La fábrica de enemigos

Hay momentos en que una sociedad deja de discutir políticas para empezar a discutir significados. Las palabras se vuelven armas; los símbolos, campos de batalla. No es una metáfora nueva, pero sí persistente: la idea de la guerra cultural como eje central de la vida pública. El término, popularizado por James Davison Hunter, describía una pugna entre visiones morales incompatibles. Tres décadas después, la pugna no solo continúa, sino que se ha acelerado, amplificada por la tecnología, explotada por una manera de hacer política y normalizada como estado de opinión permanente.

Para entender la naturaleza de esta batalla, hay que retroceder hasta Antonio Gramsci, que observó que el poder no se mantiene únicamente con coerción, sino con consenso. Lo que él llamaba hegemonía cultural es la capacidad de una clase o grupo de presentar sus valores como universales, como sentido común.

Esta idea ha sido reinterpretada y simplificada por parte de actores políticos de todo el espectro ideológico. Si la cultura es el campo de batalla decisivo, entonces la escuela, los medios, la universidad, incluso el entretenimiento, se convierten en un frente.

El resultado es una expansión del conflicto: todo es político, pero en un sentido reducido, y el debate ya no gira en torno a políticas públicas sino de símbolos. La bandera, el lenguaje, el currículum escolar o una campaña publicitaria se pasan a interpretar como signos de una ofensiva o de una resistencia.

La mutación del debate público

A diferencia de las disputas clásicas sobre economía o gobernanza, la guerra cultural opera en el terreno de los sentimientos. No se trata de cuántos impuestos pagar sino de qué es justo; no se trata de qué política migratoria es más eficiente, sino de quién tiene derecho a pertenecer.

Este desplazamiento tiene consecuencias estructurales. Las posiciones se vuelven menos negociables porque están arraigadas en identidades. En este contexto, el compromiso no es visto como una solución, sino como una rendición.

La filósofa Hannah Arendt advertía que la política necesita un mundo compartido de hechos para funcionar. Cuando este mundo se fragmenta y cada bando opera con narrativas excluyentes el debate deviene inviable. La guerra cultural, en su forma más extrema, no es solo un desacuerdo sobre valores, sino una divergencia sobre la realidad misma.

Si esta dinámica ha adquirido una intensidad particular en las últimas décadas, es en gran parte por la transformación del ecosistema informativo y de los medios de comunicación. Las plataformas digitales no son neutrales: amplifican contenidos que generan reacciones fuertes como indignación, miedo y reafirmación identitaria.

El resultado es una economía de la atención basada en el conflicto. Las narrativas más extremas no solo circulan más deprisa, sino que se recompensan con visibilidad. Algunos medios, también pretendidamente serios, tienen incentivos económicos para radicalizar o vulgarizar el discurso.

En este entorno, figuras políticas como Donald Trump y la extrema derecha europea han demostrado una habilidad singular para convertir la provocación en capital político. Su estilo no es un accidente, sino una adaptación a un sistema que premia la transgresión y la simplificación. El conflicto constante no es un subproducto de su liderazgo; es su gasolina.

La instrumentalización del conflicto

La guerra cultural, así, deja de ser un reflejo de tensiones sociales para convertirse en una estrategia deliberada. Actores políticos identifican temas con un alto potencial movilizador como el género, la inmigración y la religión y los amplifican hasta convertirlos en ejes centrales del debate.

Esta instrumentalización tiene varios efectos. Por un lado, desplaza otras cuestiones y problemas complejos como la desigualdad o el cambio climático, que quedan relegados porque no generan la misma inmediatez emocional. Por otro lado, se simplifica la realidad: las cuestiones se presentan en términos binarios, sin matices. Finalmente, se construyen enemigos: el oponente no es considerado un adversario legítimo, sino una amenaza moral y emocional.

Este último punto es especialmente relevante porque cuando la política se convierte en una lucha existencial, la lógica democrática, basada en la coexistencia y el desacuerdo, se erosiona. A diferencia de los conflictos tradicionales, la guerra cultural no ofrece resoluciones claras. No hay un momento de cierre. Cada avance es provisional, cada derrota es reversible. Esto genera una sensación de lucha permanente.

En un contexto de confrontación constante, el lenguaje mismo se convierte en un instrumento de poder. Controlar las palabras es, en parte, controlar el pensamiento. Esto se manifiesta en disputas sobre terminología, sobre qué se puede decir y cómo. Estas disputas no son triviales; reflejan una lucha más profunda por definir los límites del debate.

Las sociedades pluralistas siempre han contenido desacuerdos profundos. El problema aparece cuando estos desacuerdos se transforman en una lógica de victoria y derrota. Cuando cada tema se percibe como una batalla decisiva, la confianza en las instituciones se degrada. Los tribunales, los medios y las universidades dejan de ser espacios comunes y pasan a ser percibidos como instrumentos del otro bando. Esta desconfianza es corrosiva. Sin un mínimo de confianza compartida, la deliberación democrática es inviable. Quizás la pregunta central no es cómo ganar la guerra cultural, sino cómo evitar que lo devore todo. Esto no implica eliminar el conflicto sino limitar su expansión. Recuperar espacios de desacuerdo no existencial. Reconocer la complejidad sin convertirla en debilidad. Aceptar que la política no se puede reducir a identidad excluyente sin que pierda la capacidad de gobernar.