Lo justo, lo que toca y lo que conviene

Uno de los errores más graves que ha cometido España en los cuarenta y tantos de años de la actual etapa democrática ha sido la represión y la criminalización del movimiento independentista catalán. Represión política, represión policial, represión judicial. Policía patriótica, justicia patriótica, incluso Hacienda patriótica, como ha destapado el escándalo Montoro. Se quiso dar un castigo ejemplar, un aviso a navegantes a quienes se atrevieran a desafiar el orden impuesto en el 78 y a quien pusiera en discusión la unidad de España. A raíz de ello, se sometieron las fragilidades, carencias y contradicciones internas de la democracia española a un test de estrés y el resultado fue decepcionante: quedó en evidencia que España no ha adquirido, en estas cuatro décadas, la suficiente consistencia como para discutir y encauzar el conflicto con Catalunya (y el resto de problemas que tiene con la pluralidad nacional y cultural) de forma democráticamente adecuada. Los errores del lado independentista no impiden que el error principal en la gestión del conflicto (porque era quien disponía de los instrumentos, instituciones y recursos para gestionarlo) fuera del estado español, cuando sus responsables eligieron la fuerza frente a la política.

Illa y Puigdemont se encontraban en bandos opuestos en 2017 y los siguientes. Ocho años después, ambos son presidents de la Generalitat, y la presidencia de la Generalitat no es un cargo cualquiera. No lo es para Catalunya, obviamente, pero tampoco para España. No es un presidente de una comunidad autónoma más, por mucho que se empeñe el nacionalismo español. Por otra parte, por mucho que los jueces patrióticos se nieguen a aplicar la ley de amnistía, Puigdemont no puede seguir siendo un exiliado político (nunca ha sido un fugado). Hay un daño a la credibilidad de España como estado de derecho: un precio que quizás el Estado no puede pagar tan cómodamente como calculaba, en su día, Rubalcaba.

Illa y Puigdemont son hoy, decíamos, dos presidents de la Generalitat que tienen que encontrarse en Bruselas: por sí solo, este hecho ya habla claro del fallo democrático que hay detrás de la foto. Que los jueces se nieguen a aplicar la ley es un escándalo inaceptable. Por el lado político, a quien haga ver que se escandaliza, puede que tenga que desarrollar una mirada más adulta o menos farisaica. Puigdemont debe ser amnistiado y debe volver a Catalunya con todos los derechos, y su nombre debe ser reparado. Illa y Pedro Sánchez necesitan desatascar los presupuestos del Estado, y por tanto es posible que la siguiente visita sea la de Sánchez.

Que Puigdemont, Illa y Sánchez sepan entenderse, incluso más allá o al margen de sus partidos y entornos, es importante, quizá crucial. Al principio me he referido a la "actual" etapa democrática. No es una frase fosilizada: para que la democracia en España siga siendo un hecho "actual", no pasado, es importante este entendimiento entre antiguos oponentes. Es el punto donde confluyen lo que conviene, lo que toca y lo que es justo.