¿Más inmigrantes pero con menos derechos?

Hasta hace poco en Catalunya había un consenso político favorable a la inmigración. Por parte de la derecha, porque la inmigración proporciona una mano de obra —en casa, en el campo y en la fábrica— en ausencia de la cual habría que subir salarios, o proceder a una costosa automatización de procesos, o cerrar. Por parte de la izquierda, en aras de la solidaridad y de la historia de la clase trabajadora durante el siglo XX.

Catalunya no constituía una excepción, ya que de una u otra manera este tipo de posiciones se daban en nuestro entorno. Sin embargo, hace tiempo que en todas partes se está virando hacia posiciones mucho más restrictivas. Por parte de la izquierda, los primeros fueron los partidos socialdemócratas escandinavos cuando los empresarios empezaron a reclutar a trabajadores extranjeros para esquivar los convenios colectivos. Hoy, el gobierno danés –uno de los pocos de izquierdas en Europa– mantiene en vigor la "ley-joyería", aprobada en el 2016 a instancias de un gobierno de derechas y que tanto escándalo provocó fuera de Dinamarca, que permite incautar las joyas de las personas que piden asilo al país para financiar los costes que conllevará su mantenimiento.

Sin embargo, la mutación más radical se está produciendo en la derecha.

Aún ahora, los think tanks ortodoxos –empezando por el FMI y acabando por el Banco de España– siguen cantando las alabanzas de la inmigración, pero van tarde, porque los partidos están transitando de una derecha liberal a una derecha conservadora con el objetivo –en general exitoso– de conquistar el voto obrero y, en general, popular. El caso más paradigmático es Trump, obviamente, que está a punto de conseguir que el 2025 sea el primer año en la historia de Estados Unidos que el flujo migratorio sea negativo, para gran desesperación de multitud de empresarios que han fundamentado sus negocios en la inmigración irregular.

Quizás lo más sorprendente es la lentitud con la que este proceso está llegando a España y a Catalunya, dado que se trata del territorio que desde principios de este siglo está experimentando un proceso inmigratorio más intenso: si las poblaciones francesa, alemana o italiana han crecido respectivamente un 13%, un 2% y un 4%, las españolas y catalanas han crecido respectivamente un 20% y un 28%.

Digo que la mutación está llegando muy lentamente después de leer el plan migratorio del PP –presentado por Núñez Feijóo en Barcelona esta semana– y de releer la "hoja de ruta" presentada por Junts hace un año, a la que añado su propuesta sobre vivienda protegida presentada la semana pasada.

Los 10 puntos del PP y los 16 de Junts se parecen mucho, y se caracterizan por cuatro cosas. En primer lugar, tratan de transmitir que pondrán orden: uno centralizando las competencias y otro delegándolas a la Generalitat, uno asegurando que controlará mejor las fronteras y el otro que creará una agencia específica, etc. En segundo lugar, tratan de tranquilizar a sus votantes asegurándoles que los inmigrantes de hoy serán mañana ciudadanos como ellos: que hablarán castellano o catalán, según el caso, y que compartirán unos valores comunes. En tercer lugar, y muy tímidamente, ambos tratan de tranquilizar a sus votantes asegurándoles que restringirán el acceso por parte de los inmigrantes a ciertos derechos sociales: el ingreso mínimo vital en un caso, el acceso a la vivienda protegida en el otro. Finalmente, ambos evitan intranquilizar a los empresarios asegurándoles que no dejarán de encontrar a los inmigrantes que necesitan para cubrir sus vacantes.

Es inevitable concluir que este equilibrio entre tranquilizar a los votantes sin intranquilizar a los empresarios está condenado al fracaso. No porque el equilibrio sea imposible per se, sino porque es imposible al ritmo inmigratorio que estamos viviendo. En consecuencia, no me parece probable que las respectivas propuestas logren doblegar las expectativas electorales de Vox y de Aliança Catalana, que es su objetivo real. Preveo, por lo tanto, que la derecha irá transitando hacia una mayor restricción de los derechos de los inmigrantes, que no dejan de ser las posiciones de Vox y de Aliança Catalana en la medida en que estas se pueden identificar (lo cual está lejos de ser fácil). Es un camino equivocado, porque que los inmigrantes tengan menos derechos no ayudará a pacificar la convivencia, sino todo lo contrario. Parece que Pujol ya ha advertido a Junts de que esa opción –la contraria a la que él personalmente encarnó– llevaría al desastre como sociedad.

En definitiva, la derecha se está moviendo, pero todavía está lejos de donde inevitablemente tiene que llegar: a decirles a los empresarios especializados en la mano de obra barata que tendrán que prescindir de ellos. Y, por supuesto, a dejar de apoyar proyectos como el Hard Rock, porque soplar y sorber no puede ser.