Nissan: un marco normativo para reindustrializar el país
En los últimos años hemos visto desde la impotencia la pérdida de peso industrial en la economía catalana. Se descapitalizó el patrimonio industrial local en manos de inversiones extranjeras que cooptaron los mercados y que se llevaron el valor añadido y la capacidad de decisión a sus sedes centrales en otros países.
La cultura del empresariado catalán se deslumbró con la rentabilidad de las inversiones inmobiliarias de los años de la burbuja y, como consecuencia, el país se desindustrializó de manera muy grave. Sectores enteros han desaparecido de la mano de la globalización y la financiarización de la economía, pasando de la economía productiva al casino de los mercados financieros.
Los diferentes gobiernos no solo no tomaron medidas estratégicas para parar la sangría de cierres de empresas y sectores industriales, sino que se desposeyeron de instrumentos de control, como fue la autorización administrativa en los expedientes de regulación de empleo de los procesos de reestructuración o cierres de empresas en las últimas reformas laborales.
En este panorama, han surgido algunas experiencias a las cuales tenemos que prestar atención. Hablamos de procesos de reindustrialización que han tenido diferentes niveles de éxito en sus resultados y que mayormente han surgido de la iniciativa sindical en los procesos de negociación de los cierres de las empresas: Sony, Sharp, Delphi, Yamaha, Valeo... Todas estas iniciativas no dispusieron de un marco normativo pero evitaron la pérdida directa de empleo y de tejido industrial en el territorio. Reindustrializar el país es esto.
En Francia, por citar algún ejemplo cercano, las empresas grandes que hacen frente a procesos de reestructuración que llevan al cierre de centros de trabajo tienen que empezar un año antes a trabajar con sindicatos y administraciones alternativas que faciliten el mantenimiento de la actividad y el empleo en los espacios afectados. En Francia tienen un marco regulador dentro de la UE que facilita los procesos de reindustrialización. No tenemos que inventar nada.
Nissan, últimamente, es un espejo para muchos ámbitos que miran con atención su proceso. Ante el cierre de una empresa emblemática e histórica en el territorio, la movilización sindical consiguió ganar un año, los activos de la empresa y la implicación de las administraciones para encontrar una alternativa productiva en las fábricas afectadas. Su resultado todavía está por concretar, pero sus trabajos han atraído diferentes proyectos de inversión industrial que, si no se estropea nada, pueden conseguir mantener una parte importante del empleo afectado en toda su cadena de valor. Se pueden mantener muchos puestos de trabajo directos y también los indirectos provenientes de contratos y proveedores, a la vez que se retiene actividad industrial en Catalunya.
Hay que dejar una cosa clara a inversores y administraciones. Si este proyecto es viable, es gracias al esfuerzo de las plantillas, por lo tanto, las condiciones laborales acordadas para lograr la reindustrialización tienen que ser incorporadas plenamente a los acuerdos futuros con las nuevas empresas. No sería justo que se quisiera pasar la factura, para hacer más negocio, a las personas que han propiciado la operación.
Todo el proceso, además, se ha hecho sin marco normativo favorable ni herramientas como la autorización administrativa de los expedientes de regulación de empleo. Lo han hecho solos los trabajadores y las trabajadoras, implicando a los diferentes actores desde la movilización sindical.
Es momento de exigir a las administraciones que experiencias como la de Nissan no sean un caso aislado y que se impulse un cambio normativo que propicie estos procesos para garantizar el mantenimiento y recuperación de la industria en nuestro país.
Desde CCOO de Catalunya, exigimos a ERC y Junts per Catalunya, que están en el gobierno de la Generalitat, y al PSC y Catalunya en Comú, que participan del gobierno del Estado, que recuperen la autorización administrativa de los expedientes de regulación en la tramitación de la derogación de la reforma laboral y que en el marco de la renovación del Pacto Nacional por la Industria en Catalunya desarrollemos un marco normativo para que las grandes empresas en Catalunya sean obligadas a buscar alternativas de inversión para proteger nuestro tejido industrial.
Por reindustrializar el país, se necesitan recursos (fondos de reconstrucción y presupuestos), políticas (Pacto Nacional por la Industria) y regulación. Sin estas tres cosas, solo son palabras vacías.
Es hora de acompañar a los trabajadores y las trabajadoras que se ganan a pulso lo que los debería garantizar el país: la defensa de la industria y el mantenimiento de sus puestos de trabajo.