Suspender alquileres

Mientras que estos días pasamos más tiempo en casa que nunca, nos faltan garantías de que no la acabaremos perdiendo. El movimiento por la vivienda ha puesto en marcha una campaña que exige la suspensión del pago del alquiler con el lema "Si no cobramos, no pagamos". Existen razones de justicia distributiva y racionalidad económica de peso que legitiman intervenciones sobre el pago de los alquileres. En este artículo nos centramos sobre todo en la vivienda, pero consideramos también el caso de los locales de pequeños comercios afectados por esta crisis.

Partimos de la necesidad de una redistribución equitativa de los costes derivados del parón de actividades económicas. No todos los propietarios tienen el mismo poder adquisitivo ni el mismo poder político. Los datos sobre la estructura de la propiedad del parque de vivienda en alquiler a nivel estatal son escasos, pero el Observatorio Metropolitano de la Vivienda nos indica que en Barcelona, por ejemplo, un 31% de los arrendadores en la ciudad son bancos, empresas, administraciones y entidades, y un 69% propietarios particulares, incluyendo multipropietarios y grandes tenedores. En cuanto a los particulares, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, en 2018 la proporción de hogares que recibieron ingresos de algún tipo de arrendamiento (de viviendas, apartamentos turísticos, aparcamientos, locales, terrenos, etc.) y la de inquilinos que accedieron a su vivienda a través del mercado privado es casi idéntica: ambas rondan el 14% del total de los hogares en España.

Sin embargo, los arrendadores particulares cuentan con una riqueza patrimonial y una renta muy superior a las de los inquilinos. La media de los ingresos totales de los hogares que cobran arrendamientos de algún tipo es aproximadamente 41.675 €, con una mediana de 34.305 € (es decir, la mitad gana menos que esta segunda cantidad y la otra mitad gana más). Si restamos lo que ingresan a través de arrendamientos, las cifras bajan a 37.807 € y 31.073 € respectivamente. Mientras tanto, los hogares de los inquilinos que acceden a la vivienda a través del mercado privado ingresan una media de 23.160 € y una mediana de 19.061 €. Los inquilinos cobran alrededor del 60% de lo que cobran los propietarios, sin contar lo que ingresan los segundos a través de arrendamientos, según la Encuesta de Condiciones de Vida.

De estas diferencias de renta y patrimonio se derivan vulnerabilidades desiguales frente a la pérdida de ingresos. Para un hogar de inquilinos, implica recurrir a ahorros comparativamente inferiores y la posible pérdida eventual de la vivienda. Los arrendadores, en cambio, tienen más recursos para encajar una suspensión del pago del inquilino, que además no impactaría directamente sobre la propia residencia. En caso de que fuera así, el arrendador se vería beneficiado al mismo tiempo por la suspensión del pago de su propio alquiler o hipoteca.

En definitiva, el número total de damnificados y el grado de sacrificio social y económico será menor en el caso de que se faciliten suspensiones de alquileres. Existen, sin duda, muchas situaciones individuales de pequeños arrendadores que contradicen los datos a nivel agregado. Harían falta medidas compensatorias para esta minoría de casos. Una alternativa más onerosa sería movilizar gasto público para un programa masivo de ayudas al pago del alquiler. Por experiencia, el resultante incremento de la deuda pública ya intuimos quién la terminaría pagando en última instancia.

Con la contracción económica, además, el rentismo es especialmente difícil de sostener. Si ya de por sí la extracción de rentas detrae de las actividades de producción y consumo, en un contexto recesivo su carga resulta aún más pesada. En el caso de pequeñas empresas y establecimientos que han sufrido un parón o una disminución drástica de la actividad, mantener los arrendamientos es del todo insostenible.

En su conjunto, tanto para prevenir una crisis habitacional como para proteger el tejido productivo y comercial local de un brutal choque externo, se hace urgente actuar sobre el pago de los alquileres. Con sensibilidad para distinguir entre afectados y responder a situaciones de vulnerabilidad, unas medidas de emergencia en este ámbito también deberían abrir la puerta a una discusión más amplia sobre la problemática evolución que ya se observaba en el mercado del alquiler durante los últimos años. El incremento desmedido de precios, sobre todo en los principales núcleos urbanos, ha generado graves desigualdades y desequilibrios socioeconómicos que esta crisis está poniendo de relieve.