BarcelonaEl Defensor del Pueblo, una de las vías que el gobierno español ofreció para aclarar el escándalo Pegasus, ha cerrado este miércoles su investigación sin resolver ninguno de los interrogantes que quedan. Ángel Gabilondo, nombrado por el PSOE, se limita a consignar que las interlocutorias judiciales que justifican el espionaje a 18 independentistas catalanes están argumentadas de manera satisfactoria y que, por lo tanto, no hay ninguna irregularidad. Como mucho, se atreve a sugerir que la ley que regula el aval judicial a las escuchas, que data del 2002, ha quedado desfasada y quizás se tendría que actualizar, puesto que los mecanismos actuales de espionaje no tienen nada que ver con los que había hace 20 años.
De este modo, dos de las vías ofrecidas por el gobierno español para aclarar los hechos, esta y la comisión de secretos oficiales, se han cerrado ya con unos resultados completamente decepcionantes. No solo no se aclara qué pasa con la sesentena de independentistas catalanes que fueron espiados con Pegasus según Citizen Lab ni qué sabía el presidente del gobierno cuando negociaba la investidura con uno de los espiados, el actual president de la Generalitat, Pere Aragonès, sino que no hay ninguna garantía de que se pueda intervenir teléfonos por el solo hecho de participar en el movimiento independentista.
La decisión del Defensor del Pueblo coincide con los audios del excomisario Villarejo que demuestran la existencia de una estructura política dentro de la policía que se dedicaba a perseguir a adversarios políticos del PP, como por ejemplo el independentismo; a torpedear la actuación de la justicia para esconder sus escándalos de corrupción, e incluso a perjudicar a personas concretas de la sociedad civil catalana como el expresidente del Barça Sandro Rosell.
Precisamente, este escándalo demuestra la existencia de lo que se denomina cloacas del Estado y la necesidad de abordar una verdadera operación de limpieza tanto en los cuerpos de seguridad del Estado como en el CNI. Pero el PSOE no parece que tenga mucho interés e insiste en que la llamada policía patriótica es cosa del pasado y del PP.
¿Pero qué garantías hay de que no hay elementos ideologizados dentro del CNI o de los cuerpos de seguridad que actúan por su cuenta? Si algo demuestran los audios de Villarejo es que esta policía patriótica no actuaba en el vacío, sino que había todo un entorno, formado también por jueces, fiscales y medios de comunicación, que participaban en estas operaciones ilegales. Sería ingenuo pensar que esto se arregla con un simple cambio de gobierno y, de hecho, la insistencia de Sánchez y Robles en defender el CNI hace pensar que están sometidos al chantaje de estas estructuras del estado profundo.
De entrada, es necesario que se apruebe una comisión de investigación pública en el Congreso sobre estas cloacas del Estado que tendría que incluir el espionaje a los independentistas: el legal –que continúa siendo un escándalo democrático– y el ilegal. Y después hay que reformar tanto la ley de secretos oficiales como la del CNI. Al PSOE se le acumula trabajo en la recta final de la legislatura. Pero es el único camino transitable si quiere mantener la mayoría de la investidura.
