¿Una justicia moderna en España, imposible?

La justicia es la ultima ratio, el último argumento, del sistema democrático. Es el lugar al que los ciudadanos, empresas u otros agentes recurren cuando se sienten maltratados o son víctimas de un abuso o agresión. Esperamos reparación de la justicia y, también, castigo para los culpables. La justicia es fundamental para dotar al sistema de sentido. Si no existe justicia, no hay democracia. Y si funciona de forma pobre o defectuosa, es el conjunto el que se ve irremediablemente deslegitimado. Es la democracia quien se devalúa a ojos de la gente. Es precisamente por este motivo, por la importancia fundamental que, en términos democráticos, pero también morales, tiene la justicia, que nunca he entendido el abandono palmario al que se le ha sometido a España.

Cualquiera que haya tenido que tratar con uno u otro juzgado lo ha sufrido. Y quizá le haya venido al cabo Larra y el "Vuelva usted mañana" o, quizá, le han asaltado pesadillas al estilo del de Josef K. En la época del blockchain y la inteligencia artificial, en los juzgados españoles se siguen acumulando montañas de papeleo y están vigentes todavía figuras como la del procurador, un reflejo, como tantos otros, del pasado. En la época de internet y la firma electrónica, los juzgados siguen pareciendo en muchas ocasiones la cabina de los Hermanos Marx, con un trasiego sólo comprensible para quienes llevan lustros habiéndolas con unos procesos delirantes. Nadie –salvo los profesionales del asunto– se pone a tratar con la justicia por gusto. Siempre es porque algo no ha discurrido como tocaba o porque alguien ha hecho lo que no iba a hacer. Porque algo ha fallado. Y lo que quiere quien tiene enredos de naturaleza judicial es terminarlos lo antes posible.

Pero si la importancia de la justicia, de toda, desde el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo hasta el último juzgado a pie de calle, es incuestionable, se mire desde el ángulo que se mire, ¿por qué el sistema –en su conjunto– sigue siendo lento, precario y anticuado hasta extremos desesperantes? Siempre he pensado que el funcionamiento desgarbado de la justicia no puede ser casualidad. Desde que tengo memoria de falta personal –de toda categoría y función–, faltan recursos materiales y sus mecanismos quedan oxidados. Cuando digo que no puede ser casualidad, quiero decir que deben haber causas tras el desinterés que los políticos –el poder legislativo, el poder ejecutivo– han mostrado a la hora de que la justicia realmente funcione. Tiento a pensar –pero no sé– que es sobre todo dejadez. Deben cavilar que transformar la justicia es muy complicado y, al final, la gente no decide el voto por lo que un partido ha hecho o propone en ese ámbito. Ahora que también puede que temen que una justicia más fuerte les cause problemas, que se les vaya de las manos...

Por todo ello me sorprendió una noticia de hace unos días: el gobierno español aprobaba un anteproyecto de ley para reformar la ley del poder judicial. La propuesta abarca diferentes aspectos vinculados sobre todo a la forma de acceder al trabajo de juez o fiscal. Diríamos que la norma –que deberá ser finalmente aprobada por el Congreso– quiere abrir o "hacer menos elitista" –como tituló el ARA– estas profesiones. El gobierno del PSOE y Sumar se ha ido a fijar, pues, en quien. En quién –y cómo– son hoy jueces y fiscales españoles.

La reforma que promueve Sánchez quiere blindar por ley las becas para que las personas de familias más humildes puedan preparar sus oposiciones en igualdad de oportunidades. También desea cambiar los exámenes. Como se sabe, las pruebas son básicamente memorísticas –nuevamente como si estuviéramos en el siglo XIX– y no tienen en cuenta, por ejemplo, que los candidatos demuestren criterio, una comprensión integral de los casos o, sencillamente, sentido común (no se considera, de momento, una evaluación psicológica, cómo se hace en algún otro país y cómo deben superar los policías). Otro punto prohíbe que las asociaciones profesionales puedan recibir financiación privada (lo que no se entiende es que ahora puedan recibirlas: se supone que la justicia debe ser ciega).

Parece claro que lo que ha hecho encender la bombilla al gobierno central es la evidente rebelión de una parte de los jueces y fiscales contra Sánchez, a los que querrían derribar. Esto sucede –ras y corto– porque muchos jueces y fiscales, en especial aquellos de más arriba, son de derechas o mucho de derechas. PP y Vox se han rasgado rápidamente las vestiduras porque, naturalmente, no quieren que según cambie. Creo que las medidas propuestas no están mal, aunque habrá que esperar a ver cómo queda finalmente la norma. Todo lo que sirva para modernizar la justicia es positivo. Lo que no lo es en absoluto es que la profunda transformación, que es tan necesaria, siga aplazándose.