Empresas y derechos humanos: Cataluña, contracorriente
El lunes 20 de julio se hizo oficial la creación del Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos (CCDH), una demanda de la sociedad civil catalana que, después de muchas negociaciones con diferentes gobiernos y de intentos fallidos, ha visto, por fin, la luz. En un momento en que Occidente parece poner en duda las reglas de gobernanza mundial (supuestamente) inspiradas en sus valores e impulsadas desde su supremacía, que en Cataluña surja una institución así no es poca cosa.Sin lugar a dudas, es el pequeño artefacto que puede darse a un país pequeño, recordando la canción. Su valor radica, de nuevo, en proponer una imagen anticíclica, totalmente opuesta al signo de unos tiempos en los que los juristas del Tribunal Penal Internacional reciben sanciones de la primera potencia mundial por intentar que el derecho internacional sea algo más que un vademécum de leyes olvidadas. Si Josep Pla viviera, sería una memez autóctona en toda regla, efectivamente propia de la aldea gala en la que nos estamos convirtiendo, a escala estatal y europea, durante los últimos tiempos, en materia de acción exterior (muy) mínimamente coherente.
Durante la década pasada y a principios de esta, algunos países europeos y la misma Unión Europea comenzaron el proceso para darse una legislación que permitiera contribuir a vigilar y sancionar las malas praxis y violaciones de las grandes empresas en materia de medio ambiente y derechos humanos a través de sus cadenas globales de suministro y producción. En paralelo, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas comenzó a dar forma al Binding Treaty, un instrumento jurídicamente vinculante, enfocado al acceso y la cooperación en materia de justicia, y la prevención de vacíos de responsabilidad en estas cadenas globales. Sin embargo, con el cambio de ciclo político y de mirada sobre qué tipo de reglas debemos tener, ni Bruselas, ni Ginebra, ni ninguna otra capital (quizás con la excepción de París) han llegado a nada que no sea meramente decorativo. Tampoco Madrid, que quiso avanzar por la derecha la reiteradamente aguada directiva europea de diligencia debida, y que al final escogió disputar otras batallas.
Punto final. O no, y aquí es donde radica la importancia del CCDH. Que en Europa, en una capital importante como Barcelona, y precisamente en el peor momento del intento de desmontaje de la arquitectura que ha servido para darnos un esquema básico de convivencia global y de protección universal de los más débiles (hay que recordar siempre por qué existen, los derechos), abra sus puertas una institución así significa mantener vivo un proceso que no puede leerse únicamente en clave catalana. El CCDH, para desmontar cualquier inquietud sobre el efecto que pueda tener sobre la competitividad de nuestras empresas, no puede sancionar ninguna, salvo que estas no atiendan sus requerimientos informativos. El espíritu, creo que bastante acertado y realista, de acuerdo con las competencias que tiene la Generalitat, es convertirse en una especie de servicio público y de elemento útil para la coherencia de la política pública en torno a la justicia global. Que tenga capacidad propia para observar e investigar la planificación, la operación y los impactos de las empresas que operan en Cataluña (sea cual sea su nacionalidad), y no limitarse a recibir y examinar la documentación generada por estas, es un paso más allá de la debida diligencia sobre la cual se han basado anteriores intentos. A partir de ahora, en algún lugar del mundo, todo no girará en torno a la rendición de cuentas de las corporaciones, sino que la administración pública podrá actuar de oficio y, más importante aún, ser depositaria de las eventuales denuncias que pueda recibir de las personas y colectivos afectados en todas partes. El CCDH, dependiendo de los recursos y capacidades con que finalmente sea dotado, puede convertirse en un espacio clave para producir información, conocimiento, sensibilización e incidencia, y para llegar a acuerdos voluntarios en una materia siempre compleja.Es una apuesta importante, no solo por este cambio de concepto y por el hecho de continuar produciendo derechos internacionalmente, sino también en lo que respecta al rol de las administraciones subestatales dentro de la misma Europa. En este escenario mundial crítico, la disputa por la descentralización del poder y la calidad de las democracias se conecta con las diferentes propuestas sobre cómo continuar con la globalización económica. Afortunadamente, parece que Cataluña tiene claro que esta debe ser justa para todos, no simplemente la manera de mantener los privilegios de su sociedad, cueste lo que cueste.