Debemos salir de la infrafinanciación
Es difícil no hablar del resultado de Catalunya en las pruebas PISA. Nos ha impactado la caída de Catalunya en todas sus clasificaciones. Pero no voy a seguir el camino de la crítica, que dejo para un análisis más profundo y para la reacción de los expertos, muy aleccionador. Voy a recordar, eso sí, que la clasificación de las comunidades autónomas (CA) tiene muchas semejanzas –con excepciones dignas de estudio– con la de las balanzas fiscales y con la de la financiación autonómica.
La reforma del modelo de financiación autonómica de 2009 se preparó y pactó en los últimos momentos de la bonanza económica de primeros de siglo, cuando la adopción del euro provocó un enriquecimiento fácil derivado de la obtención del sello de seriedad monetaria germánico. Esto puso fin a décadas de tipos de interés muy altos, y facilitó el endeudamiento de empresas, familias y administraciones públicas. En este ambiente de euforia, algunas comunidades autónomas salieron más beneficiadas que otras. Me refiero a las CCAA del litoral mediterráneo, más Madrid y las Islas Canarias. Todas gozaron del crecimiento del turismo masivo, de la inmigración masiva y del boom inmobiliario financiado con hipotecas a tipos de interés bajos. Esto permitía que los gobiernos autonómicos recaudaran mucho por el impuesto de transmisiones patrimoniales. El boom inmobiliario parecía una fuente inagotable de ingresos fiscales para las CCAA. El modelo de financiación se pactó partiendo de la expectativa de que estos ingresos serían eternos. En consecuencia, las CCAA que no disfrutaban ni del turismo masivo ni del boom inmobiliario exigieron y lograron la garantía de transferencias compensatorias en el modelo de financiación. Estas CC. muchas CA. Las comunidades autónomas beneficiadas por las garantías compensatorias obtenidas llevan catorce años disfrutando de un buen modelo de financiación. Las demás –las del eje mediterráneo, Madrid y Canarias–, no. No debe extrañarnos, por tanto, que las primeras tengan buenos resultados en las pruebas PISA como los tienen en todos los indicadores que miden el impacto del gasto público, como es el caso del Índice de Progreso Social de la Unión Europea. Los resultados de PISA son un reflejo, más o menos distorsionado, del gasto público en educación. Lo mismo ocurre en los grandes gastos que fundamentan el bienestar de la población, como la salud, el apoyo a la dependencia ya otras limitaciones físicas, la vivienda pública, o los transportes públicos metropolitanos.
El desacoplamiento entre, por un lado, necesidades de recursos públicos y voluntad de autogobierno y, por otro, financiación pública, se convierte en el problema político central para las comunidades autónomas que tienen necesidades de recursos públicos insatisfechas y voluntad de autogobierno reprimida. El actual sistema de financiación autonómica no resuelve este problema, sino que lo empeora. Esto es así para Cataluña, para las Islas y para la Comunidad Valenciana. En primer lugar, porque están las tres mal financiadas, en términos absolutos por habitante, a paridad de poder adquisitivo y en relación a lo que contribuyen. Dado que existen excepciones importantes en los modelos de financiación, y que en el modelo de régimen común Cataluña es la gran aportadora, no hay más remedio, para mejorar, que desacoplar el régimen común y permitir que convivan dos regímenes diferentes, uno que interesará las CCAA que ganan en el proceso de redistribución (la mayoría), que quieren tener garantías de buenos ingresos, y otro que pueda interesar las CCAA que pierden (una minoría: Cataluña, las Islas, Madrid y quizá la Comunidad Valenciana), que quieren perder menos y que quieren decidir más sobre cómo se gobiernan. Estos dos modelos no pueden resolverse con un acuerdo multilateral. El gobierno central debe asumir que debe resolver los conflictos distributivos sin enfrentar las CCAA entre sí.
Por supuesto, una solución mejor sería que las CCAA que tienen una mayor insatisfacción con el actual modelo de financiación pudieran disfrutar de un régimen singular, que pudiera mejorar su satisfacción sin empeorar la de las demás. Creo que sería una mejor solución, en términos de autogobierno, que la de dos regímenes, pero políticamente complicada. Sin embargo, ahora es un buen momento para intentarlo.
En cualquier caso, una prueba de calidad debe ser no violar el criterio de ordinalidad, que actualmente está completamente ignorado. Ahora bien, la definición de ordinalidad no puede ser en relación con el PIB per cápita, que es como el ministro Solbes tranquilizó en 2009 los escrúpulos del presidente Rodríguez Zapatero, sino que debe ser en relación con los recursos públicos per cápita ya paridad de poder adquisitivo, que es la auténtica medida de la capacidad de gasto público.