La ley de la paridad ya está en la Cámara Alta y, previsiblemente, después del verano entrará en vigor. Una ley con la que el gobierno hace bandera de su compromiso con las políticas de igualdad, llevando el texto legislativo mucho más allá del mínimo exigido en la directiva europea que regula el equilibrio de género en los consejos de administración de las empresas cotizadas.
Hagamos historia. Durante décadas, la Unión Europea ha seguido la vía de las cuotas blandas: recomendaciones de incorporación de más mujeres en órganos de dirección, dando márgenes temporales generosos. Esta opción ha dado resultados pero a un ritmo muy, demasiado, lento.
A principios de siglo, el Consejo de Europa definió la participación equilibrada por género en un 40% de mujeres. Y el Parlamento Europeo instó a las empresas a lograrlo para el 2020. Pero, al final de la segunda década, se constató que sólo un tercio de los administradores eran mujeres, y que un triste 8,5% eran presidentes . Ante esta evidencia, la UE decidió subir el tono y apostar por las cuotas duras, con la fuerza de dos argumentos. En primer lugar, la evidencia de que los países que se habían atrevido con cuotas duras, como Francia o Noruega, habían avanzado más. Y, segundo, los retos demográficos a los que se afronta el Viejo Continente, nunca mejor dicho, que no puede seguir perdiendo talento, ni masculino ni femenino. El resultado es una directiva que propone dos opciones para las empresas cotizadas: un 40% de mujeres entre los administradores no ejecutivos, o un 33% de mujeres entre todos los administradores (ejecutivos y no ejecutivos) en un plazo de dos años. Y da libertad a los Estados miembros para ir más allá, oa no hacer nada si ya tienen esos mínimos cubiertos.
España también ha seguido la vía de las cuotas blandas. Destaca la recomendación de la Ley orgánica para la igualdad de llegar a la paridad en un plazo de ocho años (hasta 2015). También la CNMV, en sus progresivos códigos de buen gobierno, ha realizado recomendaciones en la misma línea. Los resultados nos han llevado por encima de la media europea pero sin llegar a la paridad. Según la CNMV, en 2023 las mujeres consejeras eran el 34,5%. Pero cuando se rasca un poco, los datos son menos optimistas. Las consejeras ejecutivas –es decir, con poder– no llegan al 9% y las mujeres en la alta dirección rondan el 23%.
Ahora las empresas cotizadas españolas tendrán que cumplir con el 40% de mujeres en los consejos de administración (con sanciones en caso de incumplimiento), que es lo que pide la Directiva. Pero la ley de la paridad va dos pasos más allá. La primera es que requiere paridad en la alta dirección de las empresas cotizadas. La segunda es que las grandes empresas no cotizadas también tendrán que tener consejos de administración paritarios. Y aquí es donde se pone el dedo en la llaga. Por los datos que tenemos del ODEE (Observatorio Mujer, Economía y Empresa) de la Cámara de Comercio en Cataluña, en estas empresas sólo uno de cada cinco administradores es mujer.
Por tanto, se gira trabajo en las empresas para encontrar mujeres. Mujeres: actualice los currículos.
