La clave del orden público

Un país como Catalunya, que recuperó la institución histórica de una policía propia después de la dictadura, con un despliegue progresivo durante años, con una constante formación a través del Institut de Seguretat Pública de Catalunya, de referencia mundial, y con la capacidad en determinantes momentos de impulsar cambios internos para tener liderazgos policiales relevantes, no se merece el juicio sumarísimo al que ahora se está sometiendo a esta institución, formada por miles de funcionarios públicos catalanes y totalmente arraigada en el territorio.

Decía Simone Veil que el triángulo de la geometría de la virtud pública de los griegos consistía en las ideas de límite, medida y equilibrio. La negociación del futuro Govern tendría que hacer caso a este triángulo y no centrarse en uno de los servicios públicos más frágiles, la policía, que, como la sanidad o la educación, exigen siempre una gran dosis de sentido del interés general. De paso se está examinando si el resto de instituciones del país han hecho o no condena explícita de la violencia. Un rechazo que es de sentido común y que no tendría que ser construido como una prueba del algodón para tensionar más a este país, que tantas sacudidas está recibiendo, y para hacer más larga la teoría de los bandos.

Algunes personas a las que durante años nos ha concernido de cerca nuestra policía y la defensa de los derechos humanos asistimos estupefactos a este desplazamiento del debate mediático y social, construido en parte por inercia y quizás con cierto grado de inconsciencia, pero que puede conllevar costes irreparables.

Cuando en las calles estalla la violencia es porque pasan cosas graves; a la vez, explicar las protestas no puede implicar justificarlas como símbolo de progreso democrático. Solo hay que mirar a Francia y los chalecos amarillos. La violencia, sea cual sea, es síntoma de fracaso y como tal es rechazable. Y cuando la política social y económica, en el contexto del covid pero no solo por la pandemia, está ahogando a la gente joven, los autónomos y los empresarios, no se puede pedir a la policía que resuelva la situación. Son las otras políticas las que se tienen que poner en marcha enseguida. Y aceptar los propios fracasos con toda la capacidad pedagógica de autocrítica que haga falta. Solo así se puede recuperar el clima de credibilidad que la ciudadanía necesita mantener con los gobiernos de Catalunya. Porque, en medio de la crisis institucional que vivimos, es evidente que las tres escalas de administración –estatal, autonómica y local– tienen responsabilidades. Pero también es evidente que el paraguas agujereado del Estado es determinante en todo aquello relativo al sistema financiero, al despliegue competencial, a la batalla constante contra las leyes aprobadas en el Parlament o a la infrafinanciación ultracentralizada de los municipios, que depende continuamente del arbitrio y la negociación. Una cultura, la de la negociación, que en medio de los tribunales y la represión está totalmente devaluada.

Pedir que la clave del orden público amplíe el foco a todas las políticas y no se quede solo en la seguridad pública en las calles implica muchas cosas. La primera es que todas las fuerzas políticas, sin excepción, compartan la no politización de los Mossos. Un operativo desproporcionado concreto no es una policía. De una dinámica de mejora progresiva no tenemos que pasar a la enmienda a la totalidad. La violencia en la calle no se puede “normalizar” por muy explicable que sea la indignación.

Cuando se retiraron las balas de goma, y después de las conclusiones a las que llegó el Parlament, la Brimo cambió totalmente de gestión y planificación. Pero el mérito no fue de la política –que, por cierto, iba detrás de la sociedad civil– sino policial. Se adaptaron procedimientos, se trabajó para obtener medios alternativos, se creó una conciencia de autoestima en el cuerpo, con una jerarquía clara que no admitía involución. Y ahora, con la gestión del relato y las negociaciones para formar gobierno, todo esto se está poniendo en riesgo con la introducción en el imaginario colectivo de la idea que se parte de cero y de que todo se tiene que cuestionar. ¿Dónde está la imagen de nuestro cuerpo juzgado por el 1 de Octubre? Es paradójico que en el sector sanitario hayamos sido capaces de criticar gestiones globales y de exigir coherencia y que, en cambio, pongamos en valor a los profesionales. En el ámbito de la seguridad tendríamos que hacer lo mismo. Se ha sufrido un juicio al cuerpo en la figura de su mayor y otros mandos por la prudencia y el sentido democrático con los que gestionaron el 1 de Octubre, y ahora, este juicio de país, que desgraciadamente no permite matices, es un síntoma de que todo ello nos ha afectado.

Ningún otro cuerpo policial del Estado ha sido capaz de aceptar públicamente rectificaciones o malas prácticas. En el caso de los Mossos, además del comité ético que se creó, sindicados de mando y de base se han puesto siempre a disposición del Parlament para negociar y hablar. El caso Benítez y el de la Plaça Molina significaron un nuevo planteamiento en la gestión de personas con problemas de salud mental. El tema de los desahucios, muy a menudo mejorables, se ha identificado con la policía cuando detrás hay también una fiscalía y unos tribunales imparables que también se deben a los derechos humanos. Y el Parlament se comprometió a un minuto de silencio por cada agente que perdiera la vida en acto de servicio.

Las reformas que la evolución democrática va requiriendo en todos los campos, también en el orden público y policial, corren el riesgo de dejar de lado a un cuerpo que ha sido ejemplar en muchos casos como en la lucha contra la violencia machista o las investigaciones contra el terrorismo radical. En una semana en la que a España se le ha reprochado que sus ficheros policiales europeos vulneran la protección de datos, tenemos que seguir exigiendo que los Mossos formen parte de las comisiones europeas. La mejor manera de corregir abusos o malas prácticas en operativos policiales es también confiar en los profesionales de dentro que hace años que están volcados en mejorar sus protocolos. Y estoy segura de que el nuevo Govern será capaz, como ha hecho en muchas ocasiones, de hacer del principio de confianza y eficiencia ejecutiva el vínculo que tiene que recoser todo lo que estos últimos días se ha podido agrietar. La ciudadanía también necesita de este relato de confianza, que en ningún caso es impunidad.

Gemma Calvet es abogada