Y todo esto, ¿quién lo paga?

A la espera de laloto trenesde este lunes, día en el que están depositadas algunas esperanzas voluntaristas de recuperación del mal llamado servicio de Cercanías, leemos que el Estado encadena tres años consecutivos reduciendo la licitación de obras en Catalunya, según el informe de la Cámara de Contratistas de Obras de nuestro país. O sea que el Estado presupuesta poco y ejecuta aún menos: como recordarán, las ejecuciones de Renfe y Adif en Cataluña cuyos últimos tres años se tienen datos (2021, 2022, 2023) han sido del 19%, del 34% y del 43%, respectivamente. Después todo son disculpas a los usuarios, peticiones de paciencia y promesas que ahora sí iremos tan bien, pero si incluso con dos gobiernos socialistas, en Catalunya y en España, el trato es el de siempre, eso no lo arregla ni el método Baltasar de rezar en la Moreneta durante la sequía del 2008.

Esta semana nos ha traído también una nueva demostración de la capacidad de Sánchez de cambiar la conversación con el anuncio de la regularización de medio millón de inmigrantes sin papeles. Regularizar la situación de personas tiene una gran importancia humana, y precisamente por eso comporta la gran responsabilidad de dotar de servicios públicos a cientos de miles de ciudadanos más de pleno derecho que, precisamente por su situación de pobreza, dependen especialmente de los presupuestos públicos. De trenes más vale de lo que hablamos y de oferta de vivienda aún menos, y servicios como la sanidad y la educación trabajan al límite de sus fuerzas. Cataluña ya estaba infrafinanciada antes del aumento de población de los últimos 25 años. Por una razón de justicia, por el interés de España de no acabar de estrangular la gallinita catalana que paga y no recibe, y por no poner una alfombra en la ultraderecha, es mejor que el Gobierno aumente la exigencia a Sánchez. Por lo menos tanto como la desatención del Estado está exigiendo a la vida diaria de los catalanes.