Isla y la prioridad educativa
El nuevo presidente de la Generalitat, Salvador Illa, manifestaba recientemente que el horizonte para la mejora del sistema educativo, teniendo en cuenta a los expertos en la materia, es de entre cuatro a seis años. Al mismo tiempo, mencionaba la necesidad de construir consensos con los diferentes actores y abogaba por formas de trabajar diferentes. Efectivamente, en nuestro país son necesarias, ahora más que nunca, políticas educativas ambiciosas y de largo alcance. Sabemos que el momento es crítico y los retos, mayúsculos: abandono y fracaso escolar, pobreza infantil, crisis de referentes sociales y culturales, falta de equidad, incremento de expectativas y demandas que sobrepasan y tensionan al profesorado, transición compleja hacia una educación por competencias, prestigio de la formación profesional, educación en valores cívicos y democráticos, entre otros.
Últimamente, se han presentado informes –tanto desde el propio sector educativo como por parte de expertos y organismos internacionales– que radiografían bien las carencias y que proponen medidas para la mejora educativa. Estoy convencido de que la administración las pretende aplicar con la mayor eficacia posible. Sin embargo, el sistema educativo contiene déficits estructurales que sólo podrán revertirse con una estrategia política sólida, con un trabajo hercúleo que capaz de superar las dificultades y las resistencias, y con un horizonte de al menos dos legislaturas completas. En esta línea, quiero referirme hoy a dos de los pilares estructurales de la política educativa en Cataluña: el propio departamento de Educación y Formación Profesional (especialmente en todo lo relacionado con la gobernanza del sistema público) y la política de profesorado.
El departamento de Educación y Formación Profesional constituye obviamente el núcleo estratégico de la política educativa de la Generalidad. Con el paso de las últimas décadas se ha convertido en un ente excesivamente burocrático, centralizado y de alguna manera incapaz de dar respuesta a un mundo (educativo) en plena transformación. En primer lugar, no podemos concebir las políticas educativas desconectadas de otras múltiples tareas de gobierno, ya que se interrelacionan, y deben imbricarse estrechamente: salud, derechos y servicios sociales, juventud, universidades e investigación, cultura, política lingüística, etc. Por tanto, la política educativa debe convertirse en prioritaria para el conjunto del Gobierno y entrelazarse estrechamente con las demás políticas públicas. Asimismo, es necesaria una apuesta decidida para transformar la estructura funcional del departamento: debería convertirse en un ente para el diseño, la evaluación y el seguimiento altamente cualificado, con profesionales expertos en diversos ámbitos, más allá de lo estrictamente docente ; un ente que profundice en la descentralización por territorios aportando conocimiento y apoyando a municipios y centros docentes. Un ente, asimismo, que reduzca en todo lo posible la burocracia que no aporta valor añadido; que aproveche el relevo generacional de los años que vienen para rejuvenecerse, tecnificarse y desplegar recursos, formación y herramientas como la inteligencia artificial. Debería convertirse, pues, en un ente que se estructure con mejores instrumentos organizativos. En este sentido, es necesario poner en marcha la Agencia de Evaluación y Prospectiva que ya prevé la ley de Educación de Cataluña de 2009. Una Agencia que sistematice y distribuya datos e información sólida para el sistema y que potencie la investigación educativa y la toma de decisiones informadas por la evidencia. Soy consciente de que son medidas poco visibles y poco vistosas cara a la ciudadanía, pero imprescindibles si queremos repensar el sistema educativo. Por extensión, la gobernanza del sistema público también debe transformarse. Desgraciadamente, hoy en día el sistema público contiene rigideces que provocan lentitud, carencia de respuestas adecuadas para el apoyo a niños y jóvenes o capturas corporativas, a menudo ajenas al interés general.
La política de profesorado se convierte en un segundo pilar estratégico del sistema educativo. Es necesario desplegar una política que se oriente a consolidar plantillas de profesionales altamente capacitados, reconocidos e implicados en la compleja labor docente de hoy y del futuro. Que tenga como horizonte principal consolidar equipos docentes, que vertebre y apoye a los equipos directivos, que refuerce la formación inicial y el desarrollo profesional de los docentes y del resto de profesionales del sistema. Una vez más, las rigideces de la parte pública son un lastre a revertir: otorgar mayores capacidades a los centros, orientándolos a la transformación educativa y al trabajo directo con los niños y los jóvenes. En esta línea, propondría la creación de una agencia para la formación y el desarrollo profesional del profesorado, que actúe como catalizador de la transformación y dignificación de la labor docente, tomando como referentes a organismos similares de otros países. En resumen, una política educativa con dos pilares robustos para la efectiva transformación del sistema educativo de nuestro país.