La derecha intenta gobernar a través de los tribunales

Esta semana se ha producido un hecho inédito hasta ahora en el Tribunal Constitucional. Un magistrado conservador ha decidido retirar su propia ponencia para evitar que saliera adelante, puesto que había conseguido solo los votos de los magistrados progresistas y, por lo tanto, suponía la derrota de sus compañeros de la derecha. Lo explica Ernesto Ekaizer en su crónica. Es un nuevo episodio que demuestra hasta qué punto el Partido Popular y Vox controlan los principales órganos de la judicatura y están consiguiendo que la derecha y la ultraderecha puedan imponer su ideología por encima de la mayoría parlamentaria.

La ponencia en cuestión era la respuesta a un recurso de Vox contra la mesa del Congreso por haber suspendido la actividad parlamentaria durante los peores días de la pandemia de 2020. Una suspensión en un momento en el que todo el mundo estaba confinado. Estaba claro que había una razón de salud pública y de protección de los diputados y del personal del Congreso, y los mismos diputados de Vox lo habían considerado razonable en su momento e incluso lo habían pedido. Los magistrados conservadores encontraban que esto vulneraba los derechos de los diputados, y el ponente, que en un primer momento había admitido este hecho pero había considerado que igualmente no se había demostrado que se hubiera lesionado los derechos de los denunciantes, optaba por la desestimación. Finalmente, cuando vio que podía ganar su visión, y esto ponía en contradicción la mayoría conservadora, que pretendía castigar a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, anunció que la retiraba y que aplazaba la votación.

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Es desesperando ver como la derecha política y judicial española ha perdido incluso las formas cuando se trata de atacar sus opositores ideológicos. Sean de la izquierda, del centro o, evidentemente, de las fuerzas independentistas. Para un amplio conjunto de la ciudadanía catalana, y también de la española, el desprestigio de las principales instituciones judiciales es cada vez más profundo. Pero esto, no nos engañemos, no les preocupa en absoluto. Al contrario, les refuerza todavía más. Con orgullo, un alto dirigente popular afirmaba en la portada de un diario madrileño que "la mayoría de la carrera judicial" apoyaba al PP. ¿Esto quiere decir que la mayoría de la carrera judicial no apoya a los partidos que votan más de la mitad de los españoles?

Ahora podemos vivir un otoño en el que veamos cómo continúa enrocada la renovación de los altos órganos judiciales, como el CGPJ y el TC, porque el PP se niega a aceptar los nombres que no son de su cuerda para mantener el control. Además, utilizará esta situación anómala de compás de espera para cuestionar algunas de las leyes estrella del gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, y decisiones como la del estado de alarma. Entre otros, hay recursos del PP y Vox sobre la recién aprobada ley de la eutanasia y sobre la reforma de la ley del poder judicial (LOPJ). Y todavía está pendiente también de resolución el recurso sobre la ley del aborto de Zapatero. Habrá que estar muy encima y dejar en evidencia una y otra vez este intento inadmisible de la derecha de querer gobernar a través del TC.