Menores, redes sociales y responsabilidad adulta
En verano de 2023 publicaba el artículo "Pantallas: ¿a todas las edades y sin límites?", en la que planteaba una pregunta incómoda pero imprescindible: ¿cómo es posible que hayamos normalizado el acceso ilimitado a las pantallas, especialmente durante la infancia y la adolescencia, sin un debate colectivo profundo sobre las consecuencias que comporta?
Este debate, hasta ahora teórico, empieza a traducirse en decisiones a prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, y Francia y España ya han anunciado que seguirán el mismo camino.Smartphone ownership, age of smartphone acquisition, and health outcomes in early adolescence", publicado este enero en la prestigiosa revista Pediatricos, llega en el momento clave de este debate político y social, y aporta datos que difícilmente pueden ser ignorados.
El estudio se centra en tres variables muy concretas (depresión, obesidad y falta de sueño), que no son menores ni anecdóticas. Los resultados indican que los adolescentes que disponen de un smartphone presentan más síntomas depresivos, duermen menos de lo recomendable y tienen una probabilidad superior de sufrir obesidad. Y lo relevante: estas diferencias se mantienen incluso cuando se tienen en cuenta factores como el nivel socioeconómico, el género y el entorno familiar. No estamos hablando, pues, de un problema exclusivamente achacable a contextos vulnerables, sino de un patrón generalizado.
Otros estudios han demostrado un incremento de la ansiedad, de trastornos de la imagen corporal, del suicidio y de la dependencia digital. A esto se añaden otros riesgos: ciberacoso, exposición a contenidos sexuales y violentos, desinformación y una atención y concentración cada vez más frágiles. Por tanto, prohibir el acceso a las redes sociales no nace de un pánico moral, sino de una acumulación de señales de alerta.
La responsabilidad de que los adolescentes hagan a menudo un uso abusivo de las redes no puede recaer sobre ellos. Las plataformas están diseñadas para que así sea. Los algoritmos no buscan el bienestar del usuario, sino maximizar el tiempo de conexión. Contenidos infinitos, recompensas inmediatas, notificaciones constantes y validación social en forma de likes crean un entorno especialmente adictivo para cerebros en desarrollo. Pedir a un adolescente que se autorregule ante este sistema es, como mínimo, ingenuo. Confiar en que las grandes tecnológicas actúen por responsabilidad social, cuando su negocio depende de no hacerlo, es una ingenuidad aún mayor.
Uno de los argumentos más repetidos contra la prohibición es que, técnicamente, es difícil, si no imposible, de aplicar. Cierto: cualquier menor puede saltarse restricciones con identidades falsas o VPNs. Pero este razonamiento olvida un elemento clave: la prohibición es también una herramienta de concienciación. Poner límites también es educar. Se trata de enviar un mensaje claro a las familias, las escuelas, la sociedad y los propios adolescentes: las redes no son inocuas, y hay que ponerle límites.
De hecho, cuando se dice que "prohibir no es la solución" a menudo se obvia que como sociedad ya aceptamos restricciones en otros muchos ámbitos. El acceso al juego, pornografía, alcohol y tabaco, por ejemplo, tiene límites de edad. Nadie defiende que un niño o niña pueda consumir cualquier sustancia apelando sólo a su responsabilidad individual: el buen uso es no utilizarlo. ¿Por qué debería ser diferente con las redes sociales?
Regular el mundo digital es un terreno nuevo, cambiante y lleno de incertidumbres. Deberemos aprender de los errores y de los aciertos, ajustar políticas y mejorar mecanismos. Pero renunciar a actuar por miedo a equivocarnos es, en sí mismo, una decisión política, y no precisamente neutral.
En paralelo, hay quien va más allá y plantea una propuesta aún más radical: retrasar el acceso al primero smartphone hasta los 16 años. Los argumentos a favor son claros: menos distracciones, menos dependencia, mayor desarrollo social fuera de la pantalla. Los detractores, en cambio, alertan de una posible brecha digital y dificultades de comunicación con su entorno social más cercano.
En este sentido, el estudio publicado en Pediatricos aporta datos muy claros: cuanto antes se entra en el ecosistema digital, peores son los indicadores de salud. Pero aún es más revelador que el estudio no encuentre evidencias que la posesión temprana de un smartphone se traduzca en una mejora de la conexión social o del bienestar emocional de los adolescentes. Esto desmonta uno de los argumentos más utilizados contra cualquier regulación: la idea de que limitar el acceso digital es aislar a los jóvenes. Los datos sugieren justamente lo contrario: el acceso prematuro no garantiza una socialización más sana y puede acarrear costes reales en la salud física y en la salud mental.
Teniendo en cuenta las evidencias, el próximo debate —y es urgente— será la edad de adquisición del primero smartphone. Abrir este debate no es atacar a las personas jóvenes ni demonizar la tecnología, sino asumir una responsabilidad adulta. Quizá la prohibición de acceso a las redes sea el primer paso para dejar de mirar hacia otro lado.