Francisco Cambó, 1934
En esta semana horribilis para el sistema ferroviario y para la movilidad de los catalanes, todo el mundo está tirando de hemeroteca para constatar la dinámica circular, sisífica, de la política catalana. En el 2007, pronto cumplirá veinte años, una manifestación masiva (la primera con profusión de esteladas) denunció el déficit en infraestructuras. En el mismo año, las élites económicas hicieron un gran acto en el Iese para pedir el traspaso de la gestión del aeropuerto de El Prat al gobierno catalán. Síntomas claros de la tormenta que empezaba a congriarse. Ya sabemos que la historia nunca se repite, pero también sabemos que hay algunas constantes en nuestro hilo temporal que cuestan desmentir. Casi podríamos citar a Francesc Cambó que proclamaba en las cortes republicanas: "Pasará este Parlament, caerán regímenes, desaparecerán los partidos, pero el hecho vivo de Catalunya subsistirá". La cuestión es determinar en qué consiste éste hecho vivo.
Si nos basamos en esta semana, lo que seguro subsiste es la paradoja de una situación macroeconómica favorable con unos servicios públicos tensionados y deficientes; la certeza de un maltrato financiero que ya no es coyuntural, sino que responde a una política consciente ejecutada durante décadas por administradores de todo signo. Pasan los parlamentos, caen regímenes, cambian los partidos, pero el hecho vivo del desastre de Renfe subsiste, como símbolo de un fenómeno de mayor vuelo que es la desinversión intencionada, el expolio fiscal continuado. Si añadimos el crecimiento demográfico y los precios de la vivienda, tenemos ante un polvorín. Son agravios de fondos, sistémicos, que los recientes acuerdos obtenidos por ERC –respecto al servicio de Cercanías y la financiación autonómica– podrán atenuar (si nunca se aprueban), pero no los resolverán de forma completa.
En el cabreo general que genera esta situación, en Catalunya hay dos grupos: los que se sienten maltratados "basta" y los que, además del maltrato, sufren la sensación insufrible de la minoría de edad, de ser tratados como niños irresponsables. Estos son los que hace dos décadas dieron la vuelta hacia el soberanismo. Porque percibieron en el maltrato una raíz política, y porque decidieron que lo de echar las culpas a España quizás resultaba fácil y placentero a los gobernantes autonómicos, pero no era saludable ni era propio de una sociedad madura como es la nuestra. El Proceso no tuvo sólo como motor el agravio, sino también las ansias de recuperar el control, de hacer de Catalunya al ama de sus errores y de sus aciertos, al menos en una cuestión tan básica, tan doméstica, como es la movilidad de sus ciudadanos. Desgraciadamente, el callejón sin salida en que acabó la aventura independentista nos ha devuelto a la casilla de salida.
Hay una novedad interesante en los hechos de esta semana: el PSC ya tiene ahora más problemas para imponer su relato de la "normalización". Por mucho que se esfuercen en hablar de buen gobierno –en contraste con el alocado período del Proceso–, la realidad terca les está diciendo que hacer bondad y bajar la temperatura social no hace que los problemas sistémicos se resuelvan. Creo que Salvador Illa quiere ser considerado un presidente eficiente, pero hechos como los de esta semana le enmiendan la llanura, porque la eficiencia política depende del poder que se puede ejercer, y el poder de la Generalitat es lo que es, basta. Isla quiere liderar "el gobierno de todos", pero lo único que afecta a todos, se sienta catalán o español, es el declive de los servicios públicos. Por suerte para el PSC, el cabreo colectivo no tiene ahora mismo un reflejo político sólido. Pero el hecho vivo de la disonancia catalana, que es un fenómeno del espíritu, pero también tiene que ver con la necesidad de llegar puntual al trabajo, subsistirá.