Gaza y el hambre como castigo político

Todos hemos visto ya las constantes imágenes de miles de personas de Gaza haciendo cola, o peleándose, para obtener algo de comida, y también de los niños esqueléticos y los primeros muertos por inanición, cerca de un centenar, en un episodio de hambre rara vez vista en las últimas décadas. Y todo por la decisión de Israel de impedir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, con el propósito de matar o desplazar al exterior a toda la población de Gaza, en una limpieza étnica de manual. Israel ha impuesto un bloqueo total a Gaza, restringe la entrada de alimentos, obliga a cerrar los hornos por falta de combustible y practica el apetito, es decir, provocar apetito de forma expresa, como arma de guerra y como castigo político hacia toda la población palestina, no a Hamás.

Todo lo que se ha dicho sobre la situación actual, sin embargo, no es más que la culminación de un proceso político para hambriento a los palestinos que empezó hace casi dos décadas. Ya en la Segunda Intifada, concretamente en abril de 2002, la FAO advirtió que aumentaba el apetito y la malnutrición en la población palestina de la Franja de Gaza y Cisjordania. El bloqueo total que estaban sufriendo paralizó a la economía palestina, dependiente en gran medida de Israel y ya seriamente afectada por los cierres de fronteras frecuentes, hasta el punto de que se encontraba en aquellos momentos en situación de extrema inseguridad alimentaria.

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Seis años más tarde, y tras una escalada de las hostilidades en junio del 2007, nuevamente la FAO señaló que, desde el estallido de la Segunda Intifada, en el 2008 Cisjordania y la Franja de Gaza siguieron sufriendo graves consecuencias económicas, humano El principal factor de la inseguridad alimenticia palestina era de carácter político. El aumento de los puestos de control en Cisjordania, los frecuentes cierres del cruce de Karni, la restricción de la circulación de personas y bienes, la expansión de los asentamientos y la falta de acceso a recursos clave eran procesos que perpetuaban la crisis de los medios de subsistencia.

En 2014, más de una cuarta parte de los hogares palestinos estaban clasificados en situación de inseguridad alimentaria, lo que representaba alrededor de 1,6 millones de personas. Se dividían en partes iguales entre personas con severa o moderada inseguridad. En 2018, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) describía a Palestina como un territorio donde casi un tercio de la población no disponía de los medios para adquirir alimentos nutritivos. La inseguridad alimentaria era elevada entre las mujeres –el 32% de las familias encabezadas por mujeres sufrían inseguridad alimentaria– y especialmente en la Franja de Gaza, donde alcanzaba su punto máximo, con el 54%. Las condiciones humanitarias en Gaza –donde la pobreza y la inseguridad alimentaria afectaban al 53% y al 68,5% de la población, respectivamente– seguían deteriorándose a un ritmo alarmante.

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El panorama aquí descrito no puede entenderse con el puro análisis político convencional, ya que las sistemáticas violaciones y el indisimulado desprecio de las normas más elementales del derecho humanitario, o de la simple humanidad que debería caracterizar a los seres vivientes, desaparecen completamente en el caso palestino, y en especial en Gaza, donde en Gaza, en especial se han elaborado. Disponemos de infinitos ejemplos de casos y conocemos muy bien el alto coste que se paga al empeñarse en seguir este juego macabro, especialmente cuando una de las partes, Israel, tiene como norma hacer pagar por multiplicado cualquier agresión. Aunque el conjunto de Palestina paga por ello, las diferentes realidades políticas y económicas de Cisjordania y Gaza se han cebado en esta última región, al ser doblemente prisionera, a manos de Israel y de la estrategia de Hamás, en un círculo vicioso de retroalimentación, y con el castigo, en todas sus variantes, como forma de vida instalada escarmiento político estratégico juega por desgracia un rol determinante en esta sinrazón.