Financiación autonómica: no vamos a la ordinalidad sino a la igualdad
En las últimas dos semanas se han publicado un buen número de opiniones sobre la propuesta de financiación autonómica acordada entre ERC y PSOE. Muchas de estas opiniones se han referido al principio de ordinalidad, y creo que una aclaración es oportuna.
El sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común se compone fundamentalmente de dos operaciones de reparto. La primera consiste en la división de los recursos recaudados por el Estado: una parte se la queda éste para hacer frente a sus competencias (defensa, orden público, alta dirección, infraestructuras "de interés general", pensiones no contributivas, etc.) y otra la asigna al conjunto de las comunidades autónomas para que hagan frente a las suyas (sanidad, enseñanza, servicios sociales, etc.). La propuesta implicaría reducir la primera proporción en beneficio de la segunda por un importe de 21.000 M€ asignándole una mayor proporción en la recaudación de los grandes impuestos (del 50 al 55% del IRPF, del 50 al 56,5% del IVA, etc.). A menudo se ha dicho que estos 21.000 M son "nuevos" o "adicionales"; sería más correcto decir que son reasignados.
La segunda operación consiste en dividir esa segunda cantidad entre las 15 comunidades autónomas. Hay dos principios que podrían regir esta segunda división y que todo el mundo entendería: la igualdad y la ordinalidad. El primero consiste en dividir el total entre la población -"ajustada" o no en función de elementos correctores- y asignar a cada comunidad la cantidad que le corresponda en función de su población. El segundo principio –la ordinalidad– consiste en establecer que, para establecer un incentivo al dinamismo económico, debería haber diferencias, pero que éstas deberían responder a la aportación: las comunidades autónomas que hayan aportado más impuestos –porque tienen mayor renta– deberían tener más recursos para dedicar a financiar los propios servicios públicos; es decir, que si una comunidad ha aportado más per cápita, no puede recibir menos, también per cápita.
El problema es que hoy las diferencias, muy grandes, no responden a ningún criterio razonable, y en ningún caso a la aportación. En palabras de un experto, parecen el resultado de una rifa, y, de hecho, son el resultado de aplicar mecanismos complicados y más arbitrarios que justos.
El reparto pactado por PSOE y ERC no es mucho más racional –aunque sí más sencillo– que el actual. Esencialmente, mantiene el orden actual: la mejor financiada sigue siendo Cantabria y la peor Valencia, pero lo que sí hace es reducir mucho las diferencias, ya que las que mejorarían menos su financiación serían las que ahora están recibiendo más (Cantabria, Asturias, Aragón...) y las que mejorarían más serían las que hoy están recibiendo menos (mañana). Es cierto que, además, existe alguna modificación del orden, pero estos cambios sólo son importantes si los medimos en términos de "población ajustada", que es una métrica muy poco consistente; en términos de financiación per cápita, el orden es similar al actual (aunque Cataluña mejoraría un poco).
En definitiva, aunque el principio de ordinalidad se acordó entre ERC y PSC en el pacto de investidura de Salvador Illa, lo cierto es que la propuesta apunta mucho más a la igualdad que a la ordinalidad. Y hay que decir que lo que se ha avanzado en esta dirección es significativo: si ahora, por cada 4 € que recibe Cantabria, Valencia sólo recibe 3 (¡para financiar los mismos servicios!), ahora recibiría 3,3 (y Cataluña 3,5).
Que avanzamos hacia la igualdad en lugar de hacerlo hacia la ordinalidad no me parece preocupante. En primer lugar porque la igualdad me parece aceptable (de hecho, el sistema alemán es esencialmente igualitario), y en segundo lugar porque no deja de ser un caso extremo de la ordinalidad: si todo el mundo recibe lo mismo, nadie puede decir que, aportando más, recibe menos.
Como la igualdad es un principio razonable, creo que acabará imponiéndose; es decir, no me extrañaría que en un máximo de dos reformas del sistema, todas las comunidades autónomas acaben recibiendo los mismos recursos per cápita (para financiar los mismos servicios) que Cantabria (¡desde Cataluña, ya firmaríamos este resultado!). Una vez llegados a este punto, creo que resultará imposible introducir diferencias para que los que más hemos aportado (Madrid, Baleares, Cataluña) recibamos más. La igualdad me parece, pues, que forma parte de la estación de llegada de las reformas del sistema.
Otra cuestión es el tema de la gestión de los impuestos, que era el auténtico caballo de batalla de la financiación singular propuesta por ERC, y un frente en el que la propuesta que ahora tenemos sobre la mesa solo presenta modestos avances.