Nuevo hito, nueva financiación
En política nunca se gana por 10 a 0, como tampoco se alcanza una cima destacada por atajos rápidos. Es necesario picar piedra y perseverar, manteniendo las ideas claras, la ambición y el rigor. El acuerdo de financiación anunciado ayer es un nuevo hito en este camino: un paso importante para corregir la infrafinanciación crónica que sufre Catalunya desde hace décadas.
No es un paso aislado. Se suma a otros acuerdos alcanzados en los últimos años: la cancelación de 17.104 millones de euros de deuda del FLA (con un ahorro de 1.368 millones en intereses); los 150 millones anuales para reforzar el ecosistema de investigación de Catalunya; la mejora de la financiación de los Mossos d'Esquadra y de otras competencias no homogéneas; o el traspaso de Cercanías, con los recursos necesarios para empezar a mejorar una red largamente desatendida. También están avanzadas las negociaciones para crear un Consorcio de Inversiones que garantice que los recursos para inversiones del Estado en Cataluña se ingresaran a inicios de cada año y sean inamovibles, corrigiendo así una inejecución de inversiones sistemática e inaceptable. Y, evidentemente, sigue bien abierta una de las carpetas clave: la transferencia de la recaudación del IRPF.
Todos estos elementos –y algunos otros que el espacio no permite detallar– deben contribuir a reducir de forma significativa el déficit fiscal. No sería riguroso hablar de eliminarlo, pero sí de secarlo en una magnitud nunca alcanzada hasta ahora.
En cuanto al nuevo modelo de financiación recientemente anunciado, quisiera destacar cinco aspectos positivos:
1. Primero, la capacidad financiera de las comunidades autónomas mejorará en 20.975 millones de euros adicionales, lo que supone una redistribución de recursos desde el presupuesto de la administración general del Estado. Esto implica mayor capacidad tributaria y más autogobierno para la Generalitat, responsable de financiar el grueso de los servicios públicos esenciales en Cataluña, y permite también fortalecer otros ámbitos como la vivienda, la política industrial y energética, la cultura o las inversiones.
2. Segundo, se reducen de manera sustancial las diferencias entre las comunidades mejor financiadas y las más perjudicadas. Las desigualdades acumuladas hasta ahora no tenían justificación: el modelo actual otorga a la comunidad mejor financiada (Cantabria, con 5.697 €/hab.) un 41% más por habitante que la peor financiada (País Valenciano, con 4.046 €/hab.), mientras que con el nuevo modelo esta distancia se reduce.
3. Tercero, se eliminan los anticipos, lo que permitirá ingresar los recursos en tiempo real. El actual sistema se basa en estimaciones de recaudación –casi siempre a la baja– y en una liquidación definitiva que llega dos años después. Eliminar este retraso supone una mejora estructural de gran calado y un salto cualitativo en la autonomía financiera.
4. Cuarto, se abre la puerta a que las comunidades que lo deseen puedan ingresar el IVA generado por las pymes en función de la recaudación efectiva y no de una estimación basada en el consumo interno. Es una medida muy favorable para Cataluña (+1.353 millones de euros), dado el elevado número de pymes, y permite establecer una relación mucho más estrecha entre la recaudación y la actividad económica real del territorio.
5. Quinto, se activa un fondo climático de 1.000 millones de euros, con un impacto especialmente favorable para el arco mediterráneo, una de las zonas más afectadas por el calentamiento global.
En conjunto, estas medidas conllevan un incremento anual de ingresos para la Generalitat de 4.686 millones de euros, lo que representa el 22,3% del incremento total y un crecimiento del 15,3% respecto al modelo actual. Este aumento permite respetar el principio de ordinalidad en términos de población apretada. Con el modelo vigente, Cataluña se situaba en la novena posición; con el nuevo acuerdo ocurre en la tercera, la misma que ocupa según su capacidad tributaria, con un índice relativo del 104,14%.
El balance es, pues, positivo: una victoria parcial, un punto y seguido hacia delante. El resultado de meses de intensa negociación y un hito necesario para mejorar los servicios públicos y reforzar la capacidad financiera de la Generalitat en un contexto global exigente. La delegación de la recaudación del IRPF no es una carpeta cerrada y debe ser una realidad en 2028. Hay que abordarla con ambición, constancia y calendario, porque los acuerdos deben cumplirse.
Los alpinistas saben bien la importancia de avanzar entre campos base, y también de retroceder si es necesario para coger fuerzas. Es comprensible el escepticismo de algunos, pero en política los avances reales suelen ser parciales y acumulativos. Avances concretos y tangibles, sin renunciar a la ambición de los objetivos de fondo. Sólo así se puede llegar a un sistema de financiación justo y riguroso, a la altura del esfuerzo fiscal de la ciudadanía, las pymes y los autónomos.