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Felipe VI, con el rostro serio el viernes en la toma de posesión de Pedro Sánchez.

Un grupo de militares españoles retirados tiene un plan: que el ejército destituya al presidente Pedro Sánchez y se convoquen nuevas elecciones. La propuesta no especifica qué hacer con el presidente depuesto ni qué resultado electoral sería aceptable, aunque no cuesta nada imaginar. Sin embargo, el plan tiene un inconveniente, y es que esto es un golpe de estado. Adiós Constitución y adiós a que España siga siendo un estado miembro de la Unión Europea.

El problema, pues, no es la probabilidad de que el golpe se produzca sino que haya uniformados en la reserva que hagan un llamamiento público a la intervención de las fuerzas armadas a partir de peligros inexistentes o argumentos falazes, porque aumenta la temperatura del clima político y social, y pone a España y en especial a Cataluña en el camino de la violencia política. Y teniendo en cuenta los antecedentes históricos, mejor no imaginárselo.

En este sentido, la cara agria del rey durante el acto de promesa de Pedro Sánchez no ayuda nada a la normalidad institucional. Era una expresión que recordaba la del discurso del 3 de octubre de 2017.

Lo peor es que esta tensión ya no nos abandonará hasta que el PP vuelva al gobierno. Porque ese es el problema, y ​​no la amnistía. La campaña de las europeas de junio del próximo año será dura, y en el horizonte del próximo año y medio hay elecciones vascas y catalanas. La tramitación de la amnistía o las negociaciones del PSOE con los partidos independentistas se presentarán como una traición y este relato dispondrá de potentes altavoces mediáticos y económicos. La derecha española se enfrenta a la posibilidad de pasarse cerca de 10 años en la oposición, y este supuesto se les hace sencillamente insufrible. Por eso, algunos, tienen un plan.

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