Gobernar bien empieza por el padrón

Estos días muchos estamos revisando que nuestro pasaporte –y los de la familia– no haya caducado antes de marcharnos de vacaciones. Este documento no nos da la nacionalidad: solo acredita la que ya tenemos. Pero todos sabemos qué pasa si el día antes del viaje no lo encontramos, ha caducado o no hemos conseguido renovarlo: que, por mucho que tengamos derecho a viajar, no subiremos al avión.Con el padrón pasa algo parecido. Pero lo que nos jugamos no son unas vacaciones, sino poder ir al CAP, matricular a los hijos e hijas en la escuela o acceder a los servicios sociales. Y el padrón es más que una puerta de entrada a estos derechos. La ley lo define como el registro administrativo de los vecinos de un municipio. Es la herramienta con la que un ayuntamiento sabe quién vive en su territorio. Por eso empadronarse no es ningún favor, sino una obligación legal compartida: nuestra, de inscribirnos allí donde vivimos; y de los ayuntamientos, de inscribir a todas las personas que residen allí, incluso iniciando el trámite de oficio si no lo piden.Pues bien, esta segunda obligación demasiado a menudo no se está cumpliendo. Lo muestra un informe de ECAS, a partir de un sondeo que hemos elaborado desde KSNET a más de medio centenar de entidades sociales: las trabas al padrón no son casos aislados. En 40 de los 60 municipios analizados las entidades detectan importantes barreras administrativas al empadronamiento. Ninguno de los 60 aplica con agilidad el empadronamiento sin domicilio fijo, la vía prevista para las personas que no pueden acreditar una dirección estable, y en 29 alguna entidad señala que directamente no se ofrece esta modalidad de empadronamiento. No es un problema de un determinado color político: los hay de todos, incluidos algunos de los que firmaron el Pacto por el Padrón en el Parlament.Quien no consta en el padrón no desaparece. Continúa viviendo en el municipio, cogiendo el autobús y poniéndose enfermo. Lo único que desaparece es su existencia en los datos con que se decide cuántas plazas de guardería, cuántos médicos de familia o qué recursos necesita cada barrio. Un padrón incompleto no solo deja personas fuera del sistema; también dibuja un municipio que no existe.Y cuando un trámite obligatorio y gratuito se convierte en un bien escaso, aparecen intermediarios. El mismo día que se presentaba el informe, dos personas eran detenidas en Badalona por cobrar entre 500 y 1.000 euros por empadronamientos falsos. El mercado negro no es una anomalía del sistema: es una consecuencia. Y mientras la aplicación del padrón continúe dependiendo de la discrecionalidad de cada municipio, continuará existiendo.Cuando perdemos el pasaporte, los que nos quedamos en tierra somos nosotros. Cuando alguien no consigue empadronarse, quien también pierde es el municipio: deja de saber quién vive allí y, por lo tanto, qué necesita. Unos servicios públicos planificados para menos gente de la que realmente vive allí los acabamos sufriendo todos, tanto los que trabajan allí como los que los utilizamos. No hace falta ningún trato excepcional ni ninguna reforma legal: solo que la ley se aplique. Porque contar bien la población no es un trámite administrativo más. Gobernar bien empieza por saber a quién gobiernas.