El departamento de Educación ha dicho que la resolución judicial de este lunes contra el catalán no supondrá ningún cambio en el día a día de las aulas catalanas. Pero se ha quedado corto: en realidad, tampoco supondrá ningún cambio en el día a día de la lengua catalana, porque la resolución en cuestión es un capítulo más en los libros que contienen los tres siglos de prohibiciones, persecuciones, multas y limitaciones del catalán, dictadas por España.
Igualmente, tampoco supondrá ningún cambio en el día a día de los catalanohablantes y de eso que ahora se llama experiencia de usuario. Porque por más determinación que alguien ponga por vivir en catalán con normalidad en Cataluña, en el País Valenciano y en las Islas Baleares, siempre habrá un partido político, un grupo de presión nacionalista español bien financiado, un tertuliano cosmopolita, un columnista con complejo de inferioridad o una resolución judicial –valga la redundancia– que trabajará para que el catalán, ya que no se puede prohibir, sea presentado como una lengua conflictiva y pesada, y como una amenaza a la unidad de destino en lo universal. Ahora en las escuelas ya no se amenaza a los niños con lavarles la boca con jabón si hablan en catalán, pero con resoluciones como esta se practica la destrucción sistemática de la autoestima social por la lengua.
Por si todo esto no fuera suficiente, mientras continúa la persecución, la inmersión choca con la demografía: ¿cómo se puede inmergir a nadie en una lengua que fuera del aula se oye poco, muy poco o nunca? Y los niños, que son una esponja y aprenden el catalán, en paralelo aprenden el valor de uso y el prestigio o el rollo que tiene una lengua. Y esto ya afecta cada vez más a aquellos que hablan catalán en casa. Las resoluciones judiciales contra el catalán hacen de complemento de la tormenta perfecta.
