Hace dos semanas del inicio de la guerra contra Irán. Un conflicto que ha dado la vuelta a los patrones de vuelos internacionales, la diplomacia mundial y el suministro global de petróleo. Lo desconcertante es que ni Estados Unidos ni Israel han comunicado qué debería pasar para que la guerra se considere ganada.
Esta incertidumbre tiene su epicentro en el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial. Las imágenes de petroleros en llamas resumen la estrategia de presión iraní. Si este paso se cierra, el impacto en la economía mundial está asegurado, y la promesa de Trump de escoltar a los barcos –con un dispositivo que no estará listo hasta finales de marzo– solo parece confirmar que el final no está tan cerca como nos gustaría.
Pero no sólo es el petróleo: también hay que pensar en sus derivados y otras materias primas que atraviesan el estrecho. Uno de ellos es el azufre, esencial para producir ácido sulfúrico, el químico más fabricado del mundo e imprescindible para extraer cobre y cobalto, que a su vez son fundamentales para los transformadores eléctricos, baterías e infraestructuras de centros de datos. O los fertilizantes nitrogenados, básicos para la alimentación mundial.
Ante este panorama de incertidumbre, conviene vigilar de cerca las consecuencias económicas y preparar medidas para mitigar sus impactos. El gobierno español ha anunciado que lo hará, pero todavía no hay ninguna iniciativa concreta sobre la mesa.
¿Cómo lo tenemos en nuestra casa? De entrada, existen dos variables a favor. La primera es que nuestra dependencia directa de los productos que pasan por ese estrecho es pequeña; un consuelo sólo parcial, porque, cuando se reduce la oferta mundial, el precio sube, y da igual la dependencia directa de cada país. La segunda es la experiencia en la gestión de las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania, que generó también un incremento del precio de la energía y, en consecuencia, un entorno inflacionario. Conviene evaluar la efectividad de las medidas tomadas entonces. Reproducir los que sí funcionaron y evitar repetir errores, como las subvenciones directas a las gasolineras.
De crisis pasadas también podemos recuperar el concepto de greedflation, inflación por avaricia. Un término que ha vuelto a aparecer estos días, cuando hemos presenciado la rapidez con la que el precio de los combustibles se ha encarecido. Las distribuidoras han empezado a tener en cuenta el "coste de reposición", es decir, lo que costará volver a abastecerse. Un mecanismo que funciona rápidamente cuando los precios suben y lentamente cuando descienden. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha anunciado que vigilará los precios de las gasolineras para velar por que no sean abusivos. De hecho, una análisis de datos de los últimos 75 años, constata un cambio de tendencia desde la pandemia: los beneficios corporativos son los que impulsan la subida de precios. Es decir, que ha quedado demostrado que algunas empresas se aprovechan de las circunstancias, como una guerra, para aumentar su margen de beneficios de forma desproporcionada.
Ante esto, las medidas del gobierno deberían ser más decididas y más rápidas de lo anunciado.
