La 'prioridad nacional', un eufemismo con una historia sangrienta
El concepto de prioridad nacional que hoy enarbola la extrema derecha española –con Vox a la cabeza y un PP que la ha asumido sin mucho espíritu crítico ni matices (este verano la han incluido en los presupuestos del País Valenciano)– no es ninguna novedad histórica, sino un eufemismo con una genealogía larga y oscura. Detrás de su apariencia administrativa y neutral se esconde una lógica profundamente perturbadora: la idea de que existe una comunidad humana auténtica y pura, cuyos derechos son ontológicamente superiores a los de aquellos que, por nacimiento, religión, lengua o etnia, son clasificados como los otros. Esta narrativa construye una jerarquía de merecidas humanidades en que unos merecen plenamente y otros merecen menos, o directamente no merecen nada. Y esta jerarquía, por sutil que parezca en su formulación inicial, tiende históricamente a justificar primero la discriminación, después la segregación, más tarde la expulsión y, en sus versiones más extremas, el exterminio. No es, pues, un punto de partida inocuo que se pueda detener a voluntad en algún punto razonable del camino, sino una pendiente con una dirección ya conocida.
La historia contemporánea está llena de ejemplos que ilustran cómo esta retórica ha operado en contextos radicalmente diferentes, adaptándose a cada cultura pero manteniendo siempre la misma estructura lógica esencial. El America first de Trump –consigna ya utilizada por el movimiento aislacionista y antisemita norteamericano de los años treinta– se tradujo en la criminalización de los migrantes, vetos migratorios y retórica deshumanizadora. El movimiento hindutva de Modi en la India convierte a los musulmanes, los cristianos y los dálits en ciudadanos de segunda en su propia tierra, con linchamientos y leyes de ciudadanía discriminatorias. En Israel, la ley del estado nación del 2018 y un discurso oficial que ha descrito a los palestinos como animales humanos o Amalek han precedido una campaña militar calificada de genocidio por organismos internacionales. Y más allá de estos casos conocidos, la ivoirité en Costa de Marfil, la authenticité del Zaire de Mobutu, la Gran Serbia de Milosevic, el genocidio ruandés contra los tutsis –descritos como cucarachas antes de ser asesinados–, la negación de ciudadanía a los rohingyas en Myanmar, y los fascismos europeos de los años treinta –el nazismo, el franquismo, el Action Française de Maurras que inspiró el régimen de Vichy– demuestran que este patrón no es exclusivo de ninguna región ni cultura concreta.
Lo que une todos estos casos más allá de sus diferencias geográficas e históricas es una estructura lógica idéntica y una secuencia de consecuencias muy bien documentada: primero se construye una identidad nacional auténtica y pura; después se define quién queda fuera; a continuación se le atribuyen rasgos negativos, amenazantes o contaminantes; después se la priva de derechos y se la excluye del espacio público, normalizando la hostilidad hacia esa identidad; y finalmente, cuando las condiciones políticas lo permiten, la violencia cultural y estructural da paso a la violencia física. Este proceso no es inevitable ni automático –las instituciones democráticas, la sociedad civil activa y la educación crítica pueden interrumpirlo–, pero es un patrón recurrente, con una solidez histórica que debería alarmar profundamente. Adoptar sin matices el lenguaje de la prioridad nacional aplicado a la vivienda, las prestaciones, el empleo o los servicios sociales no es simplemente responder a una demanda electoral: es normalizar una gramática política con uno de los historiales más violentos y letales de la modernidad. Está legitimando una manera de pensar que clasifica a los seres humanos en categorías de merecimiento según su origen, que convierte la identidad en un criterio de justicia distributiva, y que ha servido, una y otra vez a lo largo de la historia, para preparar el terreno ideológico de la exclusión, la persecución y el exterminio. Llamar a esto "sentido común" o "defensa de los ciudadanos españoles" no lo hace menos peligroso, al contrario: lo hace más peligroso porque le otorga la cobertura de la normalidad.