El paro: un éxito agridulce
Salen los datos del paro derivados de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2025. Todos los celebran como una excelente noticia: el paro cae en España por debajo del 10% por primera vez desde hace dieciocho años. Vuelvo a leer la noticia y no me he equivocado. Con toda la inmigración que llega desde hace años a casi todas las comunidades autónomas del Estado, la tasa de paro acaba de bajar del 10%. Datos del trimestre anterior en otras economías vecinas y comparables son Grecia (récord europeo en muchas ocasiones), 8,2%; Italia, 5,7%; Francia, 7,7%. Sólo nos supera, entre las economías de dimensión media/alta, Suráfrica, líder mundial desde hace décadas, 31,9%. En Europa, el área euro está en el 6,3%; Reino Unido al 5,1%. O sea, seguimos teniendo un problema inmenso con el paro.
Cuando repasamos la serie histórica de todo el Estado, desde 1980, el mínimo es el 7,93% del segundo trimestre de 2007. El paro español, se mida como se mida, siempre ha sido anómalo. Este hecho sólo puede deberse a un marco legal que genera distorsiones que acaban incentivando no entrar activamente en el mercado de trabajo. Desde el norte de Europa siempre han tenido dificultades para entender lo que nos pasa.
El desglose por autonomías es revelador. Están por encima de la media estatal Andalucía (14,7%), Extremadura (13,4%), Canarias (12,6%), Castilla-La Mancha (12,1%), Murcia (11,1%) y la Comunidad Valenciana (10,4%). Es la España meridional, tradicionalmente más pobre y/o la más afectada por la especialización turística. El paro más bajo se encuentra en Cantabria, Madrid, País Vasco, Aragón y las Islas Baleares, que van desde el 6,8% hasta el 7,8%. Cataluña (8,2%) se encuentra en un área intermedia, con el resto de comunidades autónomas, que tienen entre un 8% y un 8,4% de paro.
Todas estas tasas son más altas de lo que se podría explicar por causas económicas. Para explicarlas deben intervenir la regulación, los subsidios de desempleo, las políticas de apoyo a los menos favorecidos y otros mecanismos extraordinarios de apoyo de renta que, en su conjunto, alejan a muchos potenciales demandantes de trabajo a aceptar ofertas de trabajo. Mientras, existe una enormidad de personas (inmigrantes, pero no sólo) que trabajan en la economía sumergida, en negro. Tenemos, pues, un grave problema de equidad en la población, y especialmente entre la ciudadanía más pobre y la reciente inmigración. Existe un conflicto entre demandantes de trabajo remunerado y demandantes de subvenciones. Además, existe el mundo opaco de los servicios de empleo, donde se han fundido enormes cantidades de fondos comunitarios destinados a la reconversión de los parados pero que acaban estando correlacionados con altas tasas de paro, sin conseguirlas rebajar nunca.
La reforma del mercado de trabajo de 2012 quiso acabar con las rigideces del Estatuto de los Trabajadores de 1980, que había obligado a realizar múltiples reformas del menú de contratos de trabajo. Esta reforma fue mucho más allá, permitiendo una multiplicación sin límites de los contratos de trabajo, siempre a la baja. Las últimas reformas han legitimado los contratos fijos discontinuos, que son principalmente una derivada de la especialización turística. Nuestro modelo productivo está ahora fuertemente condicionado por la especialización de la economía española en contratos de baja remuneración y alta flexibilidad para los contratantes. Este contexto se superpone con la imposibilidad de reducir la tasa de paro por debajo de niveles que mirándolos internacionalmente son excepcionalmente altos. La única explicación posible es que existen muchos receptores de ayudas que no están interesados en trabajar y que ni están penalizados ni están incentivados a trabajar aunque reciban ofertas adecuadas. Por supuesto, si el diagnóstico es correcto, estamos ante un desperdicio masivo de recursos públicos, y si el mapa es el que se deduce de las tasas de paro, es una contribución importante a las fuertes diferencias en balanzas fiscales de las autonomías (favorables para unas y desfavorables para otras).
Estos fenómenos no pueden separarse de la paridad de poder adquisitivo (PPA). La obsesión española con la igualdad se detiene en seco frente a las diferencias de paridad de poder adquisitivo, que tienen un impacto directo en datos bien conocidos y aceptados, como las diferencias en los salarios medios por provincia. El concepto, que todos los funcionarios públicos de cuerpos estatales (o de empleados de Renfe) conocen perfectamente bien –y que les lleva a huir de un destino a Catalunya ya ambicionar destinos en los que su poder adquisitivo crece, o en Madrid, siempre deseable para promocionar–, está prohibido. Ahora mismo todo lo que se reforma del modelo de financiación autonómica no tiene mucha importancia si no se tienen en cuenta los diferenciales en paridad de poder adquisitivo. La igualdad nominal (a precios corrientes) nada tiene que ver con la igualdad real (ajustando por PPA). Dicho de paso, éste es el ajuste necesario al modelo de financiación: no por población ajustada sino ajustado por PPA.