Penalizar la no vacunación

Estas últimas semanas estamos viviendo una situación curiosa en el tema del covid: se reducen los índices de intoxicación y de gravedad gracias al incremento de la población vacunada y, a la vez, se desacelera el ritmo de vacunación de nuevas franjas de población hasta el punto de tener que cerrar algunos centros de vacunación y de tener que tirar muchas dosis por caducadas. Tanto aquí, como en otras partes de la UE, se han producido debates políticos sobre la conveniencia o no de convertir en obligación la recomendación de vacunarse. En algunos casos se han atrevido a hacerlo y en otros no. Querría comentarlo haciendo una reflexión más general yendo más allá del caso covid, hablando de derechos individuales, derechos colectivos, responsabilidad personal, recomendaciones y obligaciones.

1. Libertad y responsabilidad. No tengo ningún inconveniente en empezar confesando claramente mi posición sobre la organización de la convivencia: en las actuales sociedades desarrolladas, cada vez más complejas y en las que cada vez se dispone de más herramientas tecnológicas que aumentan mucho las capacidades personales, tenemos que poder proteger la libertad de cada persona asegurando a su vez que su ejercicio no perjudique la libertad de los demás ni ponga en peligro el bienestar colectivo. Este equilibrio, siempre difícil de conseguir, tiene que estar basado en tres conceptos: libertad con límites, responsabilidad y autolimitación personal, y regulación pública. Los gobiernos de los países democráticos tienen que saber medir las ventajas y los peligros potenciales de cada situación en relación al bienestar de los ciudadanos, y tomar las medidas que hagan falta para asegurar el acceso a las herramientas, para estimular la responsabilidad y para evitar los excesos. Además, no se puede olvidar que muchas de estas actuaciones ya no pueden limitarse al ámbito estatal, puesto que muchos de los problemas tienen dimensión global y tienen que abordarse globalmente.

2. Las armas contra la pandemia. El covid-19 ha sido combatido con tres tipos de medidas: evitando la transmisión del microbio entre personas mediante el aislamiento y el confinamiento personal; tratando la enfermedad con fármacos para evitar sus efectos presentes y futuros, y evitando el contagio protegiéndose con una vacuna. La primera ha sido útil pero ha tenido graves consecuencias de tipo personal, social y sobre todo económico, que tardarán en recuperarse. La segunda ha ido mejorando con el tiempo con nuevos tratamientos, pero no se puede decir que esté resuelta. Y la tercera parece que está llevando a una situación de más tranquilidad, pero no será efectiva hasta que no se consigan unos niveles altos de vacunación de la población en cada sociedad (los expertos los cifran alrededor del 80%) y hasta que esta situación no tenga una dimensión prácticamente mundial. 

3. Recomendar, estimular, obligar. Las medidas que los gobiernos pueden y tienen que tomar son de estos tres tipos citados, evidentemente con unos niveles progresivos de intensidad coercitiva. No es nada que descubramos ahora, sino que se ha hecho patente en cada época en la que nos hemos enfrentado a un nuevo reto. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la movilidad en coche. Para aumentar la seguridad personal, se ha recomendado prudencia en la conducción y se ha aceptado la regulación del tránsito con la implantación de semáforos, con limitaciones de la velocidad, o con la obligatoriedad de medidas de autoprotección como son los cinturones. Para evitar la contaminación o el calentamiento global, se han introducido medidas que favorecen más el uso y la comodidad a los usuarios de vehículos no contaminantes, y también medidas fiscales que penalizan las emisiones.

Estoy observando que, en el tratamiento político de la pandemia, una vez comprobada la eficacia de la vacunación, muchos gobiernos están actuando con unos criterios que se limitan a las recomendaciones, y algunas autoridades judiciales están poniendo trabas a medidas que supongan una regulación. Parece como si, tanto los unos como los otros, tuvieran miedo de ser acusados de poner en peligro la libertad de los ciudadanos... con una interpretación yo creo que exagerada de esta palabra. 

Creo que tendríamos que entender que estamos ante un peligro importante y global que, además, en el futuro se puede ir reproduciendo de formas diversas y quizás más graves. No podemos olvidar que la salud pública es uno de los componentes esenciales del bienestar. Es por eso que pienso que, en la actuación política, hay que mantener la fase de las recomendaciones pero entrando seriamente en la de los estímulos y las obligaciones. La vacunación no puede seguir siendo una decisión puramente personal, excepto que existan, como puede muy bien ser, unas razones que lo justifiquen a criterio de los expertos. Ahora que se puede acceder a la vacunación de forma general, cómoda y gratuita, aquellas personas que no se vacunen puramente por irresponsabilidad tendrían que saber que pueden sufrir en su vida diaria algunas limitaciones de varios tipos (prohibiciones de acceso, pérdida de prioridad, sobrecostes...) y en algunos casos incluso alguna penalización económica. Pienso que algunas de las regulaciones que hasta ahora ya se han hecho tendrían que distinguir más claramente entre vacunados y no vacunados; y que estas regulaciones tendrían que ser mucho más similares en todo el conjunto de países de la UE.