Más pobreza energética en los hogares catalanes

Europa se prepara para un otoño energéticamente muy incierto. La reducción del suministro de gas y petróleo por parte de Rusia ha agravado una escalada de los precios de la energía que parece que no tiene freno. En paralelo, las familias vulnerabilizadas contienen el gasto energético, asfixiadas por una crisis energética y un contexto socioeconómico nada optimista. Los efectos graves de la crisis social derivada de la pandemia son palpables, y a estos se han añadido las consecuencias de la guerra de Ucrania, una inflación nunca vista e, incluso, la sombra de una recesión económica.  

En Catalunya, los últimos datos sobre pobreza y exclusión del Idescat relativas al 2021 son alarmantes porque evidencian el aumento de la pobreza energética. Casi el 16% de la población catalana (un 15,9%) no pudo mantener su casa a una temperatura adecuada el año pasado, casi el doble que en 2020 y prácticamente el triple que en 2017. En solo un año, el porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad energética ha subido 6,5 puntos, a pesar de contar con un convenio con la principal compañía energética que regula la pobreza energética. Sin duda, el convenio es una buena herramienta para dar respuesta a este fenómeno creciente, pero el problema es que ni mucho menos se está aprovechando todo su potencial, como hace meses que las entidades y los movimientos sociales advertimos. 

Un año y pico después de la firma del convenio entre el Govern y Endesa, hay compromisos adquiridos que continúan sin ser efectivos. Nos preocupa que estemos a mediados de año y todavía no se haya resuelto la deuda acumulada por las familias vulnerabilizadas durante el 2021. El acuerdo recogía el mecanismo para acabar con la deuda generada entre el 2015 y el 2020, pero queda pendiente la resolución de los impagos del año pasado. 

También nos inquieta enormemente que no se haya materializado el fondo de atención solidaria, fundamental para prevenir y hacer frente a los impagos futuros. En el convenio, el Govern se comprometía a desarrollar este fondo financiado, como mínimo, en un 50% por Endesa y, como máximo, en un 50% por las administraciones. Igual de imprescindible es que se amplíe el acuerdo con el resto de empresas energéticas porque el convenio solo se ha firmado con Endesa. Naturgy e Iberdrola continúan sin sumarse. Este punto es esencial para llegar al máximo de cobertura porque, si bien Endesa es la compañía con más abonados en Catalunya, se necesita el compromiso de las otras dos empresas para llegar al 85% de los hogares catalanes. 

Tampoco se ha avanzado en la generalización de los contadores sociales. El acuerdo especifica que Endesa tiene que garantizar el acceso a la electricidad con la instalación de un contador social a familias en situación de vulnerabilidad que estén ocupando una vivienda en precario y dispongan del certificado de empadronamiento vigente, además de un informe de los servicios sociales municipales. Apenas se han instalado una quincena cuando es un mecanismo que evita que las familias tengan que elegir entre vivir a oscuras o conectarse irregularmente a la red. 

Si hemos sido capaces (administraciones públicas, entidades municipalistas y agentes sociales) de llegar hasta aquí, de conseguir un acuerdo histórico que garantiza un derecho tan esencial como el acceso a la energía, ahora no podemos aflojar, sobre todo en un momento de extrema gravedad social. Es patente que los hogares catalanes cada vez están más empobrecidos y que las familias tienen más dificultades para cubrir las necesidades más básicas, porque la precariedad se mantiene en máximos históricos: el 26% de la población catalana está en situación de pobreza o exclusión social y un 21% tiene dificultades o muchas dificultades para llegar a final de mes. 

Las entidades y los movimientos sociales, que estamos acompañando a estas personas, recordamos al Govern la necesidad de cumplir con los compromisos contraídos. Es indiscutiblemente prioritario quitar presión a miles de familias que viven con mucha angustia la imposibilidad de asumir el pago de las facturas energéticas y que, en muchas ocasiones, son acosadas por las mismas compañías. En buena parte, el aumento de los hogares en situación de pobreza energética que refleja el Idescat es fruto de la incertidumbre de las familias de no saber si, realmente, se protegerá sus derechos energéticos. Insistimos, tenemos una buena herramienta para asegurarlos, pero tenemos que sacarle todo el jugo posible. En este sentido, en otoño, a lo sumo, hay que haber avanzado en estas cuestiones pendientes porque, sin darnos cuenta, otro invierno llegará y volveremos a lamentar la inacción institucional y sus consecuencias.