El 29 de enero de 1981, en el consejo de ministros, el presidente del gobierno Adolfo Suárez dimite. "Me voy sin que me lo hayan pedido [...] Me voy para que no se interrumpa abruptamente este sistema de libertades, por el que he sufrido un gran desgaste [...], pero ha merecido la pena. Si mi sacrificio sirvió un día para construir la democracia, éste debe servir para que no la destruyan." "He perdido la confianza de los poderes fácticos, he perdido la aceptación de la prensa, he perdido la legitimidad ante la oposición, he perdido la credibilidad de buena parte de nuestro electorado, he perdido mi propio partido [...]". El momento es solemne. El ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún, inoportunamente, pide la palabra y anuncia el nombramiento del general Alfonso Armada como segundo JEME (jefe del estado mayor del ejército). El presidente Suárez le fulmina con la mirada.
"Presidente, sé que un destino militar se hace por orden ministerial y no debe venir del consejo de ministros, ¡pero es que éste me lo ha pedido el rey!"
"Los nombramientos y destinos militares –le responde Suárez– les decide el gobierno y no el rey. Y puesto que ha salido el tema, quiero que conste mi disconformidad". Y, mirando a Rafael Arias-Salgado, que como ministro de la Presidencia es quien levanta actos de los consejos de ministros: "Este nombramiento se ha hecho a mi espalda, sin mi consentimiento y contra mi criterio, que claramente expreso aquí".
El 24 de febrero de 1981, pasado el golpe de estado, se convoca a la Junta de Defensa Nacional de España a las 17 h. Primero escuchan el minucioso relato de Francisco Laína, secretario de estado de Seguridad, de lo que sucedió dentro y fuera del Congreso el día antes. La Junta la preside el rey y asisten el vicepresidente Gutiérrez Mellado, los ministros de Interior y Defensa, Rosón y Rodríguez Sahagún, y los cuatro miembros de la Junta de Jefes del Estado Mayor, los tenientes generales Emiliano Alfaro Arregui, Ignacio Alfaro Arregui y José Gab Pelluz. Cuando Francisco Laína pone la grabación de la conversación entre Tejero y García Carrés, en la que éste dice que Armada fue al Congreso porque lo que quería era "una poltrona" y que "igual podía entrar en un gobierno con socialistas y comunistas que en uno de una junta militar que presidiría él", el rey se tapa la cara con las manos y se frota los .
La tendencia general del debate en la Junta de Defensa Nacional de España es encontrar una solución para no tener que juzgar a los generales golpistas. El presidente Suárez ve que pierde la discusión porque "suficientes problemas tenemos para juzgar ahora a altos jefes del ejército". Suárez, dirigiéndose a Gabeiras, jefe del estado mayor del ejército, le ordena la inmediata destitución del general Armada, segundo JEME, "y mañana el ministro de Defensa decidirá si le detiene o no". "¡No, Armada no! –dice Gabeiras mirando al rey– Armada no!" Suárez responde intempestivamente: "General Gabeiras, ¡no mire al rey, mírame a mí, que le estoy dando una orden!" La posición firme del presidente Suárez hace que se lleven a juicio y se condene a penas de prisión a los actores principales del golpe de estado, aunque no todos. Para este relato he utilizado referencias deAnatomía de un instante, de Javier Cercas, yLa gran desmemoria, de Pilar Urbano.
Había un conflicto entre dos rebeliones: una en marcha de Tejero y Milans, que pretendía que una junta militar gobernara España, y una más política en incubación, que pretendía que un gobierno de coalición de todas las fuerzas políticas –presidido por un general– estabilizara a España, que sufría entonces un terrorismo de ETA desatado, un inicio de los gobiernos "rotura de España", y una crisis económica profunda. El choque hace que ninguna de las dos rebeliones triunfe. La precipitación de la rebelión militar, con los tanques callejeros en Valencia, hace inviable el golpe de estado más político, y también más lento, planeado por Armada. La dimisión del presidente Suárez salvó al Estado, dejó a los golpistas sin enemigo inmediato. Las palabras del presidente Suárez en su dimisión ("Me voy para que no se interrumpa este sistema de libertades por el que he sufrido un gran desgaste") fueron premonitorias. En esa dimisión tuvo una razón decisiva la desafección del rey hacia el presidente Suárez.
La responsabilidad política del golpe de estado está en quienes lo ejecutaron, pero no menos en todos los que no detuvieron los procesos cuando era posible y animaron y atizar a quienes proponían soluciones sencillas, que nunca resuelven nada.
Es una opinión personal, quizás no compartida, pero el mejor presidente de gobierno de España en el siglo XX ha sido Suárez, por lo que hizo –ayudar de forma determinante a llevar la democracia– y lo que no dejó hacer –que triunfara el golpe de estado–. El Estado no le trató como se merecía. En España ésta es una constante histórica.
Nunca sale todo como queremos y las consecuencias del golpe de estado todavía las sufrimos. La Loapa, la ley de armonización autonómica, las dificultades en el desarrollo del Estatut catalán, y posiblemente los GAL, fueron malas consecuencias, no sólo para los catalanes, sino para todos los españoles.
