Un pacto social por la inmigración... y por la vivienda
El pasado día 5, el presidente de la patronal Fomento, Josep Sánchez Llibre, propuso a la sociedad española un pacto social en favor de la inmigración evitando el carácter ideológico y partidista que caracteriza al debate y centrándolo en los efectos económicos que está teniendo la evolución demográfica.
Lo celebro, porque la inmigración tiene muchas facetas, y una de ellas es sin duda la económica. No tenemos por qué considerar que es la más importante, pero no cabe duda de que es importante.
Sánchez Llibre no se limitó a pedir el pacto, sino que aportó datos y posición. Los datos están contenidos en el estudio España de los 50 millones de habitantes que Fomento había encargado y que presentaba en público ese día. En cuanto a su posición, ésta es: "Las empresas necesitamos la inmigración como el aire para respirar y el agua que bebemos; las empresas españolas necesitan a toda costa la inmigración para ser competitivas". En cuanto a su volumen, tanto él como el director del estudio concretaron que "para mantener el nivel actual de empleo habría que incorporar cada año a cerca de 140.000 inmigrantes en edad laboral" entre ahora y 2035.
Está claro lo que la patronal necesita. ¿Qué nos ofrece a cambio? No nos lo dice, pero el estudio nos ofrece algún dato que nos puede ayudar a reflexionar sobre ello.
El primer dato es que la inmigración en España no es usual en nuestro entorno, como quieren hacernos creer, sino que es excepcionalmente elevado: "Mientras el conjunto de socios de la Unión Europea ha aumentado la población un 4,7% desde 2000 hasta 2024, España ha avanzado un 20,1%".
La segunda, que esa inmigración "ha generado un déficit de 0,5 millones de viviendas que ha tenido que ser cubierto mediante la reconversión de segundas residencias".
El ritmo inmigratorio que la patronal nos propone generaría un déficit adicional de aproximadamente un millón de viviendas, de las cuales un cuarto en Cataluña. Ya sabemos que el gobierno de Salvador Illa está comprometido a construir vivienda, pero también sabemos que este proceso es demasiado lento para hacer frente a un aumento tan rápido de la población, lo que implicaría que el déficit seguiría agravándose año tras año.
¿Es realista pensar que la sociedad aceptará este escenario? A mí me parece que no.
El tercer dato que nos aporta el estudio de Foment es que la inmigración de las últimas décadas se ha concentrado en el servicio doméstico, el turismo, la construcción y el sector primario. Se trata de sectores que, de media, pagan salarios bajos, demasiado bajos para hacer posible que sus perceptores puedan pagarse una vivienda en condiciones de mercado, con lo que tendrán que acceder a ella a base de ayudas públicas que irán en detrimento del apoyo a personas autóctonas, y resulta absurdo esperar a que estas últimas se lo tomarán con estoicismo.
No pretendo echar por tierra la propuesta de Sánchez Llibre, porque él ha hecho su parte: proponer un pacto y explicitar sus necesidades. Lo que hace falta ahora es que alguien responda, alguien que represente los intereses de los trabajadores y de los inquilinos, que son los principales perjudicados por que continúe el alud inmigratorio. Los primeros porque la inmigración contiene los salarios, los segundos porque presiona al alza a los alquileres.
Según mi punto de vista, la respuesta que debe darse a Sánchez Llibre es la siguiente: España puede seguir recibiendo a inmigrantes en la medida en que se cumplan dos condiciones. La primera, que el ritmo de incorporación de nuevas familias no supere al de creación de nuevas viviendas; la segunda, que cobren un salario que les permita acceder a la vivienda sin necesidad de ayudas públicas.
Afortunadamente, se trata de dos condiciones coherentes, porque, desgraciadamente, las empresas que Sánchez Llibre representa no son capaces de crear 140.000 nuevos puestos de trabajo bien pagados cada año. Por tanto, las empresas españolas no podrían cubrir las 140.000 vacantes anuales. ¿Es grave esto? No, porque los puestos de trabajo que quedarían vacantes serían de baja productividad; de no serlo, las empresas ofrecerían buenos salarios para cubrirlos.
En definitiva, nuestras empresas tienen un problema de falta de personal que se irá agravando año tras año. Vale, pero la sociedad tiene un problema de vivienda que se agravará si la población sigue creciendo por encima de la capacidad de construir que tenemos y que se envenenará aún más si los recién llegados no ganan lo suficiente para pagarse un alquiler de mercado.
El pacto que propone Sánchez Llibre es posible, pero sólo si ambas partes salen ganando. El problema no es que el pacto no sea posible, sino que no está claro quién está defendiendo los intereses de trabajadores y inquilinos "más allá de la ideología y del partidismo".