La cúpula judicial española (y la izquierda)
Desde el siglo XIX hasta la actualidad se constata una grave carencia de cultura política genuinamente "liberal" en España. Especialmente en las instituciones de la cúpula judicial. El periplo se inicia con la Constitución de Cádiz de 1812, en la que ni siquiera se habla de poder judicial, concebido como una instancia subsidiaria del poder ejecutivo. En el franquismo, los tribunales constituyen el brazo legal de la dictadura. De hecho, los jueces de las más altas instituciones han sido más leales a los objetivos de permanencia del Estado (unidad y monarquía) que a los objetivos del liberalismo político y del estado de derecho (derechos y libertades individuales y colectivas, imparcialidad judicial, separación de poderes).
La Transición de los años setenta no supuso una ruptura, sino que se continuara con la composición del poder judicial del franquismo. La democracia española nació muy coja. Y la situación no ha variado demasiado. Este déficit estructural hace que España no pueda considerarse una democracia liberal plena.
Todos los estados son nacionalistas. Pero hay formas y formas de serlo. En decisiones judiciales de los últimos años se infieren conceptos que recuerdan la contraposición schmittiana amigo/enemigo, la soberanía y el estado de excepción, el derecho penal del enemigo o el hecho de entender la "defensa de la Constitución" como la mera defensa del estado y de su nacionalismo inherente. La Constitución y la legalidad actual constituyen un grave problema estructural cuando al final son interpretadas por tribunales con escasa cultura liberal y un talante nacionalista autoritario. Y estamos hablando de España, uno de los estados con más intensos componentes de pluralismo nacional (mayorías y minorías nacionales) de las democracias.
Para vivir en una democracia plena, no hipotecada por un pasado que fomenta comportamientos iliberales (valores, prácticas), habría que reformar en profundidad el entramado de las cinco instituciones jurisdiccionales más relevantes del Estado: Tribunal Supremo, Consejo General del Poder Judicial, Audiencia Nacional (un tribunal en continuidad con el Tribunal de Orden Público de la dictadura). A estas cinco instituciones cabe añadir la regulación de un Tribunal Constitucional teñido de los colores partidistas cambiantes entre los dos principales partidos nacionalistas españoles y que a menudo actúa como un tercer cuarto parlamentario.
En la práctica, parte de la cúpula judicial actúa en connivencia con el estado profundo (deep state), junto con actuaciones de políticos, altos funcionarios ministeriales y altos cargos de la policía y de la Guardia Civil. Uno deep state que cuenta con la complicidad de buena parte de los medios de comunicación de la capital del Estado.
La lista de actuaciones iliberales no es corta. En este siglo destacan los numerosos casos de espionaje a políticos y ciudadanos (Pegasus), la operación Cataluña de carácter político y policial, los informes inventados contra políticos catalanes (Mas, Trias, etc.), las filtraciones interesadas en juicios, la falta de interés en esclarecer la participación del CNI (servicios secretos) en los atentados el incumplimiento de la ley de amnistía, etc. El nacionalismo iliberal de estado puede reseguirse también en los ridículos conceptos, torturadas argumentaciones y arbitrariedad de las penas impuestas a los dirigentes catalanes del Proceso.
Luego nunca ocurre nada. La impunidad de estos comportamientos es total. En España, la prevaricación parece haberse convertido en un deporte jurídico. Se trata de un delito de efectividad nula. La fórmula de este "mal común": decisiones políticas y jurídicas iliberales más impunidad práctica. Algo que vuelve a constatarse cuando en el Congreso los políticos responsables de delitos pueden rifarse con sorna los comentarios y las preguntas de una oposición impotente.
En términos de partidos políticos, la derecha española (PP, Vox) avala estos comportamientos autoritarios. Y la izquierda (PSOE, Sumar, Podemos) no se atreve a enfrentarse a ella, ni siquiera cuando también se ve afectada. Es una izquierda que en la práctica sigue sumisa en el deep state, siendo a veces una víctima superficial. En relación con Cataluña y el pluralismo nacional del Estado, se evapora su pretendido carácter emancipador. En la cuestión nacional, esto es, en las cuestiones nacionales españolas, la izquierda no combate la degradación del estado de derecho. La expresión "izquierda española" resulta a menudo un oxímoron.
La política comparada de las democracias ofrece soluciones para el reconocimiento del pluralismo nacional y la acomodación política de las minorías: para la regulación de los distintos símbolos nacionales, los derechos colectivos y los marcos institucionales, las competencias de autogobierno –incluidos los ámbitos europeo e internacional–, la financiación y las infraestructuras, etc. No hace falta inventar mucho. Tampoco en relación a un sistema judicial liberal democrático. La izquierda española está mentalmente muy atrasada. Necesita una puesta al día radical en términos emancipadores de lo que significa actuar en un estado de derecho de una democracia plurinacional.
Un vaticinio fácil: el independentismo volverá. Con esa España política resulta inevitable.
