Ir allí, ir allí, ir allí
Òmnium hace tiempo que decidió no quedarse de brazos plegados ante la pretensión de los tribunales españoles de acabar con el modelo de escuela catalana.
Este modelo, que escolariza en la lengua propia del país para evitar la división de la sociedad catalana en comunidades lingüísticas separadas, cuenta con un amplísimo apoyo social (más del 78%) y político (más del 80% de los diputados del Parlament). Y, por otra parte, es el modelo que mejor da cumplimiento a la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, tal como han reconocido reiteradamente el Comité de Expertos y el Comité de Ministros del Consejo de Europa.
Cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidió imponer el 25% de castellano en la escuela, en respuesta al recurso del ministerio de Educación contra la Generalitat y con el aval del Tribunal Supremo en 2021, las más de 60 entidades de la plataforma Somescola organizamos una manifestación masiva con el lema Ahora y siempre, la escuela en catalán.
Ya entonces teníamos claro en Òmnium que la movilización ciudadana, a pesar de imprescindible, no era suficiente. Para defender con garantías el modelo de escuela catalana, era necesario además hacer incidencia política, tejer grandes consensos sociales y articular, con los sectores implicados, una visión compartida sobre la escuela como pilar imprescindible en la normalización lingüística del catalán, que es la lengua vertebradora de la cohesión social. Y esto hemos hecho estos años.
En el año 2022, familias de la Escola Turó del Drac de Canet de Mar se organizaron para impedir que el TSJC impusiera el 25% de castellano en un aula. No era la única escuela que sufría la injerencia de los tribunales: decenas de centros ya estaban aplicando el 25% por imposición judicial a raíz de demandas individuales. En Òmnium lo tuvimos claro: había que ponerse del lado de las familias de Canet que querían mantener el proyecto lingüístico del centro, conseguir que tuvieran voz en el procedimiento e implicarnos en su defensa.
En Òmnium decidimos librar la batalla judicial, y llegar hasta el final. Eso quería decir hacer de Canet un caso de país, defender el modelo desde la lógica de los derechos colectivos y con la mirada puesta, desde el principio, en el derecho comparado y las instancias internacionales. Teníamos claro que no se puede defender la escuela catalana dentro del marco jurídico español, por la reiterada hostilidad de los tribunales y de los gobiernos españoles.
Acompañando a las familias de Canet, recorrimos el camino por los tribunales españoles: recurrimos al TSJC, al Supremo y al Constitucional, y estos dos inadmitieron sin entrar en el fondo. Podíamos abandonar o ir a los tribunales internacionales. No dudamos: había que ir.
Sabíamos que la batalla por el modelo en las instancias internacionales —y Canet y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es más que un capítulo— era una batalla larga y que no sería fácil. Porque ir a Europa contra el estado español no es soplar y hacer botellas y sobre todo porque los derechos lingüísticos son un campo en construcción aún incipiente: cuando las lenguas minorizadas cuentan con un estado hostil juegan una partida desigual. Sabíamos que esta lucha, como siempre que se defienden derechos, podía no ganarse en la primera batalla, pero también sabíamos que lo más importante es disputarla.
El TEDH ha inadmitido la demanda. Pero hay que decir que ni es una sentencia, ni entra en el fondo de la cuestión ni avala la imposición del 25% de castellano en todo el sistema. El TEDH ha motivado la decisión con un ejercicio de literatura fantástica y unas consideraciones infundadas que transcriben algunas falacias y falsedades construidas estos años por el españolismo más rancio sobre una supuesta prohibición del castellano en la escuela, y de las que se ha hecho portavoz la jueza española y magistrada del TEDH María Elósegui, de posiciones cercanas a la extrema derecha. La respuesta del tribunal, y esto es relevante, hace mención a la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, pero, sorprendentemente, para menospreciarla.
¿Qué hay que hacer, ahora? Ir, ir y ir, siempre y donde sea necesario. Seguir vertebrando consensos para defender la escuela catalana, en la calle y en las instituciones, en las redes educativas y la sociedad civil. Y por supuesto en los tribunales. Sabemos que el estado español continuará estando en contra. Y por eso no tenemos alternativa: si nos queremos defender, hay que ir a los tribunales e instancias internacionales, al menos mientras no tengamos un estado propio que nos represente. Y hay que continuar construyendo alianzas internacionales, como las de la European Language Equality Network, de la que formamos parte, y llevar la defensa de la escuela catalana donde haga falta.
Tenemos delante una batalla clave para preservar el modelo de escuela catalana y para impedir la intromisión de los tribunales en las aulas: el país debe estar a punto para defender el catalán en la escuela ante la sentencia aún pendiente del Tribunal Constitucional, donde el TSJC llevó la normativa emanada del Parlament de Catalunya. Y no tenemos ninguna duda: el país estará ahí. En defensa de la escuela catalana y de la soberanía del Parlament. Òmnium, como siempre, también.