitarios Desplega

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"En Suecia vimos que no tenía ningún sentido que existieran los sociosanitarios"

Alpicado / Lleida / BarcelonaMucha gente no sabe exactamente qué es un sociosanitario o confunde estos centros con las residencias de ancianos, aunque actualmente tienen un rol primordial en la sanidad pública. Los sociosanitarios –también conocidos como centros de atención intermedia– son centros en los que se derivan pacientes que necesitan una larga convalecencia o rehabilitación porque, por ejemplo, han sufrido una fractura, un ictus, un infarto, una neumonía… o tienen una enfermedad crónica. También hay pacientes paliativos. Así se evita que ocupen una cama en un hospital convencional.

Catalunya es el único lugar del Estado que tiene este tipo de centros. Hay 96. Algunos son de gestión pública, pero otros están en manos privadas o de entidades sin ánimo de lucro. Ser derivado a un sociosanitario o a otro depende de la patología o del lugar donde se resida. El paciente no puede escoger en principio. La Generalitat no hace inspecciones rutinarias en estos centros, ni sabe cuál es su ratio de personal. El ARA ha visitado tres sociosanitarios y ha hablado con los trabajadores de una decena. La mayoría ha solicitado mantener el anonimato por temor a perder el empleo. Esto es lo que hemos encontrado.

El centro sociosanitario Terraferma, en el pequeño pueblo de Alpicat (Segrià), parece un lugar idílico a simple vista. Es una casa grande de dos plantas con jardín, rodeada de pinos y situada justo delante de un extenso campo verde. Lo gestiona DomusVi, uno de los grupos inversores líderes en el sector geriátrico en España. En el centro hay 137 pacientes y un único médico. Hasta el 3 de mayo era un facultativos de 25 años, recién licenciado y sin ninguna especialidad. Ahora hay una doctora que llegó hace tan solo diez días de Nicaragua.

“En teoría un sociosanitario tendría que ser rehabilitador, pero aquí se hace poca rehabilitación”, denuncia una trabajadora. En el centro también hay una sola fisioterapeuta, y una única terapeuta ocupacional, que es quien debe ayudar a los enfermos a recuperar habilidades para la vida cotidiana, como coger una cuchara para comer o abrocharse los botones. Es imposible que tengan tiempo para atender a todos los pacientes. También hay solo dos enfermeras por turno, a pesar de que hay pacientes que necesitan medicación intravenosa o curas, llevan una bolsa de colostomía para recolectar las heces, o se les alimenta con una sonda a través del estómago.

DomusVi también gestiona otro sociosanitario en Lleida, el Hospital Jaume Nadal Meroles. De hecho, los dos centros comparten médico de guardia los fines de semana y los festivos. Esos días hay un único facultativo no presencial para los 137 pacientes del Terraferma, y los 126 del Nadal Meroles. “En alguna ocasión, ha habido un paciente muriéndose en los dos centros y el médico no sabía dónde acudir primero”, asegura una trabajadora. Los dos sociosanitarios están a solo 10 kilómetros de distancia, pero trasladarse de uno a otro suponen unos 20 minutos en coche.

“No hay manera de contactar con el médico, pero supongo que pasa lo mismo en todos los centros”, comenta resignada una mujer que tiene a su madre ingresada en el Terraferma. Pero no, no pasa lo mismo en todos los centros. “137 pacientes para un solo médico me parece una locura. Es imposible que los pueda valorar a todos”, dice sin rodeos el doctor Pablo Rossi, del Sindicato de Médicos de Cataluña y que trabaja en el sociosanitario Pere Virgili, de Barcelona, de gestión pública y el más grande de Cataluña. Él atiende a 22 enfermos y asegura que es de los médicos que se encarga de más. En el Pere Virgili una enfermera cuida a 22 pacientes, y hay un fisioterapeuta y un terapeuta ocupacional por cada cuarenta enfermos. Una ratio que en todos los casos es tres veces inferior al Terraferma.

La normativa de la Generalitat que regula los estándares de calidad de los sociosanitarios de utilización pública establece los profesionales que estos centros deben tener –es decir, médico, enfermera, fisioterapeuta, etc.-, pero no especifica cuántos debe haber en función de los pacientes. Eso mismo ocurre en otros países que tienen este tipo de centros. En Francia, por ejemplo, sin ir más lejos. Allí, sin embargo, el pasado 19 marzo se registró una propuesta de ley en la Asamblea Nacional para establecer ratios de enfermeras y auxiliares de enfermería para “asegurar la calidad de la atención al paciente”, según informa Laia Forès desde París. También allí un estudio constata que los sociosanitarios de gestión pública tienen más personal que los que están en manos privadas o de entidades sin ánimo de lucro. Aquí, en cambio, la Generalitat no dispone de datos de ratio de personal.

“Parte de los problemas que tenemos aquí es por la falta de control de la administración”, lamentan los trabajadores del Hospital Jaume Nadal Meroles. El 30 de enero enviaron un escrito de queja con 106 firmas a la región sanitaria de Lleida que decía literalmente que “los profesionales de enfermería no pueden garantizar la seguridad de los pacientes” del sociosanitario y declinan “cualquier responsabilidad legal que se pueda derivar de esta carga laboral”. Según dicen, son habituales los errores en la medicación. O sea, la administración de un fármaco equivocado a un paciente porque el personal no da abasto.

También se quejan de que en el sociosanitario existe la consigna de que el centro debe estar siempre lleno para cumplir las estancias pactadas con la Generalitat y, en consecuencia, facturar. “Si hay lista de espera para ingresar, se promueve la rotación de pacientes. Si no, el médico no da de alta a nadie”, detallan. Eso mismo ocurre en el Terraferma, según su personal, que también asegura que el centro intenta escatimar en gastos: “En noviembre hubo un brote de sarna y se tardó en reaccionar porque la dirección no quería gastar dinero en el tratamiento preventivo. Catorce pacientes tuvieron que ser aislados”. El Gobierno paga a los sociosanitarios por paciente y día. En el 2022 abonó un total de 11,6 millones de euros a DomusVi por la gestión de estos dos centros.

Hace años que el personal de Navidad Meroles se queja de esta situación: han enviado infinidad de cartas a la empresa e incluso han recurrido al Síndic de Greuges. En diciembre el PSC presentó una batería de preguntas en el Parlament sobre este centro y el conjunto de sociosanitarios. Pero nada ha cambiado. Fuentes de DomusVi afirman que no tienen constancia de estas quejas y que "no hay ninguna incidencia" en el Nadal Meroles. En cuanto al Terraferma, aseguran que hay "dos médicos a jornada completa", aunque este diario lo ha comprobadoin situ y habló por separado con varias trabajadoras del centro, que dieron la misma versión sobre la alarmante falta de personal.

El verano pasado el delegado en Lleida de Salud, Raül Llevot, anunció que el Nadal Meroles pasará a ser gestionado por una entidad sin ánimo de lucro cuando la concesión de los dos sociosanitarios a DomusVi acabe el próximo diciembre. Pero con las elecciones y la formación de un nuevo gobierno, ahora no se sabe qué va a pasar. El edificio donde está ubicado el Nadal Meroles pertenece a la Generalitat, pero el del Terraferma es propiedad de la inversora Lagune IPM SL, vinculada a DomusVi, según ha comprobado el ARA en el Registro de la Propiedad. En consecuencia, la solución no es tan fácil.

El director operativo para la transformación de la atención intermedia del departamento de Salud, el doctor Marco Inzitari, afirma que lo importante no es la ratio de personal, sino la calidad de la atención al paciente en estos centros. Y, según asegura, tienen herramientas fiables para comprobar que se da una buena atención. “Una parte de lo que se paga a las entidades [que gestionan los sociosanitarios] está vinculada a una serie de indicadores sobre la calidad que se presta”, declara. También destaca que se hacen encuestas de satisfacción a los usuarios (Plaensa) con regularidad, y que existe una Central de Resultados, es decir una especie de base de datos pública donde se registran indicadores de calidad de cada centro, como el número de úlceras detectadas o la mejora de la funcionalidad de los pacientes.

En 2022 se hizo la última encuesta Plaensa sobre atención sociosanitaria. Los pacientes del Hospital Jaume Nadal Meroles puntuaron entonces el centro con un notable alto, un 8,52, a pesar de que ya existían importantes problemas. El procedimiento de muestreo utilizado se basó en “la selección de casos por parte de los propios centros”, según indica la ficha técnica de la encuesta. En el sociosanitario Terraferma, en cambio, no se hizo ninguna encuesta.

En cuanto a la Central de Resultados, la propia Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña (AQuAS), encargada de recoger los datos, reconoce la limitación de esta herramienta. “Una proporción importante de centros (entre el 20 y el 50%) indica una incidencia de úlceras por presión igual a cero, hecho que puede estar en relación con una infranotificación de éstas”, dice textualmente en su informe sobre la atención intermedia correspondiente al periodo 2017-2022.

“Si estás registrando, no estás atendiendo al paciente. No hay tiempo para todo. Una cosa es lo que se plasma en el registro y otra, la realidad”, dice abiertamente una profesional del sociosanitario Terraferma. “Cuando ingresa un paciente, ponemos que su funcionalidad es peor de la que es en realidad, así aunque mejore poco parece que ha mejorado mucho más”, confiesa por su parte una trabajadora del Hospital Jaume Nadal Meroles.

Personal de otros sociosanitarios relatan situaciones similares. “Hay un responsable del centro que se dedica a rellenar los huecos vacíos del registro desde el despacho, porque si no lo envían todo lleno a la Generalitat, no cobran”, asegura una trabajadora del centro Hestia Palau, en Barcelona. Allí también existe la premisa de que el centro “tiene que estar siempre lleno”. En el Isabel Roig, también en la capital catalana, “los fisioterapeutas no tienen tiempo de atender a todos los pacientes y solo se concentran en los que pueden mejorar. Los otros los descartan”, admite una profesional del sociosanitario. La coordinadora vecinal SAP Muntanya hace tiempo que denuncia la falta de personal y se ha reunido reiteradamente con el Consorcio de Salud de Barcelona para exigir mejoras.

El año pasado 76.369 pacientes fueron atendidos en la atención intermedia en Cataluña y la Generalitat destinó 408 millones de euros. En total hay 8.359 camas sociosanitarias, de las cuales el 37% son de gestión privada, el 35% públicas, y el 28% de entidades sin ánimos de lucro. Un auténtico rompecabezas, que el ARA solo ha podido aclarar después de realizar una petición a Transparencia y reiteradas consultas a Salud. No hay ningún lugar donde se pueda encontrar esta información de forma clara. En el siguiente gráfico le ofrecemos información detallada de cada centro.

También llama la atención que casi todos los sociosanitarios tienen la concesión caducada. La Generalitat la prorrogó de forma extraordinaria en abril de 2020 a causa de la pandemia, pero no la ha regularizado a pesar de que ya han pasado cuatro años. También entonces los sociosanitarios pasaron a depender únicamente de Salud, y dejaron de ser financiados por el departamento de Derechos Sociales.

En el caso de los centros de gestión privada, se da la paradoja que algunas empresas concesionarias se han fusionado o han sido absorbidas por otras compañías y, en consecuencia, la empresa a la que la Generalitat adjudicó la gestión ya no es la que se encarga del sociosanitario. Son un ejemplo los centros que ahora están en manos del grupo francés Colisée, el alemán Median o la propia DomusVi.

“Nos tendría que preocupar que los convenios estén caducados. A mí lo me me preocupa es que no nos preocupe”, afirma el profesor encargado del área de gestión sanitaria de ESADE, Manel Peiró. “La empresa privada suele ser más ágil que el sector público”, valora, pero critica que “la administración no use bien los instrumentos [de control] que tiene”.

Tanto el Sindicato de Médicos de Cataluña como el Sindicato de Enfermería Satse reclaman que se establezcan ratios de personal en los sociosanitarios y lamentan que “cuesta encontrar profesionales que quieran trabajar” en estos centros por la gran carga laboral. “El 36% de las enfermeras de los sociosanitarios atienden a más de 50 pacientes por turno”, destaca por su parte la decana del Consejo del Colegios de Enfermeras de Cataluña, Glòria Jodar, que reconoce que no hay suficientes profesionales para cubrir “las necesidades de la población más envejecida” que está ingresada. En cambio, el doctor Jordi Aligué, miembro de la junta del Colegio de Médicos de Barcelona, declina hablar de ratios y precisa que el número de facultativos en los sociosanitarios depende de la tipología del paciente y del trabajo en equipo con fisioterapeutas, logopedas, etc. El problema es que ese tipo de profesionales también son muy escasos.

“Si pudiera hacer fisioterapia media hora cada día, ya andaría”, se queja una paciente que va en silla de ruedas en el Nadal Meroles. Según dice, el especialista apenas está con ella unos minutos. Sin embargo, lo que más le fastidia es que, cuando la duchan una vez por semana, lo hacen hacia las cuatro de la tarde y ya la meten en la cama hasta al día siguiente. “Dicen que no hay suficientes auxiliares [de enfermería] para dejarme en una silla por la tarde, y meterme después en la cama por la noche”, lamenta.

En el Terraferma una mujer de unos 70 años está postrada boca arriba en una cama y de vez en cuando emite un aullido tenue y prolongado como si le doliera algo. Es difícil saber qué le pasa. No habla, solo frunce el ceño. Del abdomen le sale una sonda con la que le introducen alimento en el estómago y que está conectada a una máquina que hace rato que hace pip, pip, pip, un sonido machacón y persistente. La bolsa de alimento, una especie de papilla marrón, está a punto de acabarse. Sin embargo, pasa bastante tiempo hasta que por fin aparece una enfermera, cambia la bolsa de alimento por una de agua, y la mujer deja de quejarse.