La educación, el pilar del país
En septiembre del 2020, en plena pandemia de cóvid-19 ya las puertas de las elecciones al Parlament de Catalunya, hacíamos, en este mismo diario, un llamamiento de emergencia para la transformación educativa en Cataluña. Más de tres años después, el artículo mantiene plena vigencia. Los últimos resultados de las pruebas PISA nos demuestran cómo, más allá de la pandemia, son necesarias transformaciones profundas del sistema. La educación no se ha convertido en prioridad de la política pública, y desgraciadamente, la política educativa no ha puesto en marcha una transformación sistémica en la línea de las recomendaciones de diversos organismos internacionales para adaptar los sistemas educativos a los desafíos del siglo XXI.
La transformación educativa requiere un amplio alcance político y social, liderado por el departamento de Educación pero con la implicación del resto de administraciones públicas, la comunidad educativa, los grupos de investigación y representantes de la sociedad civil. En este artículo planteamos cinco ámbitos que deberían ser prioritarios para una transformación del sistema que responda a las necesidades sociales actuales.
En primer lugar, la educación no puede ser indiferente a que el 31,7% de los niños catalanes sean pobres. La pobreza altera las condiciones de vida de las familias y las condiciones de educabilidad de los niños, tanto a nivel formal como no formal. Necesitamos una política educativa en conexión con otras políticas públicas que se interrelacionan estrechamente, y especialmente con los ámbitos de la salud y los servicios sociales. Pensar que los problemas de aprendizaje de los niños se circunscriben al aula y al entorno escolar supone una visión muy limitada de la política educativa. La política educativa debe ser política social.
La segunda variable imprescindible es la de la inversión pública en educación. No por sabido debemos dejar de insistir: Cataluña se sitúa por debajo de la media española y europea en inversión pública en educación. Esta realidad debemos poder revertirla fijando un horizonte que nos acerque al 5% de inversión en educación respecto al PIB. Y tan estratégico como el volumen de inversión debe ser la micropolítica de invertir estos recursos allí donde son más necesarios y donde tienen mayor efecto, buscando la eficacia y la eficiencia. Sabemos a ciencia cierta que sólo abocando recursos en políticas genéricas no conseguiremos los resultados esperados de una educación de más calidad, más equitativa e integradora, más personalizada y orientada a las necesidades de los niños y jóvenes. Las evidencias y evaluaciones de los programas deben servirnos para reconducir y mejorar los planes. Las pruebas piloto pueden ayudarnos a afinar mejor los objetivos y los medios educativos.
En tercer lugar, debemos volver a situar a los niños y jóvenes en el centro del sistema. Puede parecer una obviedad, pero creemos que no lo es. La sociología de los jóvenes está cambiando, a menudo incluso pierde valor la propia educación/formación para el progreso personal y colectivo. Necesitamos apostar por una atención más personalizada, con la figura del docente como acompañante en el proceso educativo y de maduración personal, atendiendo debidamente a la diversidad creciente ya las necesidades especiales, que implican formación específica y profesionales expertos. Con una atención prioritaria en las transiciones educativas entre etapas y cuidando mucho la salud mental de niños y jóvenes. La pandemia ha evidenciado lo importante que es el bienestar emocional de la infancia para el éxito educativo, un aspecto que el sistema no puede desatender.
El profesorado es el nervio del sistema. La educación transformadora se sustenta en profesionales cualificados, capacitados como servidores comprometidos de una función pública clave. Pese a la gran labor que está llevando a cabo el profesorado en un contexto de gran complejidad, se percibe malestar, cansancio, desorientación. Es necesario construir una nueva profesionalidad docente: repensar la formación inicial, apostar por una carrera profesional más eficaz y orientada a los retos actuales (plantillas, evaluación permanente, formación y desarrollo profesional) y orientarnos a equipos docentes y no a profesionales aislados en las aulas. Al mismo tiempo, es necesario contar con profesionales no docentes que intervengan con el alumnado con una experiencia complementaria y coordinada con la tarea docente.
Finalmente, la gobernanza del sistema es un instrumento imprescindible para una educación de calidad. Es necesario poner en marcha la Agencia de Evaluación y Prospectiva que ya previó la ley de educación de Cataluña de 2009. El sistema requiere mecanismos rigurosos y autónomos de seguimiento, revisión y evaluación. Hay que desburocratizar el sistema, dejando sin efecto todo lo que no genera valor educativo; apoyar y reforzar los equipos docentes y directivos de los centros, dedicados a la labor educativa, con capacidades para liderar pedagógicamente los equipos y centros. Asimismo, es necesario llevar a cabo un replanteamiento global del mismo departamento de Educación, caminando hacia un modelo de mayor capacidad técnica/experta y no burocrática, reforzando las zonas escolares previstas en la LEC como organismos de gobernanza y mejorando la coordinación y la corresponsabilidad con otras administraciones educativas del territorio.
La tarea es titánica y compleja, pero no podemos dejar de trabajar con la máxima ambición, generosidad y urgencia. La alternativa es un país educativamente pobre, sin futuro.