El imprescindible cambio de la financiación autonómica
España no tiene solo un problema de financiación autonómica. Tiene un problema de modelo. Y mientras se siga evitando el debate de fondo, cualquier reforma será un parche más en una estructura que lleva años mostrando grietas.
El sistema nació al amparo de la Constitución de 1978 como una solución política brillante para integrar sensibilidades territoriales muy distintas. Pero su desarrollo posterior no respondió a un plan cerrado, sino a una lógica acumulativa: se transferían competencias sin redefinir el conjunto; se creaban nuevas estructuras sin suprimir las anteriores; se ampliaban responsabilidades sin asegurar una financiación suficiente y estable. El resultado es un Estado que gasta como descentralizado, legisla como centralizado y rinde cuentas como nadie.
Hoy conviven la Administración General del Estado, diecisiete comunidades autónomas, más de ocho mil ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares y comarcas. La descentralización no es el problema. Alemania o Suiza también la practican con éxito. La diferencia es que allí las reglas del juego son claras y las competencias están cerradas. En España, en cambio, la ambigüedad se ha convertido en sistema.
La sanidad y la educación están transferidas, pero el Estado mantiene una capacidad normativa amplia. Se exige responsabilidad a las comunidades, pero se limita su autonomía fiscal real. Se reclama igualdad territorial, pero se toleran asimetrías permanentes sin un debate estructural. El modelo no es federal ni unitario. Es un híbrido que multiplica fricciones, diluye responsabilidades y encarece la gestión.
A esta indefinición se suma la proliferación de estructuras solapadas. Ministerios que planifican en ámbitos ya transferidos. Administraciones autonómicas que replican esquemas estatales. Entidades intermedias cuya utilidad rara vez se evalúa. No se trata de demonizar niveles de gobierno, sino de preguntarse por su necesidad y eficiencia. Porque cada organismo que se mantiene sin función clara no es neutral: consume recursos públicos.
El ciudadano no analiza arquitectura constitucional. Evalúa resultados. ¿Funciona el centro de salud? ¿Responde la escuela? ¿Es eficaz su ayuntamiento? Cuando la respuesta es negativa y la explicación se pierde en un laberinto competencial, la confianza se erosiona. Y cuando la confianza se resquebraja, el problema deja de ser administrativo y se convierte en político.
España debe elegir. O profundiza en una descentralización real, con plena corresponsabilidad fiscal, eliminación de duplicidades y delimitación estricta de competencias; o recentraliza determinadas áreas estratégicas para ganar coherencia y economías de escala. Lo que resulta cada vez más difícil de sostener es esta tierra de nadie institucional donde todos gestionan y nadie responde plenamente.
Reformar la financiación autonómica es imprescindible, pero no suficiente. El debate pendiente no es cuánto dinero recibe cada territorio, sino qué Estado queremos construir. Porque un Estado que no sabe exactamente qué es termina siendo ineficiente, costoso y políticamente frágil. Y ningún país puede permitirse indefinidamente esa indefinición.
