Disturbios y actuación de los Mossos
Catalunya ha vivido este miércoles el segundo día de protestas violentas contra el encarcelamiento de Pablo Hasél, el rapero condenado por el contenido de sus canciones y sus tuits. Es comprensible la frustración y la rabia que ha provocado esta actuación judicial, pero en ningún caso justifica los ataques contra las comisarías, el mobiliario urbano o los comercios que se han visto en las últimas horas. Es evidente que, junto a personas que pretendían solo mostrar su indignación por lo que es una auténtica vergüenza democrática ejerciendo su derecho a la manifestación, ha habido grupos violentos organizados que buscaban el enfrentamiento directo con las fuerzas del orden o incluso practicar el pillaje. El asalto a la comisaría de los Mossos de Vic fue un episodio muy grave en el que se puso en peligro la integridad de los agentes.
Pero del mismo modo hay que subrayar que las imágenes de una mujer con el ojo ensangrentado presuntamente debido a una bala de foam de los Mossos d'Esquadra en Barcelona, después del impacto que tuvo el caso Ester Quintana, vuelven a cuestionar el modelo de orden público. Hará falta, pues, una investigación exhaustiva para saber qué ha pasado, y se tienen que volver a cambiar los protocolos y los procedimientos, como ya pasó cuando se prohibió el uso de balas de goma. No puede ser que cada vez que hay situaciones similares se tengan que lamentar daños personales irreversibles como este.
También hay que ser consciente de que detrás de este estallido de ira hay fenómenos complejos que no se pueden ignorar. La situación de crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia -que ha generado, aunque esté justificado desde el punto de vista sanitario, la restricción de derechos como el de circulación y movimiento, el cierre de muchos negocios y la sensación de que no se acaba de ver la luz al final del túnel- ha provocado que todos estemos sentados encima de un polvorín social, de un volcán preparado para erupcionar en cualquier momento. Imágenes similares a la de estos días se han visto también en países como Holanda o Alemania. Si además se suma la incapacidad del gobierno español para dar respuesta a desafíos democráticos como el que le plantea Catalunya, y la sensación general de regresión en términos de derechos fundamentales, tenemos un cóctel venenoso para que la situación en la calle potencialmente se desborde.
Hay una juventud a la cual se le van cerrando puertas, que está en paro o que no puede ni siquiera dar clases presenciales en las universidades o institutos, y que ve cómo el futuro que se le dibuja es muy negro. Y el caso Hasél no ha sido más que una chispa que ha encendido una situación de indignación que viene de lejos. Por eso las autoridades se tienen que focalizar en, por un lado, evitar que casos como el del rapero leridano se repitan con una reforma del Código Penal que es urgente, y, por otro, en ofrecer una perspectiva de futuro a muchos jóvenes que hoy no son capaces de verla. El peligro de tener una "generación perdida" es demasiado elevado como para no dedicar todos los esfuerzos que sean necesarios a evitarlo.