Por qué no has entrado al grado que querías?

Si el lector tiene a su alrededor jóvenes en edad de acceder a la universidad, probablemente debe haber oído la misma historia más de una vez: gente que supera el bachillerato y las PAU con buena nota y que, a pesar de todo, no consigue entrar en los estudios que querría. Entonces toca conformarse con estudios que no eran los preferidos o, quien pueda pagarlo, optar por una universidad privada.

No son casos anecdóticos. Si miramos los datos, veremos que es un problema sistémico que hace años que se está gestando y no se ha afrontado, esperando que la demografía lo solucionara. Entre el 2020 y el 2025, el número de solicitantes en primera preferencia en las universidades públicas catalanas y la UVic ha crecido de 55.815 a 62.238 (provisionalmente, en 2026 ha bajado hasta los 59.653 solicitantes), mientras que la oferta de plazas casi no se movió: de 40.213 a 41.866. Cuando mucha más gente se disputa prácticamente las mismas plazas, el resultado es inevitable: las notas de corte suben y más estudiantes quedan fuera. La mediana de la nota de corte pasó de 5,92 en 2016 a un 8,16 en 2026, cosa que en ningún caso se explica por una inflación de notas.

A pesar del ligero descenso, la presión continúa siendo muy elevada: este año, uno de cada cinco estudiantes preinscritos no ha obtenido plaza en el sistema público, y el 40% de los que han obtenido plaza no podrá estudiar el grado que había marcado como primera preferencia. Si tenemos en cuenta, además, que hay estudiantes que ya no indican su primera preferencia real en las solicitudes, este porcentaje es todavía más elevado.

Todo ello es consecuencia de años de retraso: mientras crecía la demanda, las universidades no tenían capacidad de ofrecer más plazas. Hay dos razones fundamentales. La primera, y principal, es la cronificación de la infrafinanciación de nuestro sistema universitario desde los recortes derivados de la crisis de 2010-2014. Según el informe publicado en febrero de 2026 por CCOO, si en 2010 la inversión era de 9.249 euros por alumno, en 2023 todavía no se había recuperado de los recortes de 2013: se situaba en 8.276 euros, que en términos reales equivalen a 6.375 euros de 2010. Con datos provisionales, en 2025 estaríamos en unos 8.858 euros aproximadamente, que equivalen a unos 6.475 euros de 2010. Como ocurre con otros servicios públicos, el estrés al que está sometida la universidad pública hace imposible que pueda responder adecuadamente a una demanda que ha crecido de manera significativa.

Por otro lado, más allá de la crónica insuficiencia de recursos, nuestras universidades públicas operan en un contexto de hiperregulación y rigidez que dificulta mucho que se puedan adaptar a los cambios sociales y económicos. Abrir, cerrar o reformar titulaciones requiere procesos burocráticos largos y complejos, que pueden durar hasta tres años y en los cuales intervienen diversos estamentos de la misma universidad, la AQU, la Generalitat y el Estado.

La combinación de falta de recursos y burocracia tiene consecuencias. La más visible es el crecimiento de las universidades privadas. El caso de Madrid, del cual se ha hablado mucho, es quizás el más extremo. Pero en nuestro país la tendencia ha sido la misma. El curso 2023-2024, el último del cual hay datos en el Idescat, los estudiantes de centros privados representaban un 18% de los matriculados en grados oficiales presenciales. Si contamos la UOC, el porcentaje es todavía más elevado. Y si nos fijamos en los estudios de máster, aún más. Un caso que quizás merece una mención especial es el del máster de formación del profesorado de secundaria, que se convirtió en obligatorio sin que se ofrecieran suficientes plazas en el sistema público. Esto deriva cada año a miles de estudiantes hacia universidades privadas, muchas de las cuales a distancia y, en algunos casos, de calidad dudosa.

Todo esto tiene consecuencias importantes. Por un lado, en términos de calidad: en nuestro país la investigación de primer nivel se realiza principalmente en los centros públicos y, aunque no siempre permea lo suficiente en la formación de los estudiantes, lo hace en una medida mayor que en centros donde la actividad investigadora es escasa o inexistente. Por otro lado, la desmotivación de los alumnos que no entran en su primera preferencia es muy elevada, y esto agrava problemas como el absentismo o el abandono. Además, este déficit de plazas públicas tiene efectos sociales evidentes: la opción de la privada solo está al alcance de quien puede pagarla y, por tanto, se rompe la lógica meritocrática del acceso a los estudios superiores basada en la nota. Esto reproduce, refuerza y cronifica desigualdades sociales.

Cuando se plantea este problema, a menudo la respuesta es que las previsiones apuntan a un descenso de la demanda debido a la bajada demográfica. El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas publicó recientemente un informe que cifraba la reducción esperada de la demanda de estudios universitarios en Cataluña entre 2026 y 2041 en un 5,8%. Es una bajada muy modesta, que en ningún caso resolvería el problema. Incluso si la reducción fuera más marcada, como apuntan otras previsiones, sin una recuperación de los recursos y una mayor flexibilidad, las universidades públicas de nuestro país no podrán afrontar con garantías los retos que plantean los cambios sociales, tecnológicos, económicos y generacionales.