Las cuotas del catalán
Las cuotas para la producción y el doblaje en catalán en las plataformas digitales son, al mismo tiempo, una noticia positiva y negativa. Positiva si tenemos en cuenta que se ha fijado una cuota del 6%, y lo máximo que se podía lograr (dentro de los parámetros en los que se producía la negociación) era el 7,5%: hay un 30% de la oferta de las platafomes reservado a la producción europea. Dentro de esta cuota europea la mitad (el 15%) es para las lenguas del Estado y, de este porcentaje, un 40% será para las lenguas (mal dichas) cooficiales. Habría sido mejor un 50% del porcentaje correspondiente en España (es decir, el mencionado 7,5%), pero el 6% no es despreciable. Sobre todo cuando la, digamos, propuesta inicial del gobierno de España era ningún porcentaje: nada de nada, todo el 15% dedicado “a las lenguas oficiales en España”: dicho de este modo, esto quería decir todo para el castellano.
Sin embargo, no hay ningún motivo para el triunfalismo, porque el hecho mismo de tener que establecer estas cuotas, y la manera como se han tenido que establecer, ya nos lleva a la parte negativa de la noticia. Se corrobora que España es un estado que se resiste con todas sus fuerzas a reconocer plenamente su diversidad lingüística y cultural -también nos lo demuestra el último pronunciamiento del Supremo sobre la inmersión lingüística-, y que solo lo hace, y con cuentagotas, cuando un gobierno de centroizquierda (con uno de derecha no hace falta ni hablar, porque la derecha española va a misas en sufragio del alma de Franco) se ve obligado a hacerlo para poder sacar adelante los presupuestos. De un gobierno progresista, volvámoslo a decir, se tiene que esperar (se le tiene que exigir) una actitud favorable a esta diversidad lingüística y cultural que vaya mucho más allá de un 6% arrancado con fórceps y a base de carambolas a tres bandas entre la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el gobierno de España.
Puestos a decir también se tendría que esperar esta misma actitud de las mismas plataformas, más que nada porque ya existe una, Filmin, que, sin que ninguna ley ni normativa se lo obligue, ya ofrece más de un 20% de sus contenidos doblados o subtitulados en catalán (y más de un 60% de producción europea). No es que a Filmin no le guste hacer negocio, supongo. No es solo una cuestión de sensibilidad, sino también de entender que las lenguas determinan espacios comunicativos y, por lo tanto, de mercado. La diversidad lingüística, como la cultura, genera negocio y puestos de trabajo, el tipo de argumentos que suelen usarse para defender los parques temáticos y el turismo porquería.
Además, los derechos lingüísticos son derechos fundamentales, y una democracia (y todavía más la española, que es la mejor del mundo) tiene que garantizarlos. España es un país en el que la derecha, como vemos, no tiene ningún inconveniente a asociar un canal infantil en euskera con adoctrinamiento para el terrorismo. Tener un 6% de catalán en las plataformas nos recuerda que estamos, en cuanto a los derechos lingüísticos de los catalanohablantes, en un momento comparativamente anterior al día en el que la negra Rosa Parks decidió no levantarse y ceder a un blanco su asiento en el bus. Fijar esta cuota no hace ningún mal, pero tampoco nos hace llegar aún a ninguna parte.