Inquilinos (y tenderos) en lucha
¿Qué le queda a la gente al final, cuando la vida se hace imposible? Hecharlo tot por la borda y tomarse la justicia por su cuenta? Una salida que tarde o temprano te puede enviar a la marginalidad. No es recomendable como solución individual. ¿Y como protesta colectiva? A veces ocurrió.
En 1873, en lo que hoy es el barrio de Les Corts, está documentado un movimiento de resistencia a la explotación de los «caseros» como denuncia a los elevados precios de los alquileres. La industrialización había provocado un aumento de población y, por tanto, de demanda de viviendas. Casi medio siglo después se repitió una movida similar, pero con mucha más fuerza y repercusión: la huelga de alquileres de 1931, promovida por el sindicato anarquista CNT.
Tras la Exposición Internacional de 1929, muchos de los inmigrantes que habían venido por las obras se habían quedado sin trabajo. No podían pagar el alquiler. Entonces empezó una ola de desahucios: algunos propietarios sacaban a los inquilinos echándoles los muebles por el balcón. La respuesta fue que unas 100.000 familias se negaron a pagar el alquiler durante ocho meses, sobre todo en la Barceloneta, Sants, Clot, Poblenou y también en Hospitalet de Llobregat y Santa Coloma de Gramenet. La represión policial y jurídica fue implacable.
¿Y no pagar los impuestos? Esto también ha ocurrido. Entre las dos protestas por la vivienda (las de 1873 y 1931), en 1899 muchos tenderos y empresarios se negaron a pagar las contribuciones del Estado, que las habían aumentado para hacer frente al desastre colonial del año anterior, con la pérdida definitiva de Cuba. El cálculo tributario de la administración central fue cinco veces mayor para Barcelona que para Madrid. Los impuestos gravaban sobre todo a la industria y al comercio, y eran muy bajos para la propiedad de la tierra y la inmobiliaria. El agravio impositivo a Cataluña ya venía de lejos y había sido especialmente duro como castigo después de la derrota de 1714.
La huelga de 1899 se bautizó como el Cierre de Cajas, y la lideró el alcalde de Barcelona, el doctor Robert, que acabó dimitiendo del cargo. Desde la capital, la protesta se esparció por Sabadell, Mataró, Manresa y Vilafranca. Comenzó el 20 de octubre, este domingo hace exactamente 125 años, y duró hasta mediados de noviembre. Formalmente, fue una derrota, con multitud de encarcelamientos, incautaciones de establecimientos y multas. Y la declaración del estado de guerra. Pero algo cambió en la opinión pública. El catalanismo político recibió un impulso definitivo, con la creación de la Lliga Regionalista y la formación de la candidatura dicha de los cuatro presidentes (uno de ellos el propio doctor Robert), que obtendría un gran resultado en las legislativas de 1901.
Esta semana un informe del Banco de España, que no es precisamente una institución revolucionaria, apuntaba que desde hace una década el 45% de la población que alquila un piso está en situación de riesgo de pobreza o exclusión social. En la Unión Europea esta situación afecta al 32% de los ciudadanos. Somos líderes en precariedad residencial. La vivienda es hoy la gran preocupación y factor clave de desigualdad. Los gobiernos catalán y español están empezando a reaccionar, pero el problema se ha hecho muy grande. El pasado domingo miles de personas se manifestaron en Madrid contra los precios del alquiler y el 23 de noviembre se ha anunciado una manifestación en Barcelona, convocada por el Sindicat de Llogateres y el Sindicat de l'Habitatge, para reclamar una bajada drástica de los precios, con amenaza que derive en huelga de alquileres.
La vivienda es un derecho constitucional (artículo 47) escandalosamente desatendido, sobre todo para los jóvenes y para los inmigrantes. O los poderes públicos actúan con contundencia o la historia amenaza con repetirse.