La pobreza de Bienestar
Las noticias sobre el fracaso de la DGAIA (dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia), del departamento de Derechos Sociales, a la hora de atender adecuadamente sus responsabilidades, han sacudido a la opinión pública y han comportado reacciones nominalmente radicales de la consejera del departamento responsable. He echado de menos, en todo este tristísimo episodio, algunos elementos de realismo, que algunas veces se han escolarizado por las rendijas de las informaciones y entrevistas. Me refiero a la queja –o denuncia, por ser precisos– de las pésimas condiciones laborales de las personas a las que se confía la delicadísima labor de cuidar de las personas –niños y adolescentes– que han terminado bajo la tutela de la DGAIA.
No acabo de entender por qué las autoridades no han tratado explícitamente este problema. No nos engañemos: las tareas más delicadas de instituciones públicas como la DGAIA están pésimamente retribuidas, con todos los agravantes de escasez, precariedad y desprotección en caso de problemas. No es extraño que la DGAIA tenga que buscar a menudo cómo externalizar el servicio, por incapacidad de reclutar al personal adecuado con la remuneración adecuada. Soy partidario de la externalización en muchos casos, pero si sólo responde a razones económicas y no proporciona un satisfactorio cumplimiento de las obligaciones encomendadas, la solución es inadmisible.
El departamento de Derechos Sociales (o de Bienestar Social –bienestar es el concepto más universal–) tiene pocos recursos. Los más de tres mil millones (3.322) del último presupuesto aprobado, que es el del año 2023, parecen muchos porque son el tercer departamento más dotado de la Generalitat, pero son una minucia cuando los comparamos con sus obligaciones, que incluyen todos los pagos de las prestaciones de la ley de autonomía personal y de atención a la dependencia y los de la dependencia y los de la dependencia sin ningún posible control por mejora de gestión, el grosor del presupuesto. Queda poco para las políticas no obligadas por ley estatal, y el Parlamento las amplía con frecuencia, con poca atención a cuál será el posible origen de los recursos presupuestarios. Recordemos que la población de Cataluña ha crecido un 30% en este siglo y en más de cien mil personas en cada uno de los últimos tres años. Cada vez pedimos más atención y nadie para demasiado al desajuste entre las obligaciones y las posibilidades económicas de atenderlas.
¿Por qué? La razón más simple y auténtica es que el departamento de Derechos Social siempre ha sido el pobre de la Generalidad. Menos personal técnico, peor pagado, con tareas que alejan el talento aunque exigen mucho, rara vez promocionado por falta de niveles directivos, aunque en general preparado, muy voluntarioso y de buena fe, por lo que sufre un cierto abuso por parte de las autoridades de esta vocacionalidad. Se repite lo mismo de lo que se queja el personal médico, de enfermería o docente, pero partiendo de niveles más bajos. El personal, que debe ser calificado, no tiene remuneraciones comparables con mossos, bomberos, inspectores, juristas, economistas, técnicos superiores (los hay en Derechos Sociales, pero pocos), jueces, profesores, etc. Aquellas categorías que haría falta están ahí, pero para pocas personas y con menos nivel. El resultado es que todo el mundo que puede huir del departamento de Derechos Sociales. Donde sea necesario personal cualificado hay que pagarlo si no queremos que abandone las responsabilidades que se le pretenden asignar sin la remuneración y la protección adecuadas.
Sería injusto no subrayar que uno de los campos donde la infrafinanciación de la Generalidad de Cataluña se sufre más es precisamente éste: el gasto en programas de bienestar social. Dado que todo son programas intensivos en trabajo, el agravio, muy real, de la infrafinanciación se magnifica por el agravio de no tener en cuenta la paridad de poder adquisitivo. Cuanto más se debe recurrir a contratar trabajadores o apoyar en forma de subsidios personales, más se sufre el diferencial del coste de la vida, que en Cataluña es más alto que en el grueso de comunidades autónomas.
La tarea que recae sobre el departamento de Derechos Sociales es ingente y, sobre todo, crece a gran velocidad. Me gustaría que los críticos mencionaran este hecho básico. En la medida en que Derechos Sociales debe dedicar un esfuerzo inmenso por atender el proceso de envejecimiento, el fuerte flujo de inmigración irregular, la cada vez más frecuente desestructuración familiar y el aumento de la sensibilidad por las diversas carencias de las personas –procesos todos que no paran de crecer–, su objetivo es siempre imposible. Consigue incrementar la frustración sin poder transmitir satisfacción por el trabajo realizado. Es una pena, porque la tarea es muy valiosa, pero no puede pretenderse basarla toda en el voluntarismo y la vocacionalidad. Las mejores intenciones quedan desbordadas por la magnitud del reto.