Grados de catalanidad
La pregunta no es “quién es catalán” administrativamente, lo cual está bien reflejado en el Estatut (que no votamos, pero que está vigente): oficialmente, lo son “los ciudadanos españoles que tienen vecindad administrativa en Cataluña”. Después vienen las definiciones menos administrativistas. La más famosa, la formulada por el presidente Pujol: “Es catalán todo aquel que vive y trabaja en Cataluña... y quiere serlo”. Esta definición (válida para mí) se salta el requisito de ir a comisaría y de saber qué pone en tu DNI, que, en cambio, es el criterio funcionarial. Este último criterio es suficiente, pero, para sacar el agua cristalina: si esto fuera así, Mariano Rajoy no habría salido a poner en discusión la francesidad de los jugadores franceses o José María Aznar no haría referencia a “una mayoría nacional” para referirse a los partidos como PP, PSOE o Vox (excluyendo al resto, que no serían “nacionales”). La definición administrativista, por tanto, no acaba el debate sino que lo empieza. Quizás sea suficiente para las mentalidades partidarias de la apertura máxima, de la multiculturalidad y de la mínima diferenciación identitaria, para las cuales el papel debería ser suficiente y hasta obtenerlo debería ser muy fácil. Y he de admitir que la ley, en efecto, es el espacio de más objetividad: si el Estatuto dice esto, esto va a misa. El problema es que ya hace muchos años que no vamos a misa, que la ley de Dios tiene muchos peros y que hasta de la ley de la gravedad deberíamos hablar. Las leyes cambian, en teoría, en función de los parlamentos. Y, en segundo lugar, las leyes no dicen siempre la verdad y menos aún toda la verdad. Si fuera así, Cataluña no es una nación. Un concepto que la inmensa mayoría de catalanes identificamos como cierto, pero que, legalmente, no aparece reconocido en ningún sitio. Como las teorías de Galileo en su época, vamos.
¿Hay grados de catalanidad? ¿De españolidad? ¿De anglosidad? Yo diría que todos sabemos que sí: de entrada, un recién llegado aún no familiarizado con la sociedad y las costumbres se acercaría al nivel mínimo, mientras que los famosos “ocho apellidos” se podrían identificar con el nivel máximo (sin que esto deba comportar, necesariamente, privilegios ni discriminaciones). Los grados existen, y de aquí el debate, y de aquí el problema: mi grado de españolidad, por ejemplo, se parece perfectamente al de aquel inmigrante recién llegado a una comunidad y que ha obtenido el papeleo, pero que ni se siente, ni se reconoce, ni se quiere sentir identificado con la bandera que dice el documento de supuesta “identidad”. Para entendernos, soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, pero a pesar de esta anomalía (que puedo resolver o no), soy un ciudadano. Y este es el tema: hasta qué punto la condición de ciudadano la desvinculamos, completamente o parcialmente, de la adscripción. Del sentimiento, del “y quiere serlo” de Pujol. Si yo jugara en la selección española, por ejemplo, sería como aquellos jugadores de la selección francesa que no cantaban el himno... ay, perdón, que en la selección española tampoco hay ninguno que cante. A nadie se le escapa que, como independentista (es decir como ciudadano español de grado cercano a cero), tengo menos derechos que los otros ciudadanos españoles. Tengo mucho más riesgo de persecución, de espionaje, de inspección, de acusación discrecional, etcétera. Y menos posibilidades de aplicar mi programa político, incluso si gana. No pasa nada, para eso están las emancipaciones: el caso es que esto de la igualdad de derechos de los ciudadanos es tan relativo que deviene falso. Los independentistas, y no los inmigrantes, somos la prueba viviente de que disponer de una nacionalidad no confiere los mismos derechos sino una diversa y selecta gradación en su aplicación. No es el califato quien amenaza mis derechos como ciudadano, o simplemente como persona: es la “mayoría nacional”, y lo es desde hace más de 300 años. Por eso Cataluña debe ser ejemplar en el reconocimiento de derechos. Debería tener voz y voto en la capacidad de absorción de inmigración, y en la fijación de las condiciones de integración, sí, pero después debe ser perfecta e inmaculada en el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos. Que después la gente se sienta más de aquí, o menos, depende en buena parte de lo respetados que se sientan (obligaciones aparte, como ya he dicho). Las graduaciones de nacionalidad existen, y mucho que sí, pero sirven para hacer sociología y política. Incluso para hacer políticas. En cambio, con los derechos, por favor, no juguemos.