Una simple pregunta a ChatGPT (“¿Cuál es la cantidad aproximada de sentencias desfavorables a la lengua catalana que ha habido durante la democracia?”) nos da una respuesta bastante larga y, sobre todo, desalentadora. La IA no se atreve a dar un número concreto, pero distingue: si nos ceñimos a sentencias que han limitado políticas de normalización del catalán, sobre todo en el ámbito educativo y administrativo, la cifra se mueve entre las veinte y treinta sentencias contra la lengua catalana. Sin embargo, si ampliamos el foco (que se ha de ampliar) a interlocutorias y resoluciones consideradas menores (medidas cautelares, ejecuciones de sentencia, etc.) la cifra se eleva fácilmente a “diversas decenas” de decisiones judiciales contrarias al catalán dictadas durante la democracia, es decir, de 1978 en adelante. Los ámbitos sobre los cuales inciden las sentencias que limitan el uso del catalán son, en su mayor parte, el sistema educativo, seguido de normativa lingüística autonómica, requisitos lingüísticos a funcionarios, uso institucional y rotulación. Resumiendo, un esfuerzo judicial sostenido en el tiempo para minimizar o borrar la presencia de la lengua catalana de los espacios públicos, sobre todo en la escuela. Que la diversidad lingüística sea atacada políticamente, vilipendiada en los medios de comunicación y perseguida judicialmente e incluso policialmente casi como si fuera un delito es una situación inaceptable para cualquier persona con un mínimo de sensibilidad democrática y de sentido común. Es, rasgo y corto, una vergüenza.Los jueces son personas que han sido capaces de ganar las oposiciones a juez, y por tanto son perfectamente capaces de comprender que el catalán es la lengua de Cataluña, con todo lo que ello comporta. Otra cosa es que decidan no aceptarlo. Los razonamientos falaces que intentan presentar el castellano como si fuera una lengua en peligro a causa de la inmersión lingüística en catalán son exactamente iguales (igual de impresentables) que aquellos que dicen que las reivindicaciones feministas son un peligro para los hombres, o que la integración de los inmigrantes hace peligrar la continuidad de las culturas y las sociedades occidentales. Son expresiones de supremacismo, y eso es lo que hacen los togados que segregan jurisprudencia contra una lengua oficial y tan plenamente merecedora de respeto como cualquier otra: escupir supremacismo a golpe de sentencia. Utilizar la justicia y ponerla al servicio de una ideología política, en este caso la del nacionalismo español de estado.
¿Es cierto, como dice el consejero Vila, que la actitud del actual gobierno español con relación al catalán es la más buena (o la menos mala) de los gobiernos españoles que hemos conocido hasta ahora? Es cierto sin ninguna duda. Pero venimos de tan atrás, los odios –contra la diversidad lingüística en general, y contra el catalán en particular– son tan antiguos y arraigados, que estamos a años luz de revertir esta inercia venenosa, contraria a los derechos de las personas, a la cultura y a la democracia. Todo está por hacer, como decía el poeta, pero no está claro que ya todo sea posible.
