Vayamos a los orígenes

Quizás la mejor manera de entender el sentido de la amnistía y las previsibles reacciones del “partido judicial español”, en expresión de Aragonès, Rufián y otros, es recordar lo ocurrido en octubre del 2017. Un movimiento independentista creciente fue tomando cuerpo desde que el president Pujol dejó la presidencia y Convergència se sintió desamparada y desbordada y quiso ir más allá de sus fuerzas con la convocatoria de un referéndum y una declaración de independencia imposible de hacer efectiva porque no se disponía de ninguno de los instrumentos exigibles: apoyo internacional y capacidad para proclamar leyes que realmente se cumplieran (con un poder policial y judicial para hacerlas efectivas).

Hecha la declaración, como no podía ser de otra manera, comenzó la dispersión: una parte de los dirigentes huyeron, otros fueron detenidos. Si todo esto ocurrió fue en buena parte por dejadez del gobierno de Mariano Rajoy, que tuvo al menos cinco años –en el 2012 Mas le planteó la cuestión– y no hizo nada para resolver el conflicto políticamente. Con su tendencia a creer que nunca ocurre nada, no tomó la iniciativa, y cuando se vio desbordado transfirió la responsabilidad al poder judicial, vía la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y el presidente de la sala segunda del Supremo, Manuel Marchena. Rajoy renunciaba así a afrontar políticamente el problema, al precio de hacer emerger la politización del poder judicial, frente a un independentismo que había cometido un error propio del infantilismo político: ir más allá de sus fuerzas.

Sánchez ha leído mejor este tiempo que Rajoy el suyo: vio que una medida pacificadora podía tener premio y lo está teniendo, como se ha visto en las últimas elecciones catalanas. La amnistía está ahí, la realidad parece confirmar el acierto, pero para el PP, los felipistas resentidos y un sector de la justicia es insoportable. ¿Quién está haciendo daño al Estado? La amnistía apenas tuvo presencia en la campaña electoral porque quienes ahora ponen el grito en el cielo vieron que criticarla no tenía rendimiento político. Dicho de otra forma: ha sido una iniciativa políticamente útil para favorecer la distensión y abrir una nueva etapa a partir de la experiencia vivida. Lo que los ciudadanos agradecen de la política es que resuelva problemas, no que los agrave. Pero esto no vale para el PP, ni para un sector del poder judicial que confunde justicia y política. Y que no quiere saber que nada hace más daño a la justicia que politizarla.