El derecho a comer en la escuela

Hay derechos que, una vez universalizados, dejan de discutirse. Nadie se pregunta hoy si hay que haber cotizado lo suficiente para tener derecho a ser atendido en un hospital público. Pero hasta 1986 era exactamente así. La ley general de sanidad impulsada por Ernest Lluch cambió esta lógica: la salud dejaba de ser una prestación vinculada a la cotización para convertirse en un derecho de ciudadanía. Este año se cumplen cuarenta años de aquella ley, y la Fundación Ernest Lluch —de la que soy patrona— ha recibido la Creu de Sant Jordi. Pero, más allá de todo lo que consiguió aquella reforma —y de lo que queda pendiente—, hay una idea de fondo que todavía no hemos sabido extender a otros ámbitos.Cuarenta años más tarde, tenemos otro debate sobre la universalización. La cobertura para todos del comedor escolar —hoy un servicio que depende de si las familias pueden pagarlo o si pueden demostrar que se encuentran en una situación de pobreza o exclusión social— se ha abierto paso hasta el Parlament. La pregunta de fondo es la misma de aquel 1986: ¿a quién pertenece este derecho?Lideramos los rankings de pobreza infantil en Europa. Más del 7% de los niños no tienen garantizada una ingesta mínima de proteínas cada dos días, una cifra que no ha dejado de crecer en los últimos años. Al mismo tiempo, casi tres de cada diez niños tienen exceso de peso, por encima de la media europea. Dos datos que parecen contradictorios, pero que comparten la misma explicación: la renta. La malnutrición por pobreza hoy no es pasar hambre. Es comer mal: productos ultraprocesados, calóricos y nutricionalmente vacíos.Y aquí es donde la lógica de las becas comedor muestra sus límites. Si el problema de la pobreza infantil es estructural, la solución no puede depender de demostrar que eres lo bastante pobre para merecer la ayuda. El espacio de comedor no puede ser una ayuda social. Es parte de la jornada escolar —los niños pasan cerca de un tercio de su tiempo en primaria—, y la educación es un derecho garantizado para todos. Además, las políticas focalizadas tienen un coste oculto: estigmatizan, generan burocracia y pueden acabar debilitando el apoyo social que las sostiene. La universalidad, en cambio, construye derecho.No es una utopía escandinava: es una realidad europea. Finlandia lleva setenta y cinco años garantizando una comida caliente diaria a todos sus alumnos. Pero ahora también lo hacen Croacia y Eslovenia —por cierto, con amplios consensos parlamentarios y con un notable impulso ciudadano—. Londres tampoco esperó al poco productivo gobierno británico y ya ha servido más de 100 millones de comidas escolares universales. La evidencia internacional es contundente: los beneficios en salud, educación e igualdad superan ampliamente la inversión inicial.En 1986 decidimos que la salud no podía depender de la renta. Ahora toca decidir lo mismo sobre la alimentación escolar.